Monterrey, 1 Sep. (Notimex).- Diputados locales del PAN solicitaron hoy que se inicie la averiguación penal en contra de funcionarios públicos por los delitos que les resulten derivado de los hechos que se registraron el 25 de agosto en el casino Royale.
Los legisladores Hernán Salinas, Víctor Fuentes, Brenda Velásquez y María del Carmen Peña presentaron una denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público Especializado del fuero común, delitos electorales y en delitos cometidos por servidores públicos.
El documento indica que en los hechos del casino “quedaron de manifiesto diversas omisiones por parte de funcionarios públicos respecto a la vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de protección civil” en el casino Royale.
Señala que según el representante legal de los propietarios del casino, Juan Gómez Jaime, el lugar había cumplido con los códigos de seguridad, señalando que el local recibió la autorización para operar en 2003 por parte de Protección Civil, al iniciar actividades.
“Sin embargo, empleados del casino han manifestado que no podían recordar ninguna inspección por parte de las autoridades de las medidas de seguridad contra incendios”, indica.
Menciona además que al momento de los hechos, rescatistas de Protección Civil del Estado y de Monterrey intentaron en varias ocasiones reventar la puerta trasera del centro de apuestas, “percatándose que la misma estaba bloqueada por dentro”.
Detalla que además “respecto de los supuestos permisos de casino Royale, de conformidad con el oficio DPC-SAE-D-010/2003, otorgado por la Dirección de Protección Civil Estatal, este ampara la autorización de operación del local para la empresa Casa Sanitarios y Azulejos”.
Refiere que dicho establecimiento operaba en el mismo lugar previo al casino, “sin que a la fecha se haya demostrado la legal expedición de permiso alguno por la autoridad de protección civil competente para dicho inmueble”.
Considera que esos hechos requieren ser indagados, por lo que solicitaron “que en el momento procesal oportuno, rinda su declaración el director de Protección Civil estatal y cualquier otro funcionario relacionado con estas omisiones”.
Enfatiza que se debe contar con la declaración de todos los servidores públicos que integren Protección Civil, así como cualquier otro funcionario público relacionado con estas omisiones.
Ello, para deslindar responsabilidades y saber si se realizó el trabajo adecuadamente “o bien existieron omisiones graves de servidores públicos irresponsables que sean constitutivas de delito”.
