Bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la entrega del territorio mexicano a mineras y petroleras para la exploración y extracción de minerales e hidrocarburos, pasando incluso por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.

De este análisis se desprende que más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito.

Respecto a la Reforma Energética, la recaudación de ingresos petroleros no ha registrado los niveles esperados, incluso representan un costo para las finanzas públicas en México. Hasta marzo de 2018 había 421 asignaciones vigentes de Pemex y 55 contratos adjudicados en 2017, mientras que los ingresos petroleros cayeron en 54.5 por ciento y la aportación de este sector al PIB pasó del 8.3 al 3.8 por ciento.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.

De acuerdo con el documento presentado hoy, bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la entrega del territorio mexicano a mineras y petroleras para la exploración y extracción de minerales e hidrocarburos, pasando incluso por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos.

De este análisis se desprende que el 54 por ciento de los principales municipios que han recibido recursos del Fondo Minero se sitúa en niveles por arriba de la línea de pobreza promedio a nivel nacional establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que el 29 por ciento está por encima de la línea de pobreza extrema promedio a nivel nacional.

La medición de pobreza del Coneval utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.

Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.

Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.

En este sexenio se dieron profundos cambios en el marco legal y de política pública del sector extractivo, derivados de la Reforma Energética de 2013. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro

A diciembre de 2017, un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes se encontraban en la superficie terrestre del país, abarcando 20.79 millones de hectáreas. Existen además 14 concesiones mineras en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina: ocho frente a las costas de Chiapas y seis más en el Océano Pacífico, tres frente a Baja California y tres frente a Baja California Sur.

De acuerdo con el informe, la superficie concesionada a la minería en México cambia constantemente, aunque no en gran medida; esto se debe a que algunas concesiones se cancelan o pierden su vigencia y no se renuevan, mientras que aparecen algunas nuevas.

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) entró en vigor en 2014, producto de la reforma a la Ley Federal de Derechos. De acuerdo con la ley, los recursos de dicho fondo deberán ser empleados para generar inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las regiones donde se lleva a cabo la explotación y obtención de sustancias minerales.

Del total de ingresos recaudados por el pago de derechos a la minería, se asigna un 77.5 por ciento al Fondo Minero cuya gestión recae en manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) y es administrado financieramente por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), un 2.5 por ciento de los recursos se entrega a Sedatu para la operación del Fondo y el 20 por ciento restante se canaliza a la Secretaría de Hacienda para obras de infraestructura.

Sin embargo, desde que entró en vigor, la recaudación del Fondo Minero ha tenido importantes vacíos, según lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF ) que, en su informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2016, encontró varias inconsistencias en cuanto a la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario.

En lo que se refiere al panorama de la minería, siguen existiendo en el país miles de concesiones entregadas
a empresas privadas para llevar a cabo la explotación de minerales. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro

En primera instancia, señaló el estudio de Fundar, existen deficiencias en la integración, control y seguimiento del padrón de concesiones mineras vigentes, de tal suerte que todavía no se cuenta con un padrón de concesiones confiable, ya que hay diferencias y variaciones en cuanto al número de concesiones mineras existentes, el RFC de las empresas mineras, las fechas de expedición de las concesiones mineras, la vigencia de éstas, los nombres de los titulares de las concesiones y el porcentaje de participación de éstos.

En segundo término, la ASF también observó que la Secretaría de Economía no ha sancionado a los concesionarios mineros que han omitido la presentación de informes relevantes. Al respecto, el informe de la ASF reporta que los titulares de 9 mil 157 títulos de concesión minera omitieron entregar su informe sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias.

Respecto a su distribución en el ámbito municipal, los recursos correspondientes a 2017 se distribuyeron a 233 municipios. De éstos, tan sólo nueve concentran el 50 por ciento de los recursos: Cananea, Mazapil, Fresnillo, Caborca, Nacozari de García, Ocampo, Sierra Mojada, Sahuaripa y Álamos, pertenecientes a los estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila. El informe resaltó que durante los tres años en que se ha ejercido el Fondo, estos mismos municipios han ocupado los primeros lugares como receptores de los recursos.

En México, existen diversos instrumentos legales de política ambiental orientados a la protección,
restauración y conservación de regiones. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

LAS PÉRDIDAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

El informe analizó también los cambios en el marco legal y de política pública del sector extractivo, derivados de la Reforma Energética de 2013.

Uno de los efectos de una de las reformas más importantes de este sexenio es la nueva regulación para promover la explotación de gas y petróleo no convencional por fractura hidráulica, la cual, denuncia el informe, “está lejos de prevenir impactos negativos y supone una fuerte amenaza para las personas, el ambiente y los animales”.

El informe señala que el Gobierno ha pasado por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos al entregar el territorio a las petroleras. Por otra parte, la disminución de los ingresos petroleros del Estado está siendo compensada por otros ingresos tributarios, lo que sienta las bases para la entrada del sector privado en la actividad de hidrocarburos bajo un régimen fiscal menos oneroso que favorece a las empresas implicadas en la industria.

Fundar precisa que también se han creado fondos alimentados con dinero procedente de la explotación de estos bienes, con el fin de generar una mayor derrama para los estados y municipios con territorio destinado a esta actividad, pero con importantes deficiencias de transparencia, rendición de cuentas y participación, que pueden llevar a un mal uso de los recursos o, incluso, a que se utilicen para el control social y político de las poblaciones afectadas de estas regiones.

Hasta 2017 se habían adjudicado 55 contratos con la Reforma Energética, mientras que los ingresos petroleros cayeron en 54.5 por ciento y la aportación de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 8.3 al 3.8 por ciento.