En lo que ya parece una tradición, el Congreso de la Unión volverá a incumplir un plazo fijado para legislar en alguna materia. No ha sido infrecuente que los tiempos determinados en los transitorios de las reformas constitucionales que el mismo Congreso aprueba acaben siendo violados por los propios diputados y senadores que los establecieron. Ahora le ha tocado el turno a un plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en febrero de este año le comunicó a la legislatura que tenía hasta el 31 de octubre –hoy– para modificar o derogar las normas que vía jurisprudencia por reiteración han sido declaradas inconstitucionales por el tribunal de constitucionalidad en lo que se refiere a la prohibición absoluta del uso personal del cannabis.

El Congreso simplemente no fue capaz de cumplir con lo ordenado por la Corte y ha pedido una prórroga, pero existe la posibilidad de que lo que obtenga sea la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que ya, a través de amparos automáticos, pueden ser reclamados como inválidos. Meses de foros, parlamento abierto, cafés temáticos, consulta con expertos y deliberación en comisiones no han sido suficientes para que los senadores lograran un acuerdo capaz de concitar el apoyo mayoritario y, finalmente, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ha anunciado que el tema se enfriará. Pésima noticia cuando se suponía que estábamos a punto de un paso realmente histórico, con el cual se comenzaría a desmontar en los hechos, y no solo en la retórica presidencial, la guerra contra las drogas, de tan funestas consecuencias.

Una y otra vez el Presidente López Obrador se ha llenado la boca diciendo que la guerra contra las drogas se acabó, que ha quedado en el pasado, pero ni su estrategia de seguridad –tan fallida como la de sus antecesores, tal como ha quedado en evidencia con los hechos de Culiacán o con la matanza de Palmarito– ni en su confusa política de drogas –sustentada en una campaña que estigmatiza a las drogas y a sus consumidores, supuestamente orientada a una prevención de nuevo tipo pero que reproduce las campañas del miedo de toda la vida– se nota un cambio verdadero. De hecho, la declaración de López Obrador de que se perseguirán las adicciones con toda la fuerza del Estado recuerda a la declaración de Richard Nixon de 1971, precisamente al declarar la guerra contra las drogas, de que el consumo de drogas ilegales era el enemigo público número uno de los Estados Unidos.

A las adicciones no hay que perseguirlas ni atacarlas: hay que atenderlas desde el sistema de salud. No se requiere de “toda la fuerza del Estado”; tan solo se necesita que existan centros de atención médicos y psicológicos, camas de hospital para los casos más graves y personal bien calificado. Y la prevención se debe basar en información basada en evidencia, pero sin estridencias alarmistas, mientras que los derechos de las personas que consumen drogas deben ser respetados, como ya determinó la corte en su jurisprudencia sobre cannabis. El discurso contradictorio del actual gobierno en materia de política de drogas es reflejo de la falta de un proyecto claro, de la ignorancia y los muchos prejuicios que siguen imperando en el tema. De ahí que el propio Presidente diga un día que es posible que se legalicen “algunas drogas” y al poco tiempo deje claro que la regulación de la marihuana no está en su agenda.

Los titubeos gubernamentales en materia de drogas se reflejan en la actitud de los legisladores que andan como los cangrejos, con un paso adelante y dos atrás y rizan y rizan el rizo sin acabar de legislar. Ahora están anunciando un foro más sobre el tema del cannabis, el enésimo, como si no hubieran escuchado ya todos los argumentos posibles sobre la cuestión. Timoratos, los senadores de la mayoría, que podrían contar con el apoyo en esta materia de otros grupos parlamentarios, como el de Movimiento Ciudadano o el del agonizante PRD, con lo que les bastaría para sacar adelante una minuta para enviar a la Cámara de Diputados, han decidido darle de nuevo largas a la cuestión.

Bien haría la Suprema Corte en enmendarles la plana, usando por segunda vez su nueva facultad de hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad, derivadas de las reformas al amparo. Ya lo hicieron con parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones; ahora debería ser el turno de la Ley General de Salud, porque, de otra manera, los plazos perentorios que establezca al Congreso acabaran siendo meros llamados a misa, que pueden ser atendidos o no. Es indispensable que el Congreso asuma que, en materia de marihuana, lo que toca es regular, por la paz y la seguridad de todos y por la salud y los derechos de los consumidores.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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