Peña Nieto fue acusado la adquisición de una casa de siete millones de dólares a un contratista de su Gobierno, Grupo Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es uno de los cercanos amigos del actual Presidente.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– El escándalo de la “casa blanca” afectó la credibilidad de mi administración, reconoce hoy el Presidente Enrique Peña Nieto en un spot. Repitió que en su momento ofreció una disculpa, y que no debió permitir que su esposa, Angélica Rivera, diera explicaciones.

Peña Nieto fue acusado la adquisición de una casa de siete millones de dólares a un contratista de su Gobierno, Grupo Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es uno de los cercanos amigos del actual Presidente.

“El tema de la ‘casa blanca’ es uno de los que sin duda marca esta Administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos, y si bien, se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del Gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y la credibilidad de mi Administración”, aseguró el mandatario en un nuevo video.

Asimismo, reconoció que la explicación del caso que dio su esposa, Angélica Rivera, nunca debió ocurrir, debido a que él era quien tenía la responsabilidad de hacerlo, pues los cuestionamientos estuvieron dirigidos hacia él.

“Y creo que la manera en la que manejamos en su momento, la explicación del asunto, tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el Presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuánto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuánto afectó la credibilidad del Gobierno”, subrayó.

El trabajo fue publicado en su momento en Aristegui Noticias, el sitio de la periodista Carmen Aristegui, cuyo equipo encabezó la investigación. También en Proceso y en SinEmbargo. Salió a la luz pública el 9 de noviembre de 2014. El Presidente, su esposa y el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fueron exonerados por un subordinado: Virgilio Andrade.

Nunca hubo una investigación independiente. El reportaje obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México y el Premio Gabriel García Márquez. La denuncia causó que se revocara la licitación del tren México-Querétaro, que estaba en manos de Grupo Higa y de una empresa china.

La investigación provocó el despido de Carmen Aristegui y su equipo en MVS. Edison Lanza, relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la acción tenía “un fuerte olor a censura”.

El 11 de diciembre de 2014, el diario The Wall Street Journal dio a conocoer que Luis Videgaray tenía una casa en Malinalco, adquirida a otra empresa de Grupo Higa: Bienes Raíces H&G SA.

LA “VERDAD HISTÓRICA”

Apenas esta semana, como parte de los spots que difunde con motivo su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto defendió la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que los estudiantes habían sido incinerados por un grupo criminal en un basurero de Cocula, en Guerrero, y la cual ha sido rechazada por las familias de las víctimas y por expertos de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo Peña Nieto en un nuevo spot con motivo de su Sexto y último informe de Gobierno.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue desaparecido; otros tres alumnos fueron asesinados, y uno más quedó gravemente herido y lleva más de 41 meses hospitalizado. Este año se cumplirán cuatro de la ausencia de los jóvenes, y los padres continúan con la exigencia de saber dónde están sus hijos.

Sin embargo, el Gobierno de Peña Nieto ha sostenido la llamada “verdad histórica”, encabezada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam en 2015, que detallaba que los 43 estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados hasta las cenizas en un basurero de Cocula.