La reciente reforma constitucional “de simplificación orgánica”, que llevó a la extinción y modificación de órganos autónomos como el INAI, ha generado un intenso debate sobre el futuro del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en México. La propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia, dictaminada y aporbada ayer en Comisiones del Senado, plantea cambios que podrían significar un grave retroceso en los estándares de transparencia que el país ha construido durante décadas.

La iniciativa del Ejecutivo ya dictaminada, omite elementos esenciales que garantizan los derechos humanos en cuestión, y en algunos casos, introduce disposiciones que facilitarían la opacidad y el uso arbitrario de la reserva de información.

El aspecto más preocupante es la ampliación de causales de reserva de la información representa una amenaza latente a la transparencia. Disposiciones como la causal contenida en la fracción XIV del artículo 112, que permite clasificar estudios y proyectos bajo el ambiguo criterio de "daño al interés del Estado", generan una zona gris que podría ser utilizada para ocultar información sobre megaproyectos y decisiones gubernamentales con impacto social y ambiental. Igualmente, la reserva de información sobre infraestructura estratégica y sistemas tecnológicos (fracción XVI, artículo 112) abre la puerta a la opacidad en sectores clave como telecomunicaciones, energía y defensa.

Por otro lado, la disposición del artículo 115, que clasifica como confidencial “la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme”, limita gravemente el acceso a la información pública y debilita la transparencia en la función pública. 

En este sentido, hay graves retrocesos respecto a los criterios para la reserva de información en casos de corrupción. Actualmente, la publicidad de estos casos es fundamental para la rendición de cuentas, pero la reforma sugiere que solo los actos de corrupción "acreditados" serán de acceso público. Esto significa que, mientras un caso esté bajo investigación, podrá ser reservado, limitando significativamente la posibilidad de escrutinio ciudadano y periodístico sobre posibles actos ilícitos. Gracias a la Ley que está apunto de abrogarse, podemos acceder a casos incluso bajo proceso de investigación, situación funcional con la paupérrima capacidad de investigación y juzgamiento de estos casos por parte de las instituciones mexicanas.

El debilitamiento de los mecanismos de impugnación y apelación es otro punto crítico. La eliminación del INAI y la falta de claridad para los usuarios sobre qué instancia asumirá la función de resolver recursos de revisión pone en riesgo la garantía de acceso efectivo a la información. Sin un órgano garante fuerte e independiente, los ciudadanos quedarían desprotegidos frente a negativas injustificadas de acceso a datos públicos. 

Ahora se pretende trasladar algunas funciones del INAI en el ámbito federal al órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que se llamará “Transparencia para el Pueblo”. Además de la condicionante de falta de imparcialidad e independencia en sus resoluciones, no se le faculta para ejercer acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales para reformas a leyes secundarias y otras normativas que trastoquen el derecho a la informaicón y la protección de datos personales. La razón es sencilla, es una entidad dentro del Poder Ejecutivo y solamente sería a través de éste -y la Consejería Jurídica- que eventualmente se pueda impugnar alguna legislación que retraiga los derechos en cuestión.

La administración de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también despierta inquietudes. La reducción del presupuesto para su mantenimiento y la falta de claridad en su operación podrían comprometer su estabilidad y seguridad, afectando la disponibilidad de información para la ciudadanía. Además se está perfilando una invasión de competencias al asumir la administración

Asimismo, el tratamiento de los datos personales en la nueva legislación es deficiente. Se otorgan facultades a las propias autoridades para resolver recursos de revisión sobre el uso de datos personales, lo que genera un claro conflicto de interés. La falta de un organismo independiente especializado en esta materia deja a la ciudadanía sin mecanismos efectivos para la protección de su privacidad.

En este contexto, resulta imprescindible que el Poder Legislativo escuche a la sociedad civil y a los expertos en la materia. Es necesario garantizar que la nueva legislación secundaria preserve el principio de máxima publicidad, elimine causales de reserva ambiguas, refuerce las obligaciones de transparencia y establezca mecanismos de apelación efectivos. Además, la protección de datos personales debe fortalecerse con estándares que respondan a los retos actuales de la digitalización y la inteligencia artificial.

México no puede permitirse retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información. La opacidad no solo vulnera los derechos ciudadanos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y favorece la corrupción. La legislación debe construirse en conjunto con diversas voces, con un enfoque de derechos humanos, asegurando que la transparencia y la rendición de cuentas sean pilares fundamentales de la democracia mexicana. Pero al parecer, otra vez el oficialismo legislará sobre las rodillas y sin escuchar crítica alguna, un tema  de la mayor importancia para la salud democrática.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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