Leopoldo Maldonado
31/01/2025 - 12:01 am
El asesinato de Calletano en medio de un Estado ausente
Calletano había recibido amenazas de muerte el 13 de enero de 2025 por parte de presuntos integrantes de grupos dedicados al robo de combustible.
El asesinato de Calletano de Jesús Guerrero el 17 de enero de 2025 en Teoloyucan, Estado de México, es un trágico recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan los periodistas en México, incluso aquellos que cuentan con medidas de protección del Estado. Este homicidio, ocurrido doce años después del asesinato de Adrián Silva Moreno, también colaborador de Global México, pone en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.
Calletano había recibido amenazas de muerte el 13 de enero de 2025 por parte de presuntos integrantes de grupos dedicados al robo de combustible. A pesar de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas activó medidas urgentes, cuatro días después fue asesinado. Este hecho subraya la falta de una estrategia integral para proteger a los comunicadores.
Desde el año 2000, ARTICLE 19 ha documentado 169 asesinatos de periodistas en México, muchos de los cuales permanecen en la impunidad. Esta falta de justicia no sólo perpetúa el dolor de las familias, sino que también envía un mensaje de permisividad a los agresores, incentivando nuevos ataques. La impunidad se convierte así en un aliciente para que, a pesar de contar con medidas de seguridad, se asesine a periodistas.
El caso de Global México es emblemático. Dos años después del asesinato de Adrián Silva Moreno, el medio se incorporó en 2014 al Mecanismo de Protección. Sin embargo, desde entonces, sus integrantes han sufrido al menos 19 agresiones, incluyendo intentos de asesinato, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y robos de equipo de trabajo. Estas agresiones evidencian la persistencia del riesgo y la insuficiencia de las medidas de protección implementadas.
En varias ocasiones Global México y Artículo 19 tuvimos que impugnar los amagos de retiro de medidas. Los integrantes del medio de comunicación son incómodos para autoridades locales y grupos criminales, que en nuestro país actúan en connivencia. Diez años de dimes y diretes, de situaciones difíciles en las cuales los periodistas tuvieron que pelear por mantenerse protegidos. Diez años en los cuales ni uno solo de los agresores fue presentado ante la justicia.
La situación de violencia contra la prensa en México no es aislada. En 2024, Reporteros Sin Fronteras documentó 54 asesinatos de periodistas a nivel mundial, de los cuales cinco ocurrieron en México, posicionando al país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Además, México lidera la lista de países con más periodistas desaparecidos, con 30 casos registrados, representando el 30 por ciento del total mundial.
En los últimos siete años, ocho periodistas inscritos en el Mecanismo han sido asesinados, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar esta institución. La falta de recursos, la burocracia y la ausencia de una coordinación efectiva entre las autoridades federales y estatales contribuyen a la vulnerabilidad de los periodistas.
Pero no hay mecanismo de protección que funcione si no viene aparejada la justicia. La impunidad es un factor determinante en la perpetuación de la violencia contra la prensa. La ausencia de investigaciones diligentes y la falta de sanciones para los responsables generan un clima de inseguridad y desprotección. Los agresores saben que es poco probable que enfrenten consecuencias por sus actos, lo que los incentiva a continuar con sus ataques. En paralelo, el Mecanismo, pensado como medida de carácter temporal, tiende a volverse perpetuo.
Lo hemos dicho hasta el cansancio pero no está de más repetirlo. Es imperativo que el Estado mexicano adopte medidas contundentes para garantizar la seguridad de los periodistas. Esto incluye no sólo la implementación de medidas de protección reactivas, sino también la adopción de estrategias preventivas que aborden las causas estructurales de la violencia. Asimismo, es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione a los responsables de las agresiones contra la prensa.
En este contexto, de poco ayuda invisibilizar desde el discurso público la violencia contra la prensa, desdeñar la necesidad de implementar políticas, planes y estrategias de Estado para atender los niveles alarmantes de agresiones contra personas comunicadoras. Pasamos de las promesas vacías de un Gobierno que perpetuó la impunidad a uno que ni siquiera acusa recibo.
El caso de Calletano de Jesús Guerrero debe ser un punto de inflexión. No podemos permitir que su muerte sea una estadística más en la larga lista de periodistas asesinados en México. Es necesario que su caso se investigue a fondo, que se identifique y sancione a los responsables, y que se implementen medidas efectivas para que hechos como este no se repitan.
A una semana de su asesinato, otro periodista y también abogado, Alejandro Gallegos, fue desaparecido y encontrado muerto en Tabasco con signos de violencia el sábado 25. Al día siguiente, en una desafortunada pero acostumbrada estrategia de comunicación, la Fiscalía General de Justicia de Tabasco pretendió descartar la hipótesis del periodismo como móvil del crimen. Dicho deslinde fue validado en una “tarjeta informativa” por el Mecanismo de Protección, que además aclaró que Alejandro no se encontraba incorporado a dicha instancia. Preocupa lo comunicado: nunca en la historia del Mecanismo (2012 a la fecha) se había pronunciando sobre líneas de investigación que le corresponden a las fiscalías.
La impunidad no sólo afecta a las víctimas directas y a sus familias, sino que también envía un mensaje de desamparo a toda la sociedad. Cuando los crímenes contra periodistas quedan sin castigo se debilita el tejido democrático. Es por ello que la lucha contra la impunidad debe ser una prioridad en la agenda pública, pero, en los hechos, no lo es. Hoy, salvo excepciones, las víctimas juegan un papel secundario en la conversación pública de quienes toman decisiones.
En memoria de Calletano y de todos los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor, hacemos un llamado a las autoridades, a la sociedad civil y a la comunidad internacional para que se garantice la seguridad de los comunicadores. Ejercer la libertad de expresión de manera crítica no puede ser una sentencia de muerte en México.
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