Bogotá, 22 Nov (Notimex).- Las víctimas del conflicto armado interno en Colombia sufren problemas de salud mental "muy graves", que deben ser tratados a fondo por las autoridades, advirtió hoy la directora de la fundación País Libre, Clara Rojas.
En diálogo con Notimex, la también exrehén de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijo que "el problema de salud mental de las víctimas del conflicto es un problema que nos preocupa mucho".
Aunque la reparación económica a las víctimas de la guerra interna es importante, añadió la activista humanitaria, "eso no es suficiente, porque la parte emocional es básica" para este sector de la población, que alcanzaría unos cuatro millones de personas.
"No podemos esperar que el conflicto termine, necesitamos que las víctimas tengan una orientación para salir de esta situación, restablecer la confianza y la identidad en su propia región y país", sostuvo Rojas, quien estuvo seis años en poder de las FARC.
Explicó que, por este motivo, la fundación País Libre impulsa un proyecto piloto en el caserío Las Palomas, zona rural de la caribeña ciudad de Montería, para fortalecer la salud mental de esa comunidad afectada por la violencia política.
Rojas, quien compartió cautiverio con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, advirtió que la confianza de las víctimas en sus instituciones "permite que puedan acudir a un centro de salud, donde (atiende) el sicólogo, y contar sin temores su situación de violencia".
La directora de País Libre, quien fue rescatada por el ejército en enero de 2008, recordó que los conflictos armados destruyen las "estructuras básicas de la comunidad y tienen un impacto negativo en el comportamiento colectivo y en la subjetividad de las personas".
En Las Palomas, País Libre desarrolla el programa "Sanamente", que con el apoyo de la agencia estadunidense de cooperación USAID busca "fortalecer los elementos psicosociales con los que cuentan las comunidades, a pesar del deterioro que produce la violencia".
El proyecto "Sanamente", que atiende a unas mil personas, tiene por objetivo fortalecer los factores protectores de las víctimas, como son los lazos familiares, comunitarios, religiosos y vínculos con los docentes.
