Colima, 5 Sep. (Notimex).- Comisiones del Congreso del Estado analizan la iniciativa para crear una nueva Ley de Protección Civil del Estado, presentada por la priista Itzel Ríos de la Mora, a nombre de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y del Trabajo (PT).
Al darla a conocer en Sesión Ordinaria, la legisladora precisó que la iniciativa prevé dar el carácter de organismo público descentralizado a la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), y busca fortalecer las medidas de seguridad, difusión y sensibilización en esa materia.
“Gran parte del contenido de la iniciativa se deriva del Foro de Consulta para la Nueva Ley de Protección Civil, celebrado el pasado 6 de junio, el cual se centró en cuatro grandes ejes, que fueron Participación Social, Prevención, Operatividad y Normatividad”, indicó.
Recordó que en el foro participaron Francisco Alcibiades García, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, y Fernando Morales, presidente de la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados.
Asimismo, un representante de Laura Gurza, coordinadora general de Protección Civil de la Segob, y Melchor Urzúa, director de la Unidad Estatal de PC, quienes habrían coincidido en la necesidad de establecer normas claras que propicien una gestión integral de riesgos.
Aseveró que de ser aprobada la iniciativa, será obligatorio que al inicio de los eventos públicos y privados, donde la concentración de personas sea igual o mayor a 50, se den a conocer las acciones para salvaguardar su integridad física en caso de contingencia.
Entre estas, la ubicación de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión, entre otras.
La UEPC adquiriría carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de generar y facilitar mayores condiciones de operatividad material y presupuestaria de la misma.
Mientras que a las unidades municipales dependientes de los ayuntamientos, la ley prevé se les dote de autonomía financiera y administrativa.
Incluye también que los inmuebles públicos, establecimientos privados, centros laborales o cualquier sitio de concentración masiva, implementen programas y unidades internas de protección civil, así como estudios de riesgos de sus instalaciones y actividades.
Compuesta por 160 artículos, la iniciativa prevé sanciones por el incumplimiento de la ley y los reglamentos que de ella deriven.
Entre las mismas destacan la clausura temporal o definitiva, cuando se verifique que un edificio, casa, negocio, centro laboral, construcción u obra, ponga en riesgo a la población, y la demolición de construcciones que también representen un riesgo.
Además, multas de hasta 10 mil salarios mínimos y decomiso de materiales, sustancias, bienes muebles e inmuebles, directamente relacionados con las infracciones generadas de riesgo, siniestro, desastre o peligro.
