La Procuraduría General de Justicia comprobó que las cámaras de vigilancia instaladas dentro de la patrulla donde policías se llevaron al menor de 17 años de dad, Marco Antonio Sánchez, estaban averiadas desde el pasado 8 de noviembre debido a un corto circuito.
Este día, el padre del joven confirmó que aún no tiene un diagnóstico del estado de salud del muchacho y que los resultados de los estudios que se le han realizado hasta el momento están en un “sobre cerrado”. Entre los estudios que le han realizado hay análisis de sangre, orina, tomografías y una resonancia magnética por una “inflamación en la cabeza”, explicó el papá.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que las cámaras de seguridad instaladas dentro de la patrulla donde fue subido el menor de de 17 años, Marco Antonio Sánchez, estaban averiadas.
A través de un comunicado, la PGJ detalló que se comprobó que desde el pasado 8 de noviembre las cámaras de la patrulla donde policías capitalinos subieron a Marco Antonio estaban averiadas debido a un corto circuito en el mecanismo del sistema eléctrico, como ya lo había informado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La familia denunció hoy que no ha tenido acceso al expediente clínico del muchacho, por lo que la defensa en el caso ha interpuesto los recursos necesarios para tener tener los resultados de los estudios que se le están realizando en el Hospital Pediátrico Infantil en donde se encuentra actualmente, pero esos recursos legales llevan tiempo.
“Hay una resistencia para que la familia tenga copia física e íntegra de los resultados, para que la familia lleve sus estudios con cualquier médico independiente”, dijo Margarita Griesbach, directora asociada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC.
“La entrega debería de ser inmediata”, añadió la abogada.
Marco Antonio Sánchez, de 17 años, es un estudiante de preparatoria que desapareció en manos de agentes de la policía, que duró tras cinco días sin que su familia supiera nada de él y tras la presión social que se manifestó, “apareció” con visibles golpes, transformado, sin reconocer a sus padres y sin saber su propio nombre.
De acuerdo con lo narrado por el amigo que lo acompañaba el día de la desaparición, el 23 de enero, Marco Antonio caminaba cerca de la estación del Metrobús El Rosario, en la delegación Azcapotzalco, donde le llamó la atención un grafitti al que le quiso tomar fotos.
En ese momento, un sujeto habría solicitado el auxilio de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) acusando a Marco Antonio de intento de robo. Pero esta información podría ser mentira: ese presunto individuo NO aparece.
El menor fue perseguido por los uniformados hasta dentro de la estación.
Allí, según la declaración de los dos policías, se suscitó el altercado con el joven: él decía que no había hecho nada, y al ser cuestionado de por qué se había echado a correr fue cuando “perdió el control”; lo sometieron para intentar calmarlo, pero nunca lo golpearon, aseguran los uniformados.
Usuarios del Metrobús presenciaron el momento en que los elementos de la SSP subieron al estudiante de preparatoria a una patrulla.
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Los policías que lo detuvieron– armados con cascos y toletes– dicen que preservaron la presunción de inocencia, que lo soltaron cinco minutos después al percatarse que la persona que lo acusó había desaparecido, y que por eso decidieron no reportar el incidente a sus superiores, pero que en todo momento, argumentan, cumplieron con el protocolo.
Ayer el Gobierno de la capital mexicana filtró a la prensa videos y fotografías sobre el arresto de Marco, en donde se puede ver que los agentes no siguen ningún protocolo con el estudiante menor de edad. Sin existir flagrancia –el joven no es sorprendido cometiendo algún delito–, es tratado como criminal. Sánchez Flores, que se sabe inocente –algo que la misma autoridad reconocerá: lo deja en libertad– opone cierta resistencia y la respuesta es el sometimiento y la humillación.
Pero eso es sólo lo que el Gobierno de la Ciudad de México ha permitido que se vea. Los videos están editados y no muestran momentos clave.
Las autoridades capitalinas, que han sido acusadas en el pasado de filtrar información de casos sensibles, entregaron apenas tramos de video a los medios, no información completa. Aún con esa información es posible advertir que el menor de edad es tratado como si hubiera cometido un crimen y se le hubiera detenido el flagrancia. En el material filtrado se puede apreciar que al menos uno de los agentes atacó por la espalda al estudiante. Fue a las 16 horas con 33 minutos de ese 23 de enero, cuando el estudiante preparatoriano desapareció. Eso es lo que el Gobierno capitalino filtró, es decir, lo que deja ver. Pero no entregó nada de información de lo que pasó después, cuando el estudiante es llevado en una patrulla.
Defensores y activistas han señalado que el caso es una evidente desaparición forzada por lo que, junto con estudiantes, han salido a la calle para exigir justicia.
Más de 40 organizaciones civiles y activistas han condenado que el Gobierno capitalino no quiera investigar el caso de la desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores como tal, pues considera que estuvo “deambulando libremente” durante cinco días luego de ser detenido y golpeado por policías.
Los denunciantes exigieron a las autoridades capitalinas el esclarecimiento de los hechos, sanción para los policías responsables de la detención y garantizar acceso a la justicia de las víctimas.
“Lamentamos profundamente que el Gobierno de la Ciudad de México no demuestre las capacidades para actuar adecuadamente en la búsqueda de una persona que es detenida por policías; siendo que, por el contrario, fue la ciudadanía la que se organizó y activó la búsqueda de Marco Antonio”, expresaron en un comunicado más de 40 organizaciones civiles.
Los inconformes denunciaron que las autoridades responsables han incurrido en “severas omisiones” en la aplicación de protocolos de detención y búsqueda con vida, en la localización de Marco Antonio.
“Rechazamos desde ahora todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no correspondan con los hechos narrados por testigos, con la finalidad de eliminar la responsabilidad de los superiores jerárquicos, quienes toleran u ordenan la desaparición forzada de personas. Exigimos se garantice la no repetición de este tipo de casos por parte de agentes estatales y la reparación del daño a Marco Antonio y su familia”.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la manera en que las autoridades han manejado el caso pues se evidencia que no existe un manejo sobre los elementos policiales.
“Esta situación nos alarma, pues evidencia que, o no se cuenta con control sobre los elementos policiales, o que las omisiones en torno a la desaparición de este joven son acciones encaminadas a proteger a los perpetradores”, señalaron las organizaciones.
Por su parte, la defensa anunció que se tomó la estrategia de un “círculo demandante” de cinco personas defensoras de los derechos humanos que tomarán parte en la demanda interpuesta en el caso de desparición forzada de Marco.
Los demandantes tendrán acceso al expediente y buscarán que las autoridades de la Ciudad de México asuman la responsabilidad de la desaparición forzada.
