Piden en Guatemala reformas contra financiamiento electoral privado

14/08/2012 - 10:21 pm

Guatemala, 14 Ago (Notimex).- Académicos, analistas y autoridades abogaron hoy por reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la prohibición de financiamiento privado a las campañas políticas en Guatemala.

La necesidad de optimizar el control y fiscalización de los partidos políticos fue analizada en un foro convocado por las universidades de San Carlos de Guatemala (Usac, la mayor del país), y la privada Rafael Landívar, una de las más importantes casas de estudios.

El intelectual indígena Alvaro Pop deploró que en Guatemala se hayan “privatizado” las campañas y que los partidos políticos ganen los eventos electorales de acuerdo con su poder económico y capacidad para difundir su propaganda.

“Se ha llegado al extremo de contar con candidatos que no tienen preparación ni trayectoria política, pero que son respaldados por un gran capital para su campaña. Entre más plata mejor, aunque el aspirante no tenga propuestas”, dijo.

Pop, quien preside el Observatorio Electoral Indígena, aseveró que recibir dinero de grupos empresariales y políticos para las campañas crea compromisos nefastos, que una vez llegado al poder el candidato tiene que pagar, en desmedro de la independencia del gobierno de turno.

El auditor electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Girón, dijo que en los pasados comicios generales y presidenciales del 2011 se recibieron denuncias de campañas políticas financiadas por el narcotráfico.

“Conocimos de la posibilidad de financiamiento de campañas y partidos políticos de parte del narcotráfico, pero no hay registro de esos ingresos y tampoco contamos con elementos para comprobar esos señalamientos”, aclaró el funcionario del TSE.

El académico Cristians Castillo dijo a su vez que los principales sectores del país deben hacerse sentir ante políticos y sobre todo los diputados para que se concreten las reformas electorales y se democraticen los partidos y se transparenten sus finanzas.

Coincidió en que, pese a lo oneroso de la carga, el Estado debe asumir la responsabilidad del financiamiento del voto –y en consecuencia de las campañas- y eliminar los ingresos privados para evitar el riesgo de la intervención del crimen organizado.

El 11 de septiembre de 2011, más de 7.3 millones de ciudadanos inscritos en el padrón fueron convocados a las urnas para designar presidente y vicepresidente, 333 alcaldes, 158 diputados al Congreso Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El presidente Otto Pérez Molina, acusado por sus opositores de gastar en exceso en la campaña política y de no comprobar los ingresos, se impuso en una segunda vuelta electoral el seis de noviembre pasado al candidato Manuel Baldizón.

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