El Diputado Hugo Eric Flores dijo que cuando llegaron a la Comisión Jurisdiccional encontraron algunas "comunicaciones de carácter oficial" respecto a que el caso del ahora Senador Alejandro Moreno ya había sido finiquitado por la Comisión pasada.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que preside Morena, presentará este febrero una iniciativa de Ley en materia de juicio político y declaración de procedencia (es decir de desafuero) para comenzar a descongelar las solicitudes de quitar el fuero al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a la Ministra presidenta Norma Piña o al Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras, así como desarchivar las solicitudes de juicio político.
La pasada Comisión integrada entre otros por el Diputado priista Rubén Moreira, dio por terminada la solicitud de desafuero contra el Senador, Alejandro Moreno, presentada en 2022 por la Fiscalía de Campeche para que pueda ser juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en la actual Comisión se tiene la intención de continuar desahogando el caso, ya que no encuentran un respaldo legal de las decisiones de sus predecesores, aseguró quien la preside, el Diputado Hugo Eric Flores.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, dijo en entrevista que en octubre pasado recibieron en el acto de entrega-recepción 127 cajas con expedientes contra expresidentes, gobernadores, alcaldes y ministros, cuya mayoría ya expiró.
Para evitar que los asuntos vigentes sigan rezagándose, entre ellos la solicitud de desafuero de "Alito" y de Piña, y la que se ha presentado contra Cuauhtémoc Blanco, esta iniciativa plantea que los delitos relacionados con corrupción no prescriban y que la Comisión Jurisdiccional esté obligada por ley a atender en 30 días las peticiones presentadas por la ciudadanía, por legisladores o por autoridades judiciales. De lo contrario, habrá "sanciones internas" como retirar del cargo al presidente de la Comisión y que no pueda concluir la Legislatura sin haber agotado todos los juicios políticos o de declaraciones de procedencia.
El Senador Alejandro Moreno está desde agosto de 2022 bajo solicitud de juicio de procedencia (retiro de fuero) por parte de la Fiscalía de Campeche que lo indaga por enriquecimiento ilícito. El entonces Fiscal de Campeche, Renato Sales, detalló que la carpeta de investigación aborda el cateo a su mansión construida cuando era Gobernador (2015-2019), la cual está valuada en 130 millones de pesos y donde se encontraron cuadros y piezas artísticas con valor de más de 50 millones de pesos.
Respecto a este caso vigente, el Diputado Hugo Eric Flores dijo que cuando llegaron a la Comisión Jurisdiccional encontraron algunas "comunicaciones de carácter oficial" respecto a que ya había sido finiquitado por la Comisión pasada, pero la actual que él preside sigue con la intención de desahogar el caso, ya que no encuentran un respaldo legal de estas decisiones de sus predecesores.
La Comisión Jurisdiccional pasada fue presidida por el Diputado morenista Humberto Pérez Bernabé e integrada, entre otros, por el Diputado priista Rubén Moreira, operador político de Alejandro Moreno.
"Nosotros encontramos aquí algunas comunicaciones de carácter oficial con respecto al caso del hoy Senador Alejandro Moreno que, desde nuestro particular punto de vista, no encuentran un respaldo legal ni de procedencia. Entonces, acudimos a hacer las observaciones en el acta de entrega-recepción, seguimos a la espera de estos comentarios porque para nosotros es bien importante poder hacer todo de acuerdo al debido proceso, esto no es una cacería de brujas. Hay una situación presentada que algunos compañeros creen que ya fue dictaminada y hay otros que sostenemos, con base en nuestra legislación vigente, que no fue dictaminada. Ante esta posibilidad estaremos esperando la respuesta de quienes fueron responsables en ese momento y, de no recibirlas, revisaremos con la propia Comisión Jurisdiccional si procedemos de manera diferente porque nuestra intención es desahogar ya estos casos que están abiertos", dijo el Diputado Hugo Eric Flores.
Y detalló sobre los criterios de esa "documentación oficial" emitida: "En estos momentos en el caso del Senador Alejandro Moreno, nos encontramos a la espera de algunas comunicaciones que hemos emitido tanto a personal que nos entregaron los expedientes como también de otras autoridades que tienen que ver con este asunto. No necesariamente (pruebas) porque tenemos otras cosas en el expediente, estamos esperando respuesta de alguna documentación oficial que ellos emitieron para saber con qué criterio lo emitieron y a partir de ahí presentarlo en la Comisión Jurisdiccional y que ahí, en el pleno de la Comisión, se determine si es de validarse estas decisiones que en su momento algunos que estuvieron en esta responsabilidad tuvieron".
Otros casos abiertos de solicitud de desafuero, expuso el presidente de la Comisión Jurisdiccional, son el de dos Diputados federales de Baja California Sur, del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y de miembros del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte como el Ministro en retiro Arturo Zaldívar o la Ministra presidenta Norma Piña, los cuales tendrían la posibilidad de dictaminar si la iniciativa de ley se aprueba por el Congreso.
"Hay distintos (ministros), he de decirte que hay unos en funciones y otros no en funciones, por ejemplo, hay algunos del Ministro cuando fue presidente de la Suprema Corte, (Arturo) Zaldívar. Desde luego que está también la actual presidenta del pleno de la Suprema Corte (Norma Piña), pero también se encuentran algunos expedientes donde están todos los ministros. Hay algunos que son en particular y otros que son en conjunto", aseveró Flores.
La iniciativa de Ley también busca definir qué es el fuero constitucional y quiénes pueden quitarlo a funcionarios públicos señalados de haber cometido un delito; plantear una categoría de sanciones; y que los Congresos estatales no puedan revertir el fuero como sucedió en diciembre de 2023 con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de obstrucción de la justicia en feminicidio de Ariadna Fernanda López.
"El caso del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, evidentemente hay un juicio en su contra que procede en la Cámara de Diputados, en el Congreso mexicano, y que cuando se regresa al Congreso estatal se da el argumento de que al ser un funcionario estatal, su fuero es estatal. Esto lo estamos definiendo y lo estamos debatiendo, cuáles son los alcances del fuero. El fuero constitucional no puede ser un fuero estatal. Estamos definiendo competencias, quiénes son los verdaderos responsables de quitar fueros constitucionales: el Congreso federal o los locales", dijo Flores.
Juicios políticos rezagados
La Cámara de Diputados también tiene la facultad constitucional de realizar juicios políticos para sancionar a cualquier funcionario público que cause un daño a la nación o al erario, independientemente de si son investigados por un delito y tienen o no fuero. La Comisión Jurisdiccional recibió la lista de solicitudes, donde hay varios gobernadores, exgobernadores, presidentes municipales, y diputados locales, algunos sin prescribir.
"Encontramos casos relevantes que desafortunadamente no fueron atendidos. Lamentamos mucho porque creemos que esta cultura de la impunidad, que ha imperado en nuestro país, ha dañado mucho a las instituciones, nos ha hecho perder credibilidad y han afectado el interés nacional. Todo mundo cree que esto es un asunto de carácter político y nosotros con esta legislación queremos volverlo un asunto de carácter eminentemente legal. No ha sesionado la Subcomisión de Examen Previo, pero nosotros tenemos el listado: hay varios gobernadores, exgobernadores que están sin prescribir; hay algunos presidentes municipales, algunos diputados locales. La lista es larga, pero existe. Necesitan ser desahogados por la Subcomisión de Examen Previo para que después sea turnado a la Comisión Jurisdiccional", determinó el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores.
En esta iniciativa se propone que la Subcomisión de Examen Previo pase a ser parte de la Comisión Jurisdiccional, para que se agilice la revisión de los requisitos institucionales y legales para dar entrada al juicio político o a una declaración de procedencia.
La Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos ya plantea sanciones en los juicios políticos, pero en la iniciativa por presentar este febrero se están ampliando e irían desde amonestación hasta inhabilitación temporal o, en el caso de que algún funcionario público haya sido sentenciado por algún tribunal penal, pueda ser inhabilitado de por vida. También hablan de restituir recursos al erario.
Este jueves 6 de febrero la Comisión Jurisdiccional sesionará para abordar una última versión de la iniciativa de ley en materia de juicio político y declaración de procedencia. Se trata de una ley reglamentaria al título cuarto de la Constitución (artículos del 108 al 114).
