El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene medio año infringiendo la ley sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) le imponga una sanción ejemplar. A pesar de las decenas de millones de pesos en multas, por sus reiteradas violaciones a las reglas acordadas por todos los partidos de cara a las elecciones del 7 de junio, el Verde ha ignorado e incluso ha caído en desacato, mientras los consejeros del INE, supuestos árbitros de la contienda y quienes deben ser los primeros en poner la cancha pareja, tampoco han sido capaces de tocar los intereses de ese instituto político.

Al contrario, las últimas resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE muestran que la imparcialidad no una de las virtudes del Instituto, que de esa forma genera aún más desconfianza por parte de la ciudadanía.

Un ejemplo de esto se dio el pasado viernes en la noche, cuando dos consejeras señaladas por su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado el padre protector del PVEM, defendieron Verde de la exigencia de más de 140 mil ciudadanos que han solicitado la cancelación de su registro.

Las propuestas para dejar al Partido Verde sin spots en lo que queda de la campaña, y retirarlo de la contienda por desacatar las órdenes del INE, sufrieron un rotundo revés, gracias a que dos integrantes lo impidieron: tanto la presidenta de dicha comisión, Beatriz Galindo Centeno, como la consejera Adriana Favela Herrera, devolvieron a la Unidad Técnica de lo contencioso electoral ambas quejas para que se amplíen las investigaciones.

La acción de Galindo Centeno y Favela Herrera hizo fracasar una petición ciudadana inédita y que marcó un récord de participación en la plataforma internacional Change.org, que se ha convertido desde la Internet en una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para hacer peticiones a las autoridades y contra los poderes institucionales y fácticos.

Luego, ayer, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó un proyecto de resolución en materia de fiscalización que propone al Consejo General sancionar al PVEM, ahora por recibir aportaciones en especie por parte de legisladores y Grupos Parlamentarios del propio instituto político.

De ser aprobado el proyecto, al Verde se le sancionaría con 329 millones 295 mil 600 pesos por la difusión de spots de sus legisladores con aportaciones en especie de “entes prohibidos”.

En la sesión de ayer, los consejeros del INE plantearon que el Verde actuó con “dolo”, por lo que elevó tres veces la sanción partiendo de la base de la saturación de los promocionales transmitidos cuyo costo se evalúa en 109 millones 775 mil 194 pesos.

Con tres votos a favor y uno en contra, los consejeros aprobaron la sanción y consideraron que a través de los promocionales hubo una sobreexposición del partido, la cual lo benefició.

La sanción en materia de fiscalización se desprende de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que el PVEM obtuvo un beneficio indebido de los promocionales alusivos a los informes de labores de los legisladores que se transmitieron entre septiembre de 2014 y febrero del 2015. El proyecto considera que estos promocionales constituyeron una aportación en especie de parte de personas que tienen prohibido hacer donaciones a los partos políticos.

Ahora, el proyecto de resolución deberá ser turnado al Secretario General del Consejo General del INE para que el órgano máximo de dirección discuta y, en su caso apruebe, la resolución de este caso en una sesión que se celebrará el próximo miércoles 13 de mayo, un día en el que el Instituto Nacional Electoral puede marcar un hito: o confirma su autoridad o, de plano, a ojos de los ciudadanos mostrará que no había necesidad de cambiar nada y que actúa de la misma forma en que cerró su historia el desprestigiado Instituto Federal Electoral (IFE).

Son ya seis meses de desobediencia a la autoridad por parte del Verde, y de que la autoridad, pese a las faltas de respeto, tolere y hasta consienta a un partido –el principal socio del PRI–, lo que en definitiva le ha minado poder, credibilidad y prestigio a la institución que, supuestamente, le da viabilidad a la democracia en México en un marco de autonomía e independencia.

Redacción/SinEmbargo

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