“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: no, pero regresen en un par de semanas después, cuando terminemos lo que estamos haciendo”, dijo la semana pasada Rob McEwen, director de la minera canadiense McEwen Mining, a la televisora de su país Business News Network.

McEwen se refería al robo que sujetos armados realizaron el martes pasado en una de sus minas en Mocorito, Sinaloa. Los maleantes se llevaron 900 kilos de concentrado de oro, que contiene aproximadamente 7 mil onzas del metal y que son equivalentes a 198 kilos. El valor de esa mercancía es de 8.5 millones de dólares

Rob McEwen añadió que esa zona está tomada por operaciones temporales para transporte y cosecha de droga y reconoció que para trabajar en México su compañía lleva “una buena relación” con los grupos del narcotráfico.

La revelación del empresario hizo eco en la industria a nivel nacional e internacional, tanto así que el diario especializado en economía y finanzas The Wall Street Journal retomó el tema y alertó que la violencia de los cárteles y la criminalidad se ha intensificado contra los mineros en diversas zonas de México, al grado de que el país podría entrar a la lista de las naciones consideradas más inseguras para esa industria.

“La acción criminal en México, donde la exploración por grupos mineros extranjeros ha ido en aumento, podría crecer el número de países considerados como inseguros por la industria”, planteó el prestigiado diario neoyorquino tras enlistar varios casos de secuestro, extorsión y asesinatos a trabajadores y ejecutivos de empresas mineras, realizados además por grupos del crimen organizado.

También Manuel Reyes, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), confirmó en una entrevista con el diario Reforma que las mineras mexicanas negocian con los cárteles para operar en sus zonas de influencia: “Le pedimos permiso a la mafia, a la delincuencia organizada, y estamos en curso (de operar). Las cosas se resuelven pero porque hay negociación por parte de las compañías”, dijo, y añadió que la actuación de la Gendarmería Nacional no ha generado una mejor sustancial en las condiciones de seguridad.

Además, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá alertó en ese diario capitalino que los robos de mineral, extorsiones y secuestros de personal en México restarán competitividad a la atracción de la inversión extranjera.

Sobre el tema, ni los gobiernos locales ni el federal han pronunciado palabra. Sin embargo, un grupo de mineras como Peñasquito, Desarrollos Mineros San Luis, Buenavista del Cobre y Mexicana de Cobre, solicitaron el pasado fin de semana la vigilancia de sus instalaciones por parte del Servicio de Protección Federal (SPF), que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), y adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Pero las respuestas de la autoridad son a cuentagotas a una rama industrial que aporta el 1.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y contribuye con 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, de acuerdo con cifras de la Cámara Minera de México (Camimex), lo que lo ha convertido en uno de los sectores empleadores más grandes del país.

La industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México, además, es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo. La producción minera de México se divide en 21% oro, 20% plata, 14% cobre, 8% zinc y el resto en otros minerales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE).

Las alarmas, sin embargo, comienzan a encenderse sobre el país, pues la falta de acciones de las autoridades locales y federales, que dejan actuar con total impunidad a los grupos del crimen organizado amenazan ya a las inversiones en el sector y, por tanto, a miles de trabajadores que podrían quedarse sin sus empleos.

Redacción/SinEmbargo

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