Por Israel Flores, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo/El Sur).– A casi cuatro meses del Operativo Tierra Caliente mediante el cual la Policía Federal tomó el control total de los nueve municipios de esta región, la violencia no sólo se mantiene si no que se incrementó, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Desde el 3 de diciembre, cuando todas las policías municipales de la región fueron desarmadas para enviarlas a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado, hasta ayer, iban 28 ejecutados.
Los agentes municipales investigados han sido liberados sin que hubiera alguna acción penal o administrativa en su contra.
El 3 de diciembre el gobierno federal ordenó desarmar a todas las policías locales de la región Tierra Caliente de Michoacán, el Estado de México y de Guerrero, para que la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército asumieran el control de la zona.
Los nueve municipios de Guerrero en esta zona son Cutzamala, Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato, Tlapehuala, Zirándaro, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán y San Miguel Totolapan.
Desde que la federación asumió el control se reportaron ocho homicidios, cuando en noviembre antes del Operativo Tierra Caliente se registraron sólo dos en toda la región, y cinco más en octubre, de los cuales algunos se dieron en zonas de la sierra, según datos de la Fiscalía.
En diciembre fue ejecutado el sacerdote Gregorio López Gorostieta en Altamirano, a quien personas armadas lo sacaron violentamente del seminario, y tres días después fue encontrado muerto. El hecho se difundió en medios de comunicación internacionales.
En enero hubo siete ejecuciones en la región, entre ellos la del juez Jesús Salas Vargas, quien vivía en Altamirano, a pocos metros de las instalaciones del 34 Batallón, y a quien mataron cuando llegaba a su casa.
En febrero hubo cuatro homicidios, de los cuales fueron en enfrentamientos con militares. Este fue el mes en el que más secuestros se reportaron en los municipios de Ajuchitlán y San Miguel Totolapan, donde se registraron 12 en una semana.
En marzo van nueve ejecutados sólo en Ajuchitlán y San Miguel Totolapan, donde hay un pleito entre bandas contrarias de la delincuencia que se disputan las rutas de la sierra, pero que se enfrentaron en las cabeceras munipales.
En menos de 10 días se reportaron 3 mujeres ejecutadas en esa zona.
DENUNCIAN COBRO DE CUOTAS
Comerciantes en Altamirano y Coyuca de Catalán reportaron el cobro “sin control” de la cuota anual que les impone la delincuencia organizada, que les cobran entre diciembre y enero, sin que la operación de federal de policías y militares pudiera impedirlo.
En Coyuca de Catalán donde opera la base central de la Policía Federal, todos los comercios cercanos pagaron la cuota anual.
Una persona llegó y les entregó un papel con un número telefónico, al que los comerciantes tenían que llamar para acordar con alguien la cantidad y el lugar para pagar.
Una tienda de abarrotes mediana paga entre 5 y 10 mil pesos, pero hay reportes de cobros más altos a pequeños negocios. A los comercios mejor ubicados y a empresas grandes les cobran más.
El cobro fue también para empresas constructoras que trabajan para el gobierno. Varias de ellas reportaron al gobierno federal que no podían iniciar las obras de la reconstrucción de Guerrero debido al cobro de cuotas.
Sólo a las que pagaron les permitieron trabajar, pero hay varias obras sin iniciar pues las empresas con los contratos se retiraron.
