México, 18 Oct. (Notimex).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que vigilará que la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no se convierta en una fábrica de presuntos culpables.
Al hacer un pronunciamiento sobre la legislación recién promulgada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el secretario de Planeación del PRD, Vladimir García afirmó que si bien esta ley es necesaria, llega tarde, pues debió ser promovida antes de “declarar la guerra al crimen organizado”.
“Este ordenamiento que busca erradicar una práctica que representa para México el manejo irregular de entre 10 mil millones y 25 mil millones de dólares, es de urgente y necesaria aplicación para combatir las diversas actividades que realiza el crimen organizado”, dijo.
Recordó que a la fecha sólo 20 personas han recibido sentencias condenatorias por dicho delito desde 2007.
Sin embargo, insistió en el riesgo que conlleva “convertir prácticamente en policías a los intermediarios no financieros y en delincuentes potenciales a quienes participan en determinadas transacciones económicas”.
Afirmó que en un sistema judicial como el mexicano, que no se caracteriza por la correcta y justa aplicación de la norma, muchos ciudadanos se pueden convertir en “presuntos culpables”.
Reconoció que la ley es pródiga en castigos por evidente y excesivo uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la construcción, desarrollo y compraventa de bienes inmuebles y con la adquisición de bienes como obras de arte, joyas y vehículos.
No obstante, el dirigente perredista criticó que la nueva legislación carezca de medidas que castiguen ejemplarmente aquellas operaciones semi-legales que ya forman parte de la economía mexicana.
Lamentó también que la nueva ley que entrará en vigor dentro de nueve meses, por una parte generará mayor recaudación fiscal pero por la otra producirá una mayor elusión en el sistema tributario mexicano.
“Mucha gente optará por reducir y fraccionar artificialmente los montos de operaciones comerciales que, dados los topes marcados, se realizarán de forma discrecional y que se traducirán en un mercado negro de transacciones que incidirán negativamente en el sistema tributario de nuestro país”, opinó.
A la larga, dijo, si la normatividad específica es engorrosa dichas medidas conducirán a elevar tanto los costos de transacción como la corrupción, que indudablemente afectará los niveles de productividad, eficiencia y competitividad de la economía mexicana.
Por ello calificó de imperfecta dicha ley, aunque confió en que en el transcurso de los primeros meses del próximo gobierno, el Poder Legislativo haga las adecuaciones necesarias para que los delitos de cuello blanco no queden impunes e incluir los de índole política y campañas electorales en la misma.
