Las recientes decisiones del presidente Donald Trump han reavivado preocupaciones sobre la utilización de medidas excepcionales que vulneran los derechos humanos. La expansión del Centro de Operaciones para Migrantes en la base naval de Guantánamo, el acuerdo con El Salvador para transferir prisioneros a su megacárcel, y la amenaza de “reasentar” a los palestinos radicados en Gaza, son ejemplos claros de esta tendencia. 

El 29 de enero de 2025, Trump firmó un memorando presidencial ordenando la ampliación del centro de detención en Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes considerados "criminales ilegales de alta prioridad". Esta instalación, históricamente asociada con la detención de sospechosos de terrorismo, ha sido criticada por prácticas de tortura y detenciones indefinidas sin debido proceso durante la administración de George W. Bush. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente las condiciones inhumanas y las violaciones sistemáticas en este centro. 

En aquel entonces, se concibió Guantánamo como campo de internamiento o de concentración, donde cualquier respeto por la dignidad humana quedaba diluido. Hoy estamos observando una vuelta a esa idea de lo concentracionario como escarmiento para quienes el nuevo régimen trumpista considera enemigos, y por lo tanto, desechables o sin derechos.

Pero la preocupación no para ahí. Paralelamente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció a Estados Unidos la megacárcel CECOT, con capacidad para 40,000 reclusos, para alojar a criminales deportados, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Este acuerdo, anunciado tras una reunión el fin de semana con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha generado controversia debido a las condiciones severas y las denuncias de abusos en las prisiones salvadoreñas. Reportes indican hacinamiento extremo, falta de programas de rehabilitación y restricciones severas a los derechos de los internos. 

El martes Trump propuso que Estados Unidos asumiera el control de la Franja de Gaza, sugiriendo la expulsión de sus habitantes hacia países como Jordania y Egipto, con la intención de reconstruir la zona y convertirla en una "Riviera de Oriente Medio". Esta iniciativa ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional, considerándola una violación flagrante del derecho internacional y una forma de limpieza étnica. La ONU ha recordado que toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida. 

Al etiquetar a los palestinos -lo mismo que a los migrantes- como una amenaza, se pretende legitimar su desplazamiento forzoso y la reconfiguración territorial sin su consentimiento, evidenciando una vez más la tendencia de Trump a emplear medidas de excepción que erosionan los principios democráticos y los derechos humanos.

Para abonar a esta lógica de guerra y eliminación del Otro/a/e, las acciones se sustentan en la aplicación de facultades derivadas de legislaciones internas destinadas originalmente a contextos de guerra. Un ejemplo cercano es la amenaza de imponer aranceles a México y Canadá para abordar cuestiones migratorias y de seguridad, utilizando herramientas económicas como mecanismos de coerción, previstas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Pero también ha invocado otras legislaciones de talante bélico para su política migratoria como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la Ley de Insurrección de 1807, y la recientemente aprobada Ley Laken Riley.

Además encontramos como elemento central de esta estrategia el protoganismo de lo militar. Ya sea en la frontera sur con México, el hecho mismo de utilizar Guantánamo o la idea de desplazar a los gazatíes, conlleva el uso del recurso más extremo de cualquier Estado: el Ejército. A eso hay que abonar las demandas para México de desplegar a la Guardia nacional militar y lo que surja de la gira de Marco Rubio por América Latina. 

Todas estas acciones nos remontan al llamado "derecho penal del enemigo", propuesto por el jurista alemán Günther Jakobs como un marco para entender estas medidas. La teoría fue ganando adeptos después del ataque a las Torres Gemelas, justo en el momento en que los ultraconservadores gobernaban en EUA.  Según Jakobs, el Estado puede tratar a ciertos individuos (el jurista alemán pensaba en los “terroristas”) no como personas con derechos, sino como enemigos, justificando así la suspensión de garantías legales y la implementación de medidas excepcionales. 

Esta perspectiva permite al Estado ejercer un control punitivo más allá de los límites del derecho penal tradicional, justificando acciones que, de otro modo, serían consideradas violaciones a los derechos humanos. La teoría fue ganando adeptos después del ataque a las Torres Gemelas, justo en el momento en que los ultraconservadores gobernaban en EUA y detonaban invsasiones a Afganistán e Irak.  En suma, la excepción se vuelve regla, todo se vale en este marco de “guerra” contra un supuesto enemigo interno. Para Bush eran los indeterminados terroristas, para Trump son diversos grupos de población, primordialmente los migrantes.

Es imperativo analizar críticamente estas políticas y sus implicaciones éticas y legales. La utilización de instalaciones con historiales de abusos y la externalización de la detención a países con registros cuestionables en materia de derechos humanos plantean serias preocupaciones sobre la dirección de las políticas migratorias y de seguridad del -aún- país más poderoso del planeta. La comunidad internacional y la sociedad civil deben mantenerse vigilantes ante estas tendencias que, bajo la justificación de la seguridad, erosionan los fundamentos del Estado de derecho y los derechos humanos universales.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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