Según estimación de la CEPAL, en México, el gasto social del sector público en 2023 registró un monto equivalente al 15.5 por ciento del Producto Interno Bruto, 5.2 puntos porcentuales más que en la cobertura del gobierno central.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El gobierno de México destaca en América Latina y el Caribe como uno de los que mayor énfasis han puesto en los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, particularmente en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, segun se desprende del balance que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe denominado “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, que se dio a conocer el pasado martes 4 de febrero del 2025.
En sus conclusiones, el referido estudio 2024 de la CEPAL señala que “en América Latina y el Caribe, los Ministerios de Desarrollo Social, o sus entidades equivalentes, suelen tener a su cargo algunas de las intervenciones principales de la protección social no contributiva. Esta última se compone de múltiples infraestructuras, servicios, prestaciones y transferencias monetarias y en especie que son esenciales para el bienestar y el ejercicio de derechos a lo largo del ciclo de vida de las personas”.
Explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que “en los países de América Latina, el gasto público en los sistemas de pensiones no contributivos para las personas de 65 años y más creció, en promedio, de un 0.16 por ciento a un 0.33 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] entre 2000 y 2021”.
Agrega el referido estudio que este incremento ha estado marcado por la expansión de este tipo de programas entre los países de la subregión, de 7 países en 2000 a 17 en 2021. Según las cifras más recientes disponibles, destaca Bolivia, que destinó recursos equivalentes al 1.52 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto], lo que se explica, entre otros factores, por la decisión de implementar un sistema de pensiones no contributivo de carácter universal. También sobresale, ese mismo año, el gasto en pensiones no contributivas de vejez del Brasil, con el 0.71 por ciento del PIB; México, con el 0.59 por ciento del Producto Interno Bruto y Paraguay, con 0.57 por ciento del PIB.
La protección social
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que las erogaciones que se consideran en la función de protección social son las correspondientes a servicios y transferencias monetarias y en especie, a personas y familias, relacionados con enfermedad, incapacidad, edad avanzada, familia, hijas e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social, que provienen tanto del componente contributivo como del no contributivo. El componente contributivo para la protección social de las personas corresponde a las cuotas que pagan los trabajadores por servicios como Seguro Social o Infonavit, por ejemplo. Y el componente no contributivo son las pensiones que otorga directamente el gobierno para paliar la pobreza y la desigualdad, como es el caso de las pensiones para adultos mayores.
La CEPAL describe que entre las transferencias se incluyen aquellas destinadas a cubrir los riesgos de pérdida de ingresos o el incremento de gastos que pueden afectar a una parte o a la totalidad de la población (relacionados con enfermedad, edad avanzada, cuidados, desastres, crisis económicas y sociales y desempleo), así como aquellas orientadas a facilitar la inclusión y proteger a la población de las consecuencias de la pobreza y la desigualdad (como los programas de transferencias de ingresos o en especie y los sistemas de pensiones no contributivos).
Gasto social
Algunos países de América Latina presentan informes agregados sobre el gasto público social correspondiente a coberturas institucionales más amplias, que incluye a todas las dependencias del gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, así como algunas instituciones del sector privado. El gasto público social es considerablemente mayor cuando se analizan coberturas institucionales más amplias que las del gobierno central.
Según estimación de la CEPAL, en México, el gasto social del sector público en 2023 registró un monto equivalente al 15.5 por ciento del Producto Interno Bruto, 5.2 puntos porcentuales más que en la cobertura del gobierno central. En términos de dólares per cápita a precios constantes de 2018, dicho valor significó un gasto de 1,573 dólares por persona, lo que supera en poco más del 50 por ciento los 1,040 dólares notificados en la cobertura del gobierno central.
Se destaca que, en la cobertura ampliada, las funciones de salud y protección social disponen de más recursos que en la cobertura del gobierno central. Este valor alcanza un 14 por ciento en la función de salud, que contrasta con el 9.7 por ciento observado en la cobertura del gobierno central, y un 56 por ciento en la función de protección social, 8.5 puntos porcentuales más que lo registrado en el gobierno central.
Las expectativas de vida
Según considera la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida a los 60 años que los hombres y también una mayor esperanza de vida saludable a dicha edad, pero tienen por delante más años de vida no saludable que los hombres. Esto lleva a que las mujeres tengan una mayor fracción de la vida en condiciones no saludables desde los 60 años, lo que se asocia, entre otras cosas, al mayor riesgo de perder capacidad funcional, especialmente en las edades más avanzadas. Por ello, se intensifican sus necesidades de cuidados y se hace más probable que el cuidado que siguen prestando cuando son mayores se efectúe en condiciones de mala salud, lo que agudiza las desigualdades de género entre las personas mayores.
Es fundamental, entonces, contar con políticas de protección social que, basadas en enfoques integrados, puedan contribuir a generar acciones tendientes a mantener la funcionalidad y autonomía de las personas mayores. De ahí la necesidad de contar con políticas de salud basadas en derechos que aborden todo el ciclo vital y políticas públicas que incorporen la salud como eje prioritario y transversal, con el objetivo de llegar en mejores condiciones de salud a la vejez. Si la prolongación de la vida se acompaña de un aumento de los años de vida con buena salud, se podrán enfrentar los desafíos del propio envejecimiento poblacional. Esta prolongación también redundará en costos más bajos para el sistema de salud, ya que es más eficiente invertir en promoción y prevención, al tiempo que mejorará la preparación para las posibles crisis sanitarias que puedan ocurrir en el futuro.
La morbilidad más alta entre las personas mayores, sobre todo de edades más avanzadas, es una de las causas de sus mayores requerimientos de cuidados. En la región, las personas de 65 años y más se ven aquejadas en mayor grado por enfermedades cardiovasculares (accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas). Las enfermedades respiratorias crónicas presentan un menor porcentaje, pero también aquejan a una proporción importante de población mayor, al igual que la diabetes.
¿Qué pasa en la educación?
De acuerdo con los registros de la CEPAL, en 2023, Jamaica fue el país de América Latina y el Caribe que destinó más recursos del gobierno central a la educación, un 5.5 por ciento del Producto Interbno Bruto (PIB), seguido por Costa Rica con 5.4 por ciento del PIB. Un segundo grupo está conformado por Chile, Honduras, el Uruguay y Barbados, que destinaron montos situados entre el 4.5 por ciento y el 4.9 por ciento del PIB. Por último, la Argentina, el Brasil y las Bahamas no superaron el 2.5% del PIB en lo que respecta al gasto del gobierno central en educación.
Pese a que la tendencia general en la región de América Latina y el Caribe es a una leve expansión del gasto, hay países que presentaron una variación mayor que la media regional, entre los que se destacan Colombia, el Ecuador y el Perú, que registraron aumentos de entre el 7 y el 11 por ciento, y Guyana, que mostró un aumento considerablemente mayor, al alcanzar el 33 por ciento. Entre las mayores variaciones negativas observadas, se encuentran las de El Salvador, Trinidad y Tabago y las Bahamas, que redujeron su gasto entre un 6.5 y un 10.1 por ciento. Aunque no hay que perder de vista la disparidad de población entre los países: mientras que Brasil tiene 216 millones de habitantes y México 128 millones, un pequeño país como Guyana apenas alcanza los 813 mil habitantes.
El gasto en salud
Aun cuando los niveles de gasto observados en 2023 se mantuvieron por encima de los niveles previos a la pandemia, continuó la tendencia a la baja registrada en 2022 y ninguno de los países alcanzó la meta propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se debe considerar que existe un grupo de países que no registran el gasto en esta función en las partidas del gobierno central, pero que, con coberturas más amplias, de aportaciones de otras instituciones estatales o privadas, sí cumplen el objetivo propuesto de destinar un 6 por ciento del PIB a la salud, considera en su informe 2024 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su infortme 2024.
Los países que realizaron un mayor gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto en Salud (PIB) en salud, durante 2023, fueron Chile, las Bahamas, Nicaragua y el Uruguay, entre el 3.1 y el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Solo se observan avances en términos del PIB en el Paraguay, Trinidad y Tabago y el Uruguay. En la mayoría de los países, la variación interanual muestra una disminución de las erogaciones en la función de salud, siendo las más pronunciadas las observadas en la Argentina con menos 16,8 por ciento; las Bahamas, con menos 12.7 por ciento y Nicaragua con menos 12.6 por ciento.
Por otra parte, se registran aumentos significativos del gasto en comparación con 2022 en Guyana: 16,5 por ciento más; Honduras, 13.2 por ciento de incremento y Paraguay con un alza presupuestal del 20.6 por ciento.
