Los programas Producción para el Bienestar y el de Precios de Garantía, promovidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus primeras giras en 2019, tuvieron fallas en reglas de operación, padrón, duplicidad y gasto, determinó la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– En 2019 durante la implementación de los programas sociales Producción para el Bienestar y Precios de Garantía de la Secretaría de Agricultura (SADER) se cometieron irregularidades en las reglas de operación, en el padrón de beneficiarios, en la duplicidad de apoyos, sobrejercicio del gasto y la dependencia federal no manifestó si realiza acciones para cumplir con el objetivo sobre seguridad alimentaria y acceso a otros recursos de producción e insumos no tóxicos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

“La ASF remitió 17 preguntas a la entidad fiscalizada, a fin de conocer de qué manera contribuyó al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; no obstante, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la SADER señaló que no es de su competencia dar respuesta a los cuestionamientos planteados ni informó qué Área de la Secretaría es la encargada”, expuso la auditoría sobre la Secretaría dirigida por Víctor Villalobos, señalado por colectivos como Sin Maíz no hay País de seguir impulsando el uso del potencialmente cancerígeno glifosato en la agroindustria.

En 2019, el Gobierno Federal diseñó e implementó el programa de subsidios Producción para el Bienestar, a cargo de la SADER como parte de su estrategia para el desarrollo del sector agrícola, el cual busca incrementar la producción nacional de granos, café y caña de azúcar para contribuir a aumentar el grado de autosuficiencia alimentaria nacional.

Sin embargo, al 7 de enero de 2020, en las reglas de operación persisten las deficiencias encontradas en los Lineamientos que estuvieron vigentes para el ejercicio fiscal 2019 relacionadas con población objetivo, requisitos, recursos operativos, supervisión, seguimiento y evaluación, fuentes alternativas, coordinación con entidades, temporalidad, logro de objetivos y metas, y rendición de cuentas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregando un programa de Producción para el Bienestar en Veracruz. Foto: Cuartoscuro.

Respecto al padrón de beneficiarios, en 2019 la SADER incorporó a 3 millones 683 mil predios de productores solicitantes para recibir el apoyo. Pero, destacó la ASF, tuvo deficiencias en los registros, por lo que no fue posible constatar a qué tipo de productor se destinó 0.5 por ciento (51 millones 770 mil pesos) del total del subsidio otorgado a los beneficiarios del programa ni a qué tipo de cultivo se otorgaron 72.7 millones de pesos; 5 millones 618 mil pesos, y 18.1 millones de pesos, montos correspondientes a pequeño, mediano y grande productor, respectivamente.

Además, se identificaron duplicidades de apoyos con otros programas: 12 mil 902 personas también fueron beneficiarios del Programa Precios de Garantía y mil 647 también fueron beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que es necesario que en las reglas de operación subsecuentes se definan con claridad las restricciones o complementariedades entre los diversos programas de subsidios, pidió el órgano fiscalizador.

“En 2019, la SADER otorgó 3 millones 167 mil apoyos a 2 millones 098 mil productores de granos, principalmente maíz, frijol, trigo panificable, arroz, así como productores de café y productores de caña de azúcar, los cuales ascendieron a 10 mil 908 millones de pesos (principalmente a pequeños productores y concentrados en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero). Sin embargo, debido a las deficiencias en el diagnóstico, diseño y operación del programa, no hubo certeza de que los apoyos sean entregados de manera oportuna, a fin de incrementar la producción y productividad de granos y con ello contribuir al aumento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional (de granos) y a la competitividad de esos cultivos”, concluyó la ASF.

“Aunado a ello, no acreditó en qué medida la capacitación a los productores coadyuvó para generar una mayor eficiencia y racionalidad en el cultivo de sus productos, lo que podría provocar errores en el acceso y utilización de los insumos; en la aplicación de técnicas agrícolas, lo que traería como consecuencia una producción estancada, sin excedentes, de mala calidad”, agregó.

Pese a las fallas, en encuestas levantadas por SADER durante el periodo otoño-invierno 2018-2019 y primavera-verano 2019 en 25 estados, el 41.5 por ciento consideró la difusión del programa como buena y 25.6 por ciento como excelente, en contraste, solo el 5.2 por ciento consideró que fue regular y 0.8 por ciento que fue mala. Pero el 18 por ciento y el 2.2 por ciento de los participantes consideró el monto pagado como regular y malo, respectivamente, ya que opinó que es bajo respecto de los gastos en que se incurre para la siembra.

La Auditoría recomendó establecer fechas para la entrega de los incentivos por ciclo agrícola (primavera-verano/otoño-invierno), a fin de que los productores beneficiados puedan obtener el apoyo antes del inicio del ciclo agrícola, así como mecanismos de control evaluados de forma periódica, con el objetivo de evitar actos de corrupción en la operación del programa y garantizar que los recursos destinados al programa sean administrados con eficacia.

FALLAS EN PRECIOS DE GARANTÍA

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Gobierno federal planteó que México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura. Para atender esta problemática, se propuso lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo con la creación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB) y del organismo descentralizado de la SADER, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), que es responsable de su operación.

En 2019 se entregaron 45 mil 300 subsidios, para incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios por medio del establecimiento de precios de garantía a productos alimentarios básicos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.

No obstante, SEGALMEX ejerció recursos del programa por 8 mil 100 millones de pesos, unos 2 mil 100 millones más que los 6 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto federal para 2019; careció de un padrón completo con información tanto de la población objetivo como de los beneficiarios del programa, lo que generó entregas duplicadas; y no acreditó que el total de productores beneficiados cumplieran con todos los criterios de elegibilidad.

SEGALMEX debe corregir las deficiencias identificadas, pidió la Auditoría Superior de la Federación en su primera entrega de la Cuenta Pública 2019. Foto: Cuartoscuro.

Además careció de una gobernanza eficaz para gestionar los procedimientos operativos del programa Precios de Garantía, ya que no acreditó la elaboración de un plan de negocios; no diseñó la integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas; careció de mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés; y careció de reglas de operación que establecieran con claridad las distintas funciones y responsabilidades de los consejeros.

Asimismo, a SEGALMEX le faltó un programa de adquisiciones por producto; no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos; no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios;no contó con mecanismos para el control de los inventarios, ni de las mermas por producto, y no informó sobre el destino del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa.

“SEGALMEX debe corregir las deficiencias identificadas en la implementación del programa, que limitaron garantizar que los subsidios se otorgaron a los pequeños y medianos productores que lo requerían, principalmente porque no se dispuso de una metodología para determinar los precios de garantía de los productos alimentarios básicos, ni de políticas y procedimientos para regular los principales procesos”, dictaminó la Auditoría.