Mientras que el Gobierno federal mantiene no se mueve del discurso que afirma que los niveles de violencia que ha golpeado al país en los últimos días se debe al “éxito” de la estrategia en el combate al crimen organizado, y al arresto de decenas de cabecillas de los principales capos del narcotráfico, especialistas en seguridad nacionales y extranjeros han alertado que si el Estado no reconoce la gravedad del problema, admita el fracaso en esta materia durante los primeros 29 meses del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y desarrolle un plan integral contra la delincuencia, México vivirá en el futuro próximo sus peores días de inseguridad, muerte y zozobra.

Aun con los miles de millones de pesos gastados, advierten los expertos, el país no ha avanzado en el combate a los grupos criminales porque, pese a los arrestos de líderes de diversos cárteles, no ha podido cortar de tajo el largo brazo de corrupción e impunidad, que alimenta desde los gobiernos federal, estatal y municipal a estos grupos, además de que tampoco le ha cercenado el brazo que lo nutre de un financiamiento propio de grandes corporativos y con el que compra no sólo conciencias, sino entrenamiento para desplegar logística militar y armas cada vez más sofisticadas y de mayor calibre.

El problema social generado por la violencia es de tal profundidad, dicen, que a los mexicanos les costará décadas recuperarse de esta guerra que ha enfrentado a cárteles contra fuerzas federales y locales, pero que ha impactado directamente en la vida de las personas y ha generado un considerable atraso en miles de comunidades.

Además, aunque también se resistían a aceptarlo –y en línea con el discurso oficial que ha desplegado el actual Gobierno federal–, los funcionarios encargados de darle impulso a la política económica del país también comienzan a reconocer los daños que la inseguridad le está causando a una economía que, de por sí, se ha estancado e incluso retrocedido en la administración de Peña Nieto.

Ayer, Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso ante empresarios del sector asegurador del país que a violencia desatada por grupos criminales la semana pasada en Jalisco o el asesinato de un candidato a Alcalde en Guerrero “en nada abonan a la confianza, a la seguridad y por supuesto a la atracción de inversiones” que tanto necesita México.

“De lo que se trata es de fortalecer el Estado de Derecho y estos son hechos que nada abonan a la confianza, a la seguridad, y por supuesto a la atracción de inversiones”, reconoció Videgaray Caso en el marco de la 25 Convención Aseguradores de México.

Sin embargo, en el sector económico hace mucho tiempo que se han lanzado llamados y críticas por los escasos resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

Hace dos días, por ejemplo, como lo han venido haciendo desde el inicio del actual sexenio, analistas y expertos de 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero confirmaron al Banco de México (Banxico) que los problemas de inseguridad pública son el principal obstáculo para el crecimiento económico del país en los próximos meses.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de abril del Banxico sobre las expectativas que tienen los especialistas en economía del sector privado, 20 por ciento de las respuestas y la de mayor frecuencia en los últimos 17 meses se concentró en el tema de la inseguridad.

Además de este factor, los expertos mencionaron como un freno al crecimiento a la plataforma de producción petrolera, con 15 por ciento de las respuestas; a la inestabilidad financiera internacional, con 13 por ciento de las menciones, y a la debilidad del mercado externo y la economía mundial, con 12 por ciento.

Por si fuera poco, esos analistas bajaron de nuevo la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del país para 2015 , de una media de 2.95 en marzo pasado a 2.88 por ciento en abril.

El rango de crecimiento ajustado el martes por los analistas es muy inferior a la expectativa planteada por el equipo de Luis Videgaray desde la Secretaría de Hacienda, que se ubica entre 3.2 por ciento y 4.2 por ciento para este año.

En este escenario, también ayer la cúpula empresarial del país exigió mayor coordinación y compromiso entre las autoridades federales y locales, tras la jornada de violencia que vivió Jalisco el viernes pasado y que dejó 15 muertos.

“Nuestros tres niveles de Gobierno tienen que tener un mayor compromiso, creo que hay gobernantes sobre todo en los municipios y algunos gobernadores que no asumen su papel”, dijo Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien añadió: “Estamos pidiendo mayor coordinación y compromiso de nuestros tres niveles de representantes”.

La delincuencia y la corrupción se ciernen sobre el país y ya son un obstáculo para las inversiones, pues las compañías nacionales y extranjeras tienen que invertir cada vez más no en su producción y en la generación de empleos, sino en cuidarse las espaldas.

La desconfianza en un país turbulento, por tanto, crece cada día por parte de los grandes inversores, y nubla las limitadas opciones de desarrollo, aun cuando el Gobierno federal siga presumiendo reformas que en los hechos no dan resultados, y sostenga que su estrategia anticrimen ha permitido que México esté “en los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años”, como afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el pasado 12 de febrero.

Redacción/SinEmbargo

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