La ciudad de Los Ángeles, que encuentra sobre cuatro placas tectónicas, ha trabajado durante dos años para llevar un registro de los edificios vulnerables así como de esfuerzos en educación pública sobre los riesgos de la inacción, un nivel de esfuerzo que no ha tenido la Ciudad de México, plantea el diario Los Angeles Times, en un amplio reportaje sobre el tema.
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Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Cuántos edificios se encuentran en estado vulnerable ante un sismo en la Ciudad de México? No se sabe. Las autoridades de la capital no cuentan con un registro para identificar las estructuras riesgosas, así lo informa el periódico estadounidense Los Angeles Times.
La publicación explica que después del sismo de 7.1 grados que cobró la vida de 360 personas en seis estados de la República mexicana el 19 de septiembre, siendo la Ciudad de México la más afectada con 225 decesos, el Gobierno sigue sin catalogar propiedades con estructuras débiles.
Esta denuncia ha sido un fuerte llamado de expertos al Gobierno de la Ciudad de México para que las autoridades tomen medidas preventivas y se obligue a los dueños de las construcciones recargar con abrazaderas de acero o se construyan nuevo muros.
Sergio Alcoer, ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entrevistado por los periodistas Rong-Gong Lin II y Cecilia Sánchez, precisa que para abordar esta acción se debe avanzar rápido ahora que está en la mente de las personas.
Los Angeles Times pone como ejemplo lo sucedido en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Refiere que en 2015 esta ciudad aprobó una ley para identificar a los edificios y apartamentos hechos de concreto vulnerables para ordenar su reacondicionamiento.
Esta ley obliga que los propietarios de las constructores arreglen sus edificios en un periodo de siete años, además les da un plazo de 25 años para completar las modificaciones para estabilizar los marcos de concreto débiles.
La ciudad de Los Ángeles, que encuentra sobre cuatro placas tectónicas, ha trabajado durante dos años para llevar un registro de los edificios vulnerables así como de esfuerzos en educación pública sobre los riesgos de la inacción, un nivel de discurso, señala Los Angeles Times, que no ha tenido la Ciudad de México.
Esta ciudad además de crear un registro creó incentivos económicos a los propietarios que respondan positivamente a la ley como librarlos de impuestos y darles prestamos para apoyar las remodelaciones que pueden alcanzar de 15 a 20 por ciento del costo para reemplazar un edificio.
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Al menos 47 edificios se derrumbaron en la Ciudad de México tras el sismo, de los cuales 14 se ubican en la céntrica delegación Benito Juárez y 13 en la delegación Cuauhtémoc. Al sur, seis cayeron en Tlalpan, cinco en Xochimilco y tres en Coyoacán, de acuerdo con el registro de Google Maps.
Entre algunas construcciones que se desplomaron destacan obras con una antigüedad no mayor a 30 años. A partir de 1986, se expidieron leyes y protocolos para que las nuevas edificaciones cumplieran con los mínimos requisitos para que la devastación causada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 no se repitiera.
Arquitectos consultados por SinEmbargo en septiembre aseguraron que –aunque México “aprendió” de aquel siniestro de hace 32 años y los daños pudieron ser mayores– la corrupción en el tedioso proceso de obtener los permisos para construir, la calidad de los materiales seleccionados para ahorrarse costos o los daños no resueltos en sismos previos pudieron haber sido algunas de las causas de los desplomes registrados y que provocaron la muerte de decenas de ciudadanos.
“Los motivos pueden ser muchísimos y cada caso tendrá sus circunstancias especiales. Las fallas pueden venir por ejemplo de errores de cálculo desde el proyecto, materiales de baja calidad, ejecución de obra deficiente, sobrecarga de equipos, mobiliario o de población, que el inmueble se hubiera utilizado con un fin diferente (por ejemplo, un edificio calculado para habitación no debería ser calculado como de oficinas), y afectaciones posteriores y no resueltas en terremotos previos”, aseguró el arquitecto Axel Miramontes.
“Un inmueble –sobre todo mayor a una simple casa habitación– requiere de mucho personal y varios especialistas a cargo. La responsabilidad es de quien diseña, de quien calcula, de quién aprueba los permisos de construcción, de quien ejecuta la obra, de quien le da seguimiento en desastres, y de quien le da mantenimiento. Desgraciadamente los errores u omisiones en los bienes inmuebles desencadenan casi siempre en desgracias con efecto dominó”, agregó.
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de Construcción, así como las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismos exponen los requisitos que los propietarios deben cumplir ante sus delegaciones respectivas para levantar una obra y “obtener una seguridad adecuada tal que, bajo el sismo máximo probable, no habrá fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas”.
No obstante, la lentitud para la obtención de una licencia de construcción promueve utilizar la corrupción “como un atajo”, determinó la plataforma Construcción sin Corrupción del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
Los requisitos variados como trabas legales, problemas para obtener permisos, cumplimiento de reglamentos, hacen de la industria de la construcción la más propensa a caer en un acto de corrupción, de acuerdo con la consultoría Deloitte.
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