Por Matilde Pérez y Janet Oropeza*

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la infraestructura en salud en México es insuficiente. Y la que existe no tiene una lógica clara de cobertura y/o no cuenta con el equipamiento adecuado para operar, que se agrava en zonas alejadas y de difícil acceso, y ha propuesto redoblar esfuerzos para revertir la situación.

El pasado 20 de febrero de 2025, la ASF hizo la tercera y última entrega de informes de auditoría del ejercicio del gasto de 2023, donde fueron auditados diversos sectores e instituciones públicas y gobiernos estatales. Respecto al sector salud, a nivel federal, en esta entrega, identificamos más de 26 auditorías, en que se revisaron más de 132 mil millones de pesos. Las auditorías realizadas varían en sus objetivos, en algunas se verificó el cumplimiento de los marcos legales, en otras el desempeño de los programas y las instituciones (objetivos, metas, impacto, etc.), en otras las inversiones físicas cuando se trata de construcción de infraestructura, e incluso hay auditorías forenses, con el propósito de identificar actos irregulares.

Dado que en México hay grandes desafíos en términos de acceso a infraestructura y a la salud, nos parece relevante analizar dos auditorías: la primera “Construcción y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero” y la segunda “Construcción y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca”. Estos dos proyectos revisten de mucha relevancia porque están dirigidos a ampliar y mejorar la cobertura e incrementar la capacidad del sector salud para atender a población con altos índices de rezago y pobreza, a través de la creación en estas dos localidades de un Hospital General de 90 camas y se ofertarán cuatro especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia; además de diversos servicios como Urgencias, Tococirugía, Cirugía, Cirugía Ambulatoria, Endoscopía, Clínica de catéter, Laboratorio, Diálisis Ambulatoria, Terapia Respiratoria y Quimioterapia. Servicios que las personas actualmente no acceden tan fácilmente pues tienen que trasladarse a otras ciudades del estado o incluso a otras entidades federativas, en donde están disponibles.

El costo total de cada proyecto es de más de mil 757 millones de pesos y es necesario que a la hora de construir infraestructura haya mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas claros que garanticen que se haga un uso adecuado de los recursos. Los proyectos son ejecutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con quien el IMSS-Bienestar, firmó acuerdos de colaboración.

Algunos hallazgos que la ASF destacó son: en ambos casos, no se contó con un proyecto ejecutivo definido. Se inició utilizando el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital de Atlacomulco, en el Estado de México, elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018, sin considerar que las condiciones de diseño de mecánica de suelos y tipo de zona sísmica de estos estados son distintas a las de Atlacomulco, lo que provocó conceptos de trabajos adicionales y no contemplados en el presupuesto original, como compra de material, renta de maquinaria y contratación de personal, entre otros. Esto demuestra problemas de planeación, que generan gastos adicionales.

La ASF encontró también que no se acreditó contar con la totalidad de los documentos que debieron formar parte integrante del convenio de colaboración para la ejecución de los proyectos de inversión; por ejemplo, la lista de los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas y subcontratos necesarios para los proyectos, tampoco la relación de costos básicos de materiales y mano de obra de los precios unitarios, el desglose de costos indirectos, programas de ejecución por concepto, maquinaria, equipo, materiales, equipo permanente y de personal. Lo que genera opacidad en el ejercicio de recursos y abre la puerta de par en par a la corrupción.

Por las irregularidades y omisiones detectadas, la ASF sugiere generar procesos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria tanto a personal del IMSS-Bienestar como de la Defensa. De forma positiva, en el transcurso de la revisión, la ASF logró recuperar recursos por más de 12 millones pesos en el caso de Guerrero y por más de 21 millones de pesos en Oaxaca.

Estas auditorías realizadas por la ASF demuestran que es importante que el IMSS-Bienestar mejore sus procesos de planeación de infraestructura y la ejecución y control de los proyectos, de manera que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma, en este caso, para beneficiar a la población usuaria de los servicios de Tlapa de Comonfort y Tuxtepec, porque permiten identificar y corregir situaciones o problemas que derivan en un uso incorrecto de los recursos públicos que, como en este caso, pueden afectar los servicios de salud que estarán destinados a poblaciones vulnerables. También pueden detonar procesos de investigación y sanción y de recuperación de recursos públicos, sobre todo cuando ha habido daños al erario.

El trabajo de La ASF y el poder legislativo juegan un papel clave para dar seguimiento a los resultados de estas auditorías porque colocan evidencia que puede contribuir para mejorar la gestión en este caso del IMSS-Bienestar y garantizar que los recursos que se invierten para fortalecer la infraestructura tengan un impacto positivo en la vida de las personas, de lo contrario no habrá dinero que alcance y aunque por parte de la presidencia se tenga una clara intención de fortalecer la infraestructura, será cuesta arriba.

*Matilde y Janer son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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