Madrid, 27 Jul (Notimex).- El gobierno de España anunció hoy reformas al Código Penal y otras disposiciones para penalizar fraudes diversos contra la economía, así como la falsedad de datos económicos del país.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría indicó que “no es admisible” que en momentos de crisis económica como la actual haya fraude fiscal, a la seguridad social y laboral.
“Se quiere acabar con la visión positiva que hay frente al que defrauda, que emite facturas sin IVA, el que trabaja a escondidas y a la vez cobra subsidio al desempleo, al que cree que por eso es más listo que nadie más cuando burla a las administraciones y al resto de los ciudadanos”, manifestó.
Para los delitos fiscales agravados la pena máxima de prisión será de dos a seis años en vez de uno a cinco años (considerado en la actualidad) y el plazo de prescripción pasa a ser de 10 años frente a los cinco años (de la legislación vigente).
Explicó que la nueva pena se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600 mil euros (720 mil dólares) o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
Sobre el fraude a la Seguridad Social, precisó que se abordan aspectos novedosos como el hecho por empresas ficticias (las que sin actividad simulan relaciones laborales para cobrar prestaciones) y talleres clandestinos (que emplean trabajadores sin darlos de alta).
Por ello, se endurecen las penas máximas por defraudar a la Seguridad Social utilizando empresas fantasmas o ficticias, las que cinco a seis años de prisión, y la prescripción pasa de cinco a 10 años.
Se reduce la cuantía de lo defraudado, que pasa de 120 mil euros a 50 mil euros (de 140 mil a 60 mil dólares).
Además, se precisa que los funcionarios que falsen datos oficiales sobre las cuentas públicas de la administración, pueden recibir una pena de uno a tres años de prisión.
