Un estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela que la creación de redes familiares dentro del Poder Judicial es una realidad que puede obstruir la impartición de justicia. Al menos 47 por ciento de las y los funcionarios que tienen un cargo por estas redes cubren plazas sin pasar por filtros que prueben sus habilidades.
México, 27 de agosto (EFE).– El 51 por ciento de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un familiar en el Poder Judicial, de acuerdo con un informe publicado hoy que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en las sentencias y baja motivación.
"El nepotismo institucional está muy extendido, es innegable, porque el 51 por ciento de jueces y magistrados tiene al menos un familiar en el Poder Judicial de la Federación", dijo hoy Julio Ríos, autor del estudio El déficit meritocrático, lanzado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación destaca que se perpetúan redes familiares, abundan carreras judiciales incompletas y una falta de carreras administrativas tras 25 años de la creación del Consejo de la Judicatura.
Pese a que los puestos de Juez de distrito y Magistrado de circuito son por concurso, hay "graves problemas" para una selección transparente, indica el estudio.
Entre 1995 y 2016, 87 por ciento de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que solo podían inscribirse personas ya dentro del Poder Judicial. Es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.
De los más de 50 distintos puestos de trabajo que hay en el Poder Judicial de la Federación -que engloba desde la Suprema Corte hasta jueces de distrito y tribunales unitarios- solo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias.
Y solo cinco de esos 11 puestos son parte de la carrera judicial. De estos cinco, solo dos, juez de magistrado y distrito, se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos.
En tanto que los otros tres puestos se obtienen "esencialmente a discreción de jueces y magistrados", apuntó MCCI.
Todo ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47 por ciento cubren plazas sin filtros meritocráticos.
De estos familiares contratados, el 68 por ciento son por consanguinidad (49 por ciento de ellos son padre/madre a hijo/hija).
Mientras que el 32 por ciento restante son contrataciones por "afinidad". En su mayoría, el 65 por ciento de los casos, se da trabajo al cónyuge.
Por estados, los más "solidarios" con la familia son Jalisco (77 por ciento), Nuevo León (73 por ciento), Tlaxcala (70 por ciento), San Luis Potosí (65 por ciento) y Guanajuato (63 por ciento).
Del lado contrario, los estados menos "solidarios" son Nayarit (3 por ciento), Tabasco (16 por ciento), Colima (20 por ciento), Oaxaca (24 por ciento) y Guerrero (31 por ciento).
No obstante, faltan los datos del circuito judicial de la Ciudad de México y de Toluca. Por lo que "es probable que las cifras reales sean bastante mayores", subrayó Ríos.
Pese a las diferencias regionales, el 51 por ciento promedio es un dato "muy alto" si se compara con otros países, subrayó el experto.
En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un ocho por ciento de familiares en el Departamento de Justicia. Y en España, el 14 por ciento de los miembros del Tribunal de Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el académico.
El cargo más común para familiares es de oficial administrativo.
Este puesto requiere muy pocos requisitos, el nombramiento recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser una "plataforma para ingresar fácil" y después subir de categoría, estimó el académico.
Estos factores merman la credibilidad del sistema judicial en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de México citados hoy por MCCI, el 71 por ciento de los mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia.
Y según un estudio de World Justice Project (WJP), el 68 por ciento cree que tener familiares es "decisivo" para hacer carrera en la Justicia mexicana.
Para mejorar la impartición de justicia, el informe recomendó transparentar conflictos de interés, procesos y requisitos de promoción y sanción, crear una carrera administrativa y fortalecer la carrera judicial.
