México, 5 Sep. (Notimex).- La bancada del PRI en el Senado pidió al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se incluya la creación de un fondo de atención a víctimas del combate al crimen organizado.
En entrevista, la senadora María Elena Orantes afirmó que dicho fondo es un reclamo justo de parte de la sociedad civil y una obligación del Estado, pues la población está expuesta a sufrir algún perjuicio en su integridad física o en su patrimonio.
Ese fondo, agregó, debido a que México vive un clima de enfrentamiento y violencia entre bandas de narcotraficantes, mientras que el Estado está "inmerso en una batalla sin precedentes para imponer su autoridad ante el narcotráfico y la delincuencia organizada".
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que los mexicanos se sienten "cada vez más indefensos ante el crimen organizado y muy vulnerable respecto a sus derechos básicos como seguridad, integridad física, salud y bienes materiales".
Insistió en que "los ajustes de cuentas entre los delincuentes en lugares públicos son cada vez más frecuentes, y la población está cada vez más expuesta a sufrir algún perjuicio en su integridad física o en su patrimonio".
La estrategia del gobierno federal ha provocado que en los operativos "se cobren vidas de inocentes y se hieran a personas, entre ellos menores", en enfrentamientos entre la policía y las Fuerzas Armadas en contra de los criminales, añadió.
Orantes aseguró que tan solo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado en los dos últimos años, por lo menos 158 casos de víctimas inocentes o colaterales, e intenta agregar a la estadística asuntos similares desde 2005.
Por ello, se debe crear el fondo, integrado con recursos incautados al narcotráfico para indemnizar a la población cuando se vea dañada física o materialmente en enfrentamientos entre las bandas criminales o los operativos en contra del crimen, agregó.
La legisladora por Chiapas explicó que el fondo debe prever terapias y brindar servicios jurídicos, de atención médica y psicológica, rehabilitación física y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de los individuos y las familias afectadas.
