La Fiscalía de Perú confirmó que la Presidenta Dina Boluarte cuenta con más de una treintena de denuncias en su contra.
Madrid, 10 de marzo (EuropaPress).- La Fiscal General de Perú, Delia Espinoza, ha confirmado que la Presidenta del país, Dina Boluarte, se enfrenta a más de una treintena de denuncias en su contra, la gran mayoría presentadas por ciudadanos anónimos, aunque ha rechazado las afirmaciones de la mandataria sobre un presunto "golpe de Estado blando" contra su Gobierno.
Espinoza ha precisado que en total son 34 denuncias a las que se enfrenta Boluarte, si bien no en todos los casos ha sido llamada a declarar ante la Justicia, pues es un trámite que se lleva a cabo "únicamente cuando es estrictamente necesario para un esclarecimiento" de los hechos.
Boluarte salió al paso de esta situación la semana pasada, cuando denunció que estaba siendo víctima de un "golpe de Estado blando". La Fiscal de la Nación, sin embargo, ha rechazado tajantemente esta posibilidad y en declaraciones a la cadena América TV, ha dado por hecho que la mandataria se encuentra "tensa" por la situación por la que atraviesa.
"Toda persona denunciada, al ser investigada, suele ponerse tensa, se preocupa y, de pronto, puede decir cualquier cosa. Pero, en este caso en concreto, nosotros no somos políticos, ejercemos una labor constitucionalmente. Se nos obliga a perseguir los presuntos delitos de los más altos funcionarios", ha dicho.
Sin embargo, sobre la Fiscal también pesa una denuncia constitucional por supuesto abuso de autoridad y que podría costarle una inhabilitación por diez años. A Espinoza se le acusa de haber investigado a un grupo de diputados que aprobaron un proyecto de ley sobre remuneraciones a policías y militares retirados. Ante esto, Espinoza ha armado que tiene "la conciencia tranquila".
Expresidente peruano se declara en huelga de hambre
El expresidente de Perú Pedro Castillo ha anunciado este lunes que se declara en huelga de hambre como señal de protesta por el "politizado juicio oral" en su contra por presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad tras intentar arrogarse más competencias en diciembre de 2022, hechos por los que fue destituido y detenido.
El exmandatario ha compartido en su perfil oficial en redes sociales una escueta misiva en la que reitera una vez más que está siendo juzgado por unos hechos que "nunca" cometió y recuerda que la jueza al frente del caso ya “ha adelantado opinión” en su contra apara forzar el tipo penal de rebelión”.
"Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me llevan a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo", reza el escrito del expresidente, que cuenta con la firma del exministro de Defensa y abogado Walter Ayala.
Castillo se encuentra inmerso en un proceso judicial por posible rebelión y abuso de autoridad por los hechos acontecidos en diciembre de 2022, cuando trató sin éxito de disolver el Congreso, convocar elecciones y crear un gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña electoral previa.
La Fiscalía de Perú ha pedido para el exjefe de Estado una pena de 34 años de prisión, así como una inhabilitación de tres años y medio y el pago de casi 65.600 soles peruanos (en torno a 17 mil 100 euros) en concepto de reparación civil en favor del Estado.
La detención de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su arresto y en contra de quien tomó el mando, la que hasta entonces era su vicepresidenta, Dina Boluarte.
