El juez federal Claudio Bonadío, encargado de la causa, decidió que se avance en la misma línea con el resto de propiedades, como las ubicadas en el selecto barrio Puerto Madero de Buenos Aires, que la expresidenta, a través de la sociedad, le alquila al empresario Cristóbal López.
Ciudad de México, 5 de Noviembre (SinEmbargo/EFE).- La Justicia argentina ordenó hoy tasar todas las propiedades de la sociedad Los Sauces, que se dedica al alquiler de inmuebles y de la que la expresidenta Cristina Fernández es accionista, en una causa por supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Esta decisión se da la misma semana en la que se realizó la tasación de la casa donde habita Fernández (2007-2015) en Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, así como otros de los inmuebles de la empresa, con el objetivo de conocer "fehacientemente" su valor, informaron a fuentes judiciales.
Es así que hoy el juez federal Claudio Bonadío, encargado de la causa, decidió que se avance en la misma línea con el resto de propiedades, como las ubicadas en el selecto barrio Puerto Madero de Buenos Aires, que la expresidenta, a través de la sociedad, le alquila al empresario Cristóbal López.
El Gobierno argentino suspendió la jubilación que recibe la expresidenta Cristina Fernández porque ya cobra otra por su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner, y ahora la ex jefa de Estado deberá optar por uno de los beneficios y devolver el dinero que cobró por el otro.
Así lo confirmaron hoy a Efe fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, cuya titular, Carolina Stanley, firmó la resolución que suspende el pago de la asignación mensual vitalicia que le fuera otorgada a Cristina Fernández por haber desempeñado la Presidencia entre 2007 y 2015.
La resolución establece que ese beneficio estará suspendido hasta tanto la exmandataria opte entre esa jubilación y la pensión que cobra tras el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien murió en octubre de 2010.
Una vez que haga efectiva la opción, Fernández deberá devolver al Estado todo lo cobrado por la jubilación que elija no recibir más, a partir del momento en que se produjo la incompatibilidad.
Cristina Fernández sumó su jubilación vitalicia el 10 de diciembre de 2015, cuando traspasó la Presidencia a Mauricio Macri.
Según medios locales, la expresidenta cobra actualmente unos 330.000 pesos (unos 21.700 dólares) mensuales por ambos beneficios, sin los descuentos impositivos que se aplican.
La medida del Ministerio de Desarrollo Social se basa en una ley que establece que toda asignación especial resulta incompatible con el goce de una pensión o jubilación estatal convencional.
En su resolución, Stanley instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social para que, "de resultar necesario, vencidos los plazos correspondientes, se inicien las acciones judiciales pertinentes"
La causa Los Sauces surgió tras una denuncia presentada en abril pasado por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra la ex jefa de Estado y su hijo Máximo Kirchner -también accionista de la sociedad- por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Stolbizer considera que se pudo utilizar la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir transferencias millonarias de los empresarios contratistas del Estado Lázaro Báez - actualmente detenido por presunto lavado de dinero- y Cristóbal López, mediante arrendamientos de esas propiedades.
Bonadío y el fiscal del caso, Carlos Rívolo, buscan saber a cuánto ascienden los activos de la firma y conocer si los alquileres que los empresarios pagaban coinciden con los valores de mercado.
En mayo pasado, tras producirse la denuncia, Rívolo acusó a la expresidenta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y poco después añadió a la acusación supuesto cohecho a Fernández, Báez y López.
Además, se ordenó analizar el papel de Máximo Kirchner y en junio Bonadío ordenó el allanamiento de 11 inmuebles en la provincia de Santa Cruz.
Los operativos de esta semana, realizados por miembros del cuerpo de peritos tasadores de la nación, se hicieron sin contratiempos ya que se permitió el acceso a las propiedades, aunque fuentes jurídicas señalaron a Efe que de encontrar negativas para hacer su trabajo, existe la posibilidad duie que subsidiariamente se dicte una orden de allanamiento.
Hasta el momento, si bien Stolbizer ya pidió que se llame a declarar como investigada a la expresidenta y su hijo, fuentes de la Fiscalía afirman que es algo que todavía no está previsto.
