La ex Mandataria argentina, Cristina Fernández, dice que enfrenta una de las acusaciones más fuertes en su contra. Fiscales la acusan de corrupción en la concesión de obras públicas y abuso de autoridad. Hoy dijo a la prensa que pidió por escrito la nulidad del caso.
Buenos Aires, 31 octubre (EFE).- La ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) afirmó hoy que ha pedido a través de un escrito la nulidad del caso por el que asistió este lunes a declarar como investigada, que estudia presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.
La ex Mandataria insistió en que es víctima de “una maniobra formidable de persecución política”, según explicó ante la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires, donde se presentó citada por el juez federal Julián Ercolini, encargado del expediente, y ante quien no contestó preguntas.
La causa busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados, entre ellos ex miembros del anterior Ejecutivo o el empresario Lázaro Báez -colaborador del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner y ahora detenido por presunto lavado de dinero-, integraron una organización “criminal” para “beneficiarse ilegítimamente” de la adjudicación de obra pública en “consecuente y grave detrimento” de las arcas del Estado.
En una improvisada rueda de prensa, Fernández recordó que la requisitoria de los fiscales y el juez versa sobre una “asociación ilícita” que supuestamente su esposo, Néstor Kirchner, y ella habrían encabezado, lo que definió como un “disparate mayúsculo”.
“Presentamos un escrito pidiendo la nulidad”, aseveró.
Además, agregó que con respecto a la obra pública son los jefes de gabinete los que administran y ejecutan las cuentas de inversión, aprobadas a su vez por la Auditoría General de la Nación, y los decretos son remitidos al parlamento para su tratamiento y aprobación.
Es así que criticó las acusaciones de que la “asociación ilícita” la integra el Poder Ejecutivo.
El expediente judicial investiga el supuesto diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
Al respecto, Fernández señaló a la prensa que pidió la realización de una auditoría integral de la obra pública desde 2003, cuyo monto total en los contratos aseguró llegaron a un total de 107 mil millones de dólares, que la mayor parte estuvo distribuida en energía, vialidad y viviendas y casi el 50 por ciento descentralizada por provincias, no solo en Santa Cruz.
“Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública”, añadió Fernández, para remarcar que “el primo hermano” del actual presidente, Mauricio Macri, fue el tercer adjudicatario de obra pública durante su Gobierno, mientras que Lázaro Báez figura, según dijo, en el puesto 38 de los favorecidos con esos contratos.
La ex jefa de Estado insistió en que esta situación judicial es fruto de una maniobra de “persecución política” y de “hostigamiento mediático”, como recordó que le está sucediendo al ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como representante también de un Gobierno popular.
En este sentido, reiteró de nuevo que el actual Gobierno, encabezado por Macri, “trata de tapar de esta manera el desastre económico y social” en el que en su opinión se encuentra el país.
En medio de una fuerte seguridad, Fernández llegó a los tribunales federales de Buenos Aires poco después de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y permaneció en el lugar casi tres horas.
En el exterior de los juzgados, totalmente cercados por un sistema de seguridad y en torno a 300 agentes de policía, una multitud de seguidores se apostaron para apoyarla.
Se trata de la segunda vez que la ex Mandataria debe declarar ante la Justicia, luego de que en abril pasado fuera citada por las operaciones en la venta de futuros de dólar en el Banco Central durante su mandato, por lo que fue procesada por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
