La Administración federal guarda con recelo los datos sobre los ejecutados durante el sexenio de Felipe Calderón. Reforma publica el día de hoy que desde octubre del 2011, el actual gobierno dejó de actualizar este tipo de información, pese a que el IFAI ha ordenado a la PGR dar a conocer la información a los ciudadanos.
De acuerdo con el diario, el pasado 11 de enero fue la última vez que las autoridades dieron a conocer cifras sobre el comportamiento que ha tenido esta información; sin embargo, el periodo comprendido en el reporte va del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre del mismo año. Estos datos son complementarios de la llamada Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial, que está disponible en la página de internet de la Presidencia de la República y que contiene los homicidios ocurridos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, última fecha de actualización.
Durante los primeros cuatro años del sexenio, las autoridades federales se habían negado a informar sobre el número de homicidios vinculados al crimen organizado y no fue sino hasta el 4 de agosto de 2010 cuando, en voz de Guillermo Valdés, entonces director del Cisen, se informó que hasta esa fecha los muertos sumaban 28 mil.
El 12 de enero de 2011, durante una sesión de los Diálogos por la Seguridad, el entonces vocero del Ejecutivo y hoy titularo de Gobernación, Alejandro Poiré, dio a conocer la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial.
Para María Elena Morera, presidenta de Causa Común, la falta de investigación de los homicidios por parte de autoridades estatales y federales, se debe a la ausencia de coordinación para determinar cuáles están vinculados al crimen organizado y cuáles no, además de una metodología endeble, son factores que impiden conocer la cifra real de ejecutados.
"Tienen varios problemas, y la que me parece es la fundamental es que no hay coordinación entre los gobiernos estatales y el federal para investigar", dijo.
