Xalapa, 31 Ene. (Notimex).- Diputados locales de oposición dijeron que es imprescindible que el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Tomás Ruiz González, explique ante el Congreso del estado el origen y destino de los 25 millones de pesos incautados por la PGR.
El legislador del PAN, Oscar Agustín Lara Hernández, dijo que este movimiento de recursos públicos, oficialmente destinados al pago a la empresa denominada “Industria 3”, que prestará servicios en las fiestas de La Candelaria, El Carnaval y la Cumbre Tajín, es violatorio de normativas fiscales a nivel federal.
“El gobierno de Veracruz tiene que demostrar de dónde provienen los recursos, sin embargo, el fondo, lo que a los ciudadanos nos interesa es básicamente qué delitos se cometieron (…) porque se están violando varios ordenamientos fiscales y legales, se está violando el Código Fiscal de la Federación”, dijo.
Abundó: “Nadie puede pagar en efectivo facturas arriba de dos mil pesos, tienen que ser a través de medios bancarios o electrónicos o tarjetas de crédito, esta cantidad supera por mucho”.
Por su parte, Armando Méndez de la Luz, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, expuso que la explicación de Ruiz González, donde afirma que por “prisa” se decidió hacer el pago en efectivo, no “convence” en un asunto “tan embarazoso” para los veracruzanos.
“Piedra angular del Plan Veracruzano de desarrollo es la transparencia y el buen manejo de los recursos, honestidad, entonces esto debe aclararse lo antes posible y debe irse a fondo para no poner en juego la confianza y la credibilidad”, manifestó.
Indicó que hay toda una normatividad local y federal y “argumenta él (Tomás Ruiz) prisas, pero usted no puede argumentar prisas, usted tiene que ser muy claro en el manejo de los recursos públicos, debe ser uno muy transparente, muy preciso”.
En este sentido, Lara Hernández aseguró que al hacer el gobierno de Veracruz pagos de estas magnitudes en efectivo a los proveedores, se “está fomentando el lavado de dinero”, delito penado por las leyes y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
