La reciente eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México ha encendido alarmas tanto a nivel nacional como internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación respecto a cómo el Estado mexicano garantizará la independencia, y evitará la intervención del Ejecutivo en el nuevo modelo de transparencia y protección de datos personales que sustituirá al INAI.

Durante el 192° periodo de sesiones de la CIDH, diversas organizaciones, en presencia de representantes del Gobierno, expresamos inquietudes sobre este cambio de paradigma en el derecho a la información. Por más de dos décadas, la sociedad civil, la academia y periodistas han trabajado arduamente para fortalecer la transparencia en México. La desaparición del INAI representa un retroceso significativo en este ámbito, debilitando el sistema de contrapesos que ofrecía un organismo autónomo especializado con facultades de control constitucional.

La reforma ya está en su etapa de reglamentación y la iniciativa de Ley General de Transparencia presenta por el Ejecutivo deja más dudas que certezas. El miércoles, sin mayor discusión legislativa y sin atención mediática, fue aprobada en el Senado. Falta el “mero trámite” de la Cámara de Diputados.

Esta legislación no sólo fragmenta la vigilancia del derecho a la información y la protección de datos personales, sino que también incrementa las causales para reservar información, contraviniendo los estándares interamericanos en la materia. Incluye términos tan peligrosos para negar información como “daños al interés del estado” Además, la administración y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta esencial para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información, quedan en incertidumbre, para empezar porque no se justifica que sea el Ejecutivo Federal quien administre la información de otros poderes públicos y otros niveles de Gobierno.

La CIDH cuestionó al Estado mexicano sobre el diagnóstico que justificó este cambio de modelo, especialmente considerando que el INAI era un referente en la región. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que dará seguimiento al proceso de transición, enfatizando que los Estados deben ser transparentes para garantizar la legitimidad de sus medidas. Además, se cuestionó la ampliación de las causales de reserva en la Ley aprobada por el Senado, lo que representa un retroceso en la apertura gubernamental.

Otro punto crítico es la ausencia de esquemas de participación ciudadana en la creación del nuevo modelo. La CIDH subrayó la importancia de la participación ciudadana para construir confianza y legitimidad en el proceso. De hecho, a los cuestionamientos expuestos en la audiencia no le siguieron respuestas claras del Estado. Durante la audiencia se apegaron al guión ya conocido públicamente: los órganos autónomos son inventos neoliberales, el humanismo mexicano es transparente y el Gobierno tiene mucha legitimidad popular. Nunca justificaron la cerrazón a la participación ciudadana en el proceso de reforma. Ya vimos por qué: no tienen evidencia, pero sí mucha retórica.

Este escenario se enmarca en un contexto de erosión democrática, evidenciado por la captura del poder judicial y la profundización de la militarización en el país. La eliminación del INAI no sólo pone en riesgo la garantía efectiva de los derechos humanos, sino también el espacio cívico, la participación ciudadana, y los procesos de verdad, memoria y justicia.

Es imperativo que el Estado mexicano reconsidere las implicaciones de esta reforma y garantice que cualquier cambio en el modelo de transparencia cuente con la participación activa de la ciudadanía y respete los estándares internacionales en la materia. Solo así se podrá asegurar una democracia sólida, basada en la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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