“Error al ejecutar la Carga de Solicitudes. Intentelo de nuevo” (sic). Éste es el mensaje que los ciudadanos recibían como respuesta al utilizar el nuevo portal para solicitar información al Gobierno: la Plataforma Nacional de Transparencia. Después de intentarlo de nuevo, de nuevo y de nuevo, era posible acceder al sistema y crear solicitudes o consultar las realizadas, aunque el ciudadano todavía encontraba obstáculos como el rechazo de la petición si contenía algunos caracteres que no fueran alfanuméricos y el requerimiento de entregar de manera física las peticiones de información adicional, en lugar de ingresarla por medio de la plataforma por la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pagó, en total, 19.6 millones de pesos.

Por Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- “Lo más importante es que la gente tenga garantizado su derecho a hacer solicitudes al sujeto obligado y la entidad que quiera”, dijo Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el viernes 27 de mayo, después de que esta institución suspendiera la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y acotara su funcionamiento a redirigir a los usuarios a los portales del sistema de acceso a la información Infomex tanto federal como estatales.

El primer y mayor obstáculo que encontraban los ciudadanos para ejercer este derecho era la plataforma que fue puesta en marcha el 5 de mayo pasado. Después de 21 días, mismos en los que fueron reportadas fallas persistentes en el sistema, el INAI decidió detener la operación de esta interfaz para realizar “pruebas de estrés” y solucionar los problemas con base en un diagnóstico externo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un ejercicio realizado por este medio digital arrojó que cuando el ciudadano ingresaba una solicitud de información y la entidad gubernamental requería datos adicionales, el nuevo sistema no permitía ingresar estos datos adicionales como antes podía ser realizado por medio de los sistemas Infomex. SinEmbargo utilizó la línea de atención ciudadana del INAI para averiguar por qué sucedía esto y cuál era la solución ante tal contratiempo. La respuesta fue que la Plataforma presentaba problemas técnicos y la alternativa era visitar la sede del Instituto en la Ciudad de México para que los encargados del área de Tecnologías de la Información continuaran con el proceso.

Antes, ese proceso lo concluía el ciudadano, en su propia computadora.

Además, la plataforma no aceptaba caracteres como dos puntos y paréntesis. Esto, de acuerdo con el comisionado Guerra Ford, era una medida de seguridad para que el sistema no fuera vulnerado. De acuerdo con Hugo Osorio, desarrollador web de Gobierno Fácil, “hay muchas maneras de no utilizar ese tipo de técnicas de seguridad. Cuando hay un formulario, es posible ‘limpiarlo’ y validar el campo antes de mandarlo”.

Una observación de Hugo Osorio fue que “si la única alternativa fuera prohibir el uso de ciertos caracteres, los buscadores como Google o Twitter seguramente ya hubieran sido inyectados (con código malicioso) para robar información o sólo demostrar que alguien vulneró el sistema.

USABILIDAD NULA

Las fallas técnicas no son el único elemento que ha obstaculizado el derecho a la información de los ciudadanos. Desde que fue puesta en marcha, diversas empresas dedicadas al desarrollo web y grupos de la sociedad civil notaron que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no es amigable con el usuario, lo que dificulta y limita el acercamiento de las personas que no saquen provecho de la información pública o la utilicen para trabajar, a pesar de que este proyecto ha estado enfocado en la utilidad para los ciudadanos desde su concepción.

Hugo Osorio considera que los usuarios de plataformas que promueven el acceso a la información gubernamental pueden ser divididos en cuatro grupos: los que ya saben qué buscar como científicos de datos, periodistas o investigadores, los que hacen dinero con los datos como las empresas y los que llegan por casualidad al sitio. Estos últimos son los ciudadanos, en quienes debe estar basao el acceso a la información. “Hay en promedio cuatro segundos para que el usuario se convenza de quedarse en el sitio”, explica Osorio. Las personas que trabajan con esta información tienen que permanecer ahí, pero el ciudadano simplemente se va.

Este es el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que de acuerdo con Gobierno Fácil y la organización Social TIC, no es intuitiva. Esta característica se refiere a que el funcionamiento de la página web y la organización de la información que contiene pueda ser comprendido de inmediato, sin necesidad de analizarlo para que el usuario pueda encontrar lo que busca sin ir de un lugar a otro.

La preocupación por la PNT ha llegado también a SocialTIC, organización sin fines de lucro dedicada a promover y habilitar las actividades de grupos sociales por medio de la tecnología. Juan Manuel Casanueva, director de la institución, considera que el resultado de este proyecto “dejaba un mal sabor de boca: se invirtió mucho dinero, pero posiblemente el Infomex (podía) cubrir lo que esta plataforma”.

Otro problema que identificaron los desarrolladores de ambas instituciones fue que, a pesar de haber colaborado con el Gobierno federal en proyectos anteriores, no fueron consultados para el desarrollo de la PNT. Aunque sí sostuvieron reuniones de expectativas, “no hubo un proceso formal de consulta y mucho menos de co-diseño o co-creación”, de acuerdo con Juan Manuel Casanueva. Es por esto que SocialTIC, aliado con otros grupos de la sociedad civil y especialistas en Gobierno Abierto y desarrollo, realizó un diagnóstico del funcionamiento de la plataforma que será publicado en los próximos días.

Tanto Gobierno Fácil como SocialTIC son grupos que desarrollan tecnología cívica, una tendencia que ha sido impulsada en México durante los últimos cinco años y que está enfocada en crear herramientas o servicios para contribuir con la construcción de una mejor sociedad. Entre sus funciones están promover la apertura del Gobierno e incentivar la creación de comunidad para ejercer la ciudadanía y mejorar las relaciones dentro de la sociedad.

A diferencia de las empresas de desarrollo web que fueron constituidas hace más tiempo, estas buscan conjugar diseño y funcionalidad. En otras palabras, unión de forma y función que de como resultado productos con calidad, pero que también privilegien el diseño. Al final, deben ser intiuitivos y amigables con el usuario.

No obstante, estos grupos todavía son reducidos y se trata de pequeñas empresas, lo que hace que el proceso de licitación sea difícil o imposible para ellos. Tanto Casanueva como Osorio coinciden en que los requerimientos legales que solicita el Gobierno federal para participar en estos procesos son imposibles de cumplir para empresas de su tamaño, por lo que han quedado fuera de estos concursos.

DESARROLLO Y CAÍDA DE LA PLATAFORMA

Su desarrollo estuvo dividido en dos etapas: la primera fue adjudicada por medio de una licitación pública nacional a las empresas Intellego SC y Dotted Cloud S.A. de C.V. y la segunda, por medio del mismo mecanismo, a la empresa IDS Comercial, S.A. de C.V. El INAI pagó 9.6 millones de pesos por la primera etapa y 10 millones por la segunda. En ambos procesos las únicas empresas competidoras fueron estas dos y los contratos fueron otorgados a la que obtuvo un puntaje mayor en cada caso.

El derecho a la información es un derecho humano protegido por leyes internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “el derecho de acceder libremente a la información existente en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional, por cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión de los asuntos comunes y la transparencia de las actuaciones estatales”.

El principio básico de esta prerrogativa es que los organismos públicos no son dueños de la información para su beneficio, sino que esta debe estar a disposición pública para provecho de todas las personas. La Plataforma Nacional de Transparencia fue concebida como la interfaz por medio de la cual este derecho iba a poder ser ejercido de manera más eficiente, ya que conjuntaría los sistemas Infomex de las 32 entidades federativas y el del Gobierno federal, con lo que ya no sería necesario ingresar a cada uno de estos portales para solicitar información.

El 27 de mayo, después de 21 días de haber sido puesto en marcha, el portal dejó de cumplir con la función para la que fue diseñada y su funcionalidad fue limitada a redirigir a los usuarios al anterior sistema de acceso a la información: los portales Infomex de cada entidad federativa.

El INAI estima que la Plataforma Nacional de Transparencia funcione al 100 por ciento en un plazo máximo de tres meses. Incluso pidió un diagnóstico a la UNAM para ayudar a los funcionarios de la institución y a la empresa encargada del proyecto a solucionar las incidencias mientras el Instituto trabaja “a marchas forzadas para sacarla adelante”, como declaró el comisionado Guerra Ford.

A pesar de que antes de ponerla en marcha fueron hechas las pruebas necesarias, el INAI asegura que al operar en la realidad hay fallas y es necesario reconocerlo. La solución de regresar a los sistemas Infomex es temporal, de acuerdo con el Instituto, y pronto los ciudadanos tendrán acceso a la plataforma en la que fueron invertidos casi 20 millones de pesos.