La semana pasada el ex Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina hizo una declaración que, por su resonancia internacional, ha venido a implicar también al gobierno mexicano.

Pérez Molina, quien fuera Presidente del vecino país de 2012 a 2015, acusó a la farmacéutica Baxter, de origen estadounidense, de presionarlo a través del gobierno de aquel país (y a través del entonces vicepresidente Joe Biden, socio de la empresa) para ganar una millonaria licitación a fin de proveer servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, licitación que al final ganó legalmente la empresa PISA.

En México, curiosamente, esta misma farmacéutica (que ofrece otros servicios de salud), intentó hacer lo mismo con la delegación del IMSS en Puebla, a través de una licitación que tuvo que reponer la Secretaría de la Función Pública debido a las inconsistencias que presentaba la misma, ordenando que se licitara de nuevo.

Derivado de esta investigación, irrumpió información que ha puesto en alerta roja la situación que guarda Baxter, dirigida en nuestro país por Jaime Alberto Upegui,  con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues se ha encontrado que mantiene un “récord de contratos y ganancias entre  2013 y 2017”, esto es prácticamente durante toda la administración de Peña Nieto, “con un monto que supera los 8 mil 200 millones de pesos distribuidos en 1708 contratos, 1015 por adjudicación directa y 687 por la vía de las licitaciones públicas”, hoy todos bajo sospecha de corrupción.

En una escala mayor, Baxter ha tenido que pagar una significativa multa por no cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura en una planta de Carolina del Norte, también fue acusada por parte del Gobierno de Estados Unidos por comerciar con medicamentos adulterados, asimismo fue acusada en 2008 por el gobierno chino por obstruir la investigación de la muerte de 81 personas, relacionadas con el consumo de su fármaco heparina y, por si lo anterior no fuera poco,  hay quejas incluso de habitantes de Jiutepec (Morelos) por desabasto de agua, acusando a Laboratorios Baxter de drenar los pozos públicos. Etcétera.

Si el Gobierno de Peña Nieto se ha caracterizado por graves actos de corrupción con empresas constructoras como Grupo Higa u organizaciones como Odebrecht, que, en agradecimiento, le han dado onerosos obsequios, como la propia Casa Blanca, con un valor de 7 millones de dólares (hecho hoy considerado uno de los actos de corrupción más grandes del sexenio), o sumas millonarias para su campaña electoral, como lo hizo Odebrecht, resulta un imperativo que se vaya más a fondo  con respecto a la actuación que ha tenido la farmacéutica Baxter en lo que va de su gestión con el IMSS, pues si consideramos los graves señalamientos que ha tenido la misma (de corrupción y de pérdidas humanas) ninguna justificación impediría que su relación de prestadora de servicios se cancelara hasta en tanto no se esclarezca que ésta se ha hecho conforme a la ley y no bajo el imperio del tráfico de influencias, tal como lo evidencian las denuncias que la tienen ahora bajo fuego por corrupción.

Rogelio Guedea

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Abogado criminalista y doctor en Letras. Es autor de la “Trilogía de Colima”, publicada por Penguin Random House e integrada por las novelas Conducir un trailer (2008/Premio Memorial Silverio Cañada 2009), 41 (2010/Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor 2012) y El Crimen de Los Tepames (2013/Finalista del Premio “Películas de Novela”). Su má reciente libro es La brújula de Séneca: manual de filosofía para descarriados (Grupo Almuzara, 2014). Por su trayectoria como escritor y académico, fue incluido en El mundo en las manos. Creadores mexicanos en el extranjero (2015), publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es jefe del Departamento de Español de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).

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