Organizaciones sociales mexicanas documentaron que entre 2008 y 2010, elementos que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua cometieron asesinatos, crímenes como tortura, desaparición forzada, privaciones de la libertad, así como violencia sexual.
También pudieron confirmar que utilizaron instalaciones militares como recinto para torturar a la población y como vehículos militares, para realizar detenciones arbitrarias, además de que personal médico militar también participó en las torturas.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron hoy una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en los Países Bajos, por los crímenes cometidos en contra de civiles por parte de miembros del Ejército mexicano en el estado de Chihuahua, entre 2008 y 2010, durante la llamada guerra contra el narcotráfico.
“Según la investigación de las organizaciones denunciantes, las atrocidades cometidas en aquel estado fronterizo calificarían como crímenes de lesa humanidad por lo que la CPI podría investigarlos”, detalla un comunicado firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otros.
El documento indica que estas violaciones a los derechos humanos se registraron durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), entre los años 2008 y 2010, durante la guerra contra el narcotráfico, declarada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este operativo el Ejército mexicano realizó labores de seguridad y de investigación criminal.
La operación supuso "una intervención masiva de las fuerzas armadas en la seguridad pública", dijo en una rueda de prensa el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos (Red TDT), Fernando Ríos, organización mexicana que forma parte de la FIDH y ha promovido la denuncia.
Buena parte de las víctimas son de Ciudad Juárez, a menos de diez kilómetros de la frontera con Estados Unidos y punto caliente de la ruta de la droga hacia el país vecino.
En la denuncia entregada ante la CPI, las organizaciones documentaron que integrantes de las fuerzas armadas que participaron, con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad.
Entre estos crímenes, detallaron, se registró torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas. También denunciaron que se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes. Y ejemplificó que se documentó el uso de vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura.
“Los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil”, acusan.
Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase de este operativo por elementos militares.
Las víctimas eran vistas por el operativo militar como sospechosos de estar relacionados con el narcotráfico.
Muchas de las víctimas no mortales -el informe calcula que hubo al menos 20 fallecidos- fueron liberadas tras meses de cautiverio en instalaciones militares, después de que las pruebas presentadas contra ellas se considerasen insuficientes por parte de los jueces, según se denuncia en el informe.
"Estos actos serios fueron consistentemente presentados como casos aislados, como 'víctimas civiles', 'daños colaterales' o actos de 'algunas manzanas podridas', en el contexto de una "estrategia efectiva" de una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes, señaló la FIDH en el documento remitido a la CPI.
Sin embargo, hay "elementos claros de patrones y de una política que permitió, toleró e incluso promovió la comisión de delitos" en Chihuahua, denunció José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos.
La FIDH explicó que han existido "escasas investigaciones, juicios y condenas contra el personal militar en el nivel medio de la cadena de comando".
Añadió que esas pesquisas no han perseguido "a los mayores responsables, como los miembros de mayor rango militar y civil que diseñaron, permitieron y ayudaron a una política que resultaría en la comisión sistemática de crímenes".
EN MÉXICO NO HAY VOLUNTAD PARA INVESTIGAR
La organizaciones dijeron que acudieron ante la CPI debido a que en México “no hay voluntad ni capacidad para llevar a juicio a los responsables”.
Alertaron que “la continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales - que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior - han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país”.
Detallaron que la denuncia tiene la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos.
Y finalmente informaron que esta denuncia es la tercera comunicación que la FIDH, la CMDPDH y otros organismos transmiten a la CPI, luego de las presentadas respecto a la situación en Coahuila y Baja California.
-Con información de EFE
