Entre el 29 de junio de 2010 –el día que Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida en su casa de Chimalhuacán, Estado de México– y el 25 de marzo de 2015 pasaron 4 años, 8 meses y 25 días para que alguna autoridad, que en este caso tuvieron que ser los jueces de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinara que su muerte no fue un suicidio sino un probable feminicidio cometido por su esposo Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial del Edomex.

Antes, durante todos esos años, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ignoró las pruebas y evidencias presentadas por Irinea Buendía y José Lauro Ignacio Lima Cervantes, los padres de la joven abogada. En el proceso, denunciaron Irinea y Lauro, así como sus abogados, la Fiscalía encubrió a toda costa al presunto asesino y cometió graves omisiones, actos de negligencia y de evidente corrupción.

La indiferencia de las autoridades de justicia del Edomex –gobernado por Enrique Peña Nieto hasta el 15 de septiembre de 2011 y, luego, por Eruviel Ávila Villegas, del 16 de septiembre de 2011 a la fecha– fue tal que Hernández Ballinas no sólo no fue investigado sino que se le premió al pasar de simple judicial a comandante de la corporación en Chimalhuacán.

El Edomex de Ávila Villegas se ha negado en diferentes ocasiones ha declarar la oferta de género que le han exigido familiares de víctimas y organismos nacionales y extranjeras, ante el aumento de asesinatos con violencia de las mexiquenses, así como desapariciones y agresiones físicas.

De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde hace cuatro años se solicitó la declaratoria de alerta de género en el Estado de México, para generar acciones que puedan reducir estos hechos de violencia que están poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres.

Ante la negativa de la declaratoria, en junio de 2014 esa Organización No Gubernamental (ONG) inició un recorrido en diversos municipios para documentar la situación que guarda la violencia contra las mujeres y el feminicidio, a través de la campaña de Alerta de Género Ciudadana para exigir justicia en el Edomex.

Los recorridos se realizaron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en los que la ONG corroboró que existen patrones sistemáticos  de violencia contra las mujeres como la desaparición de mujeres jóvenes, la brutalidad como están siendo asesinadas, y los lugares donde están siendo encontrados los cuerpos inertes: lotes baldíos, tiraderos de basura, canales de desagüe, calles y avenidas.

Los hallazgos fueron entregado al Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional [Procuraduría General de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, todos liderados por la Secretaría de Gobernación] que investiga al Estado de México para la procedencia de la Declaratoria de Alerta de Género. Sin embargo, nada se ha movido en esa entidad.

Pero ayer, el largo peregrinar de Irinea y Lauro en busca de justicia para Mariana encontró una primera recompensa que es, además, no sólo un gran paso para ellos sino un avance gigante para las mexicanas.

¿Por qué? Porque establece un primer precedente que fija los criterios mínimos de debida diligencia con perspectiva de género que, desde ahora, las autoridades de procuración y administración de justicia de toda la República deben observar para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño de las víctimas de violencia feminicida.

Desde septiembre de 2013, la SCJN atrajo el caso de Mariana al considerar fundadas las quejas por las omisiones cometidas por las autoridades de procuración de justicia del Edomex para investigar de manera adecuada y oportuna el caso.

Y ayer la Corte tomó una decisión histórica para las miles de mujeres asesinadas en México. Por primera vez se reconoce la importancia de la realización de diligencias necesarias para investigar, con perspectiva de género, las muertes violentas de mujeres se sienta un precedente nacional para establecer estos criterios de investigación.

Una de cal por todas las que las que la Suprema Corte ha echado de arena contra los ciudadanos. Una que vale oro si con ello se repara las injusticias que sufrió Mariana en vida y luego tras su muerte, en un círculo que sólo se cerrará cuando su asesino esté finalmente tras las rejas.

Redacción/SinEmbargo

https://www.sinembargo.mx/author/redaccion/

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#EnVivo ¬ #LosPeriodistas ¬ Apogeo, exceso y ocaso de Adán Augusto