Nueva York, 27 Sep (Notimex).- El Comité para la Protección de los Periodistas publicó hoy un informe especial en el que concluyó que la dura confrontación entre el gobierno de Argentina y la prensa crítica ha dado lugar a un clima de polarización.
El Comité (CPJ, por sus siglas en inglés) indicó que uno de los desafíos más serios que enfrenta la prensa de Argentina es la dependencia de la publicidad oficial, además está privando a los ciudadanos de información objetiva sobre asuntos esenciales.
Esto vuelve a los medios vulnerables a la “Censura indirecta”, afirmó Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas.
Agregó que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no debe discriminar a la prensa que critica a su administración.
“Instamos al Congreso de la Nación a promover una legislación que limite la discrecionalidad del gobierno en la asignación de la publicidad oficial”, añadió Lauría en un comunicado.
El CPJ concluyó que Kirchner ha capitalizado herramientas económicas en su disputa con la prensa y ha embargado publicidad del gobierno nacional en represalia por informes críticos de algunos medios.
Indicó que el gobierno ha recompensado con publicidad oficial a la prensa que apoya sus políticas.
Entre las conclusiones del informe, publicado por la organización sin fines de lucro Poder Ciudadano, señala que el gobierno es quien más invierte en publicidad en el país, con un nueve por ciento del mercado total, por lo que grupos de medios pueden ser muy susceptibles a la influencia gubernamental.
El CPJ destacó que el principal adversario de Kirchner es el mayor conglomerado de medios en la Argentina, el Grupo Clarín.
Una ley de medios aprobada en 2009 tiene por objeto diversificar el espectro de radio y televisión, pero los críticos afirman que Kirchner está tratando de ejercer un mayor control sobre el contenido informativo y obligar al diario a deshacerse de algunos de sus numerosos activos.
El Clarín continúa litigando en los tribunales contra las disposiciones de desinversión, pero el gobierno se ha comprometido a aplicar la medida en diciembre y prepara el escenario para una confrontación aún más seria.
“En la Argentina de hoy, algunos periodistas permanecen callados por miedo a ser calificados como enemigos del gobierno, mientras otros dedican su esfuerzo a desacreditar a sus colegas. La labor informativa sobre temas de interés público está sufriendo como resultado”, puntualizó Lauría.
