México 23 Ago. (Notimex).- Ante el alza en los precios del huevo en el país, el diputado del PRI, Alberto Jiménez Merino, señaló que debe ser el gobierno federal quien establezca precios máximos del producto al público.
Asimismo, consideró adecuada la medida anunciada por las autoridades de sancionar hasta con prisión a los especuladores y acaparadores del huevo, pues “cada vez que hay crisis, hay vivales que abusan de la necesidad y tratan de obtener ganancias de forma indebida”.
En entrevista, el integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de San Lázaro recordó que la LXI Legislatura exhortó al Ejecutivo federal a vigilar los costos de producción y establecer precios máximos del producto al público.
Además, consideró que la importación de insumos básicos ayudará a mitigar esta situación, aunque, dijo, no resuelve el problema de fondo y el próximo gobierno deberá implementar una estrategia de atención a la producción nacional que enfrente el desabasto de alimentos.
A su vez, Vidal Llerenas Morales, integrante de la Comisión de Economía, se pronunció a favor de sancionar con cárcel a los especuladores y acaparadores del huevo, al asegurar que problema de la escalada de precio ha empeorado por la especulación de proveedores, comerciantes y distribuidores.
El diputado perredista consideró positivo importar huevos de Estados Unidos para combatir el alza de su precio, pero apuntó que el alza en los precios no está basada tanto en un problema de oferta, además de que ya se ha importado producto, por lo que “no debe de haber ya razón para precios altos”.
En tanto, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el panista Luis Enrique Mercado Sánchez, consideró que será difícil penalizar a los comerciantes que incrementen los precios del huevo, ya que el incremento se ha dado en su mayoría en el pequeño comercio.
“Quitémonos de esas ideas arcaicas y demagógicas de que se puede castigar a los que especulen. Hagamos las cosas racionales, aumentemos la oferta de huevo para que se modere la presión sobre el precio”, expuso el legislador.
Por su parte la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mary Telma Guajardo, puso como ejemplo algunas naciones de América Latina como Brasil y Uruguay, que han tomado medidas económicas para evitar el hambre de sus habitantes y castigar a los especuladores.
Manifestó que en el país el derecho humano a la alimentación tiene rango constitucional y el Congreso está obligado a desarrollar la legislación secundaria para garantizar que ataques especulativos y problemas de la economía mundial no afecten la alimentación de los mexicanos.
