Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Este sábado 8 de marzo miles de mujeres salimos a marchar, cifras del Gobierno de la Ciudad de México refieren que participamos más de 200 mil mujeres tan sólo en la capital del país. Las consignas fueron diversas, todas visibilizando las brechas que existen para el pleno disfrute de nuestros derechos y las situaciones de desigualdad, opresión y violencias que padecemos por el hecho de ser mujeres.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del total de mujeres de 15 años y más, el 70 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito a lo largo de su vida. A esto se suma la tragedia de que cada día son asesinadas 16 mujeres, se nos paga menos por el mismo trabajo y dedicamos muchísimas más horas a las tareas de cuidado.

El informe del Georgetown Institute for Women, Peace and Security ubica a México en la posición 103 de 167 países analizados en términos de las condiciones que brinda el país para que se respeten y garanticen los derechos de las mujeres; este lugar refleja que “a pesar de que se cuenta con políticas de representación parlamentaria y normas contra la discriminación, se tiene una de las peores calificaciones en seguridad (feminicidios), inclusión financiera y acceso a la justicia.”

A primera vista pareciera que, en el ámbito de la representación política de las mujeres, ya tenemos resuelto el tema con la llegada de la primera mujer Presidenta de la República y que en muchas responsabilidades públicas cada vez aumenta su participación y presencia. Sin minimizar estos hechos históricos, lo cierto es que aún persisten enormes obstáculos y barreras para que las mujeres en nuestras diversidades accedamos a altas responsabilidades públicas.

Tengamos presente a las mujeres indígenas, a las mujeres de la diversidad sexual, a las mujeres con alguna discapacidad, a las mujeres a las que se les ha negado su derecho a la educación, a las mujeres afromexicanas, a las mujeres trans, a las mujeres jornaleras, a las jóvenes, por mencionar a algunas. En la mayoría de los casos, la discriminación estructural del país es la principal barrera para que todas imaginen siquiera ocupar alguna alta responsabilidad pública.

Una vez esto aparentemente zanjado brotan otros obstáculos, sobre todo en los requisitos formales para su acceso, pues éstos tienen profundos sesgos de género. Es decir, requisitos que invisibilizan o no consideran el trabajo de cuidado no remunerado y las labores de crianza que hacen que muchas mujeres no estudien las especializaciones requeridas para llegar a altas responsabilidades públicas, lo que las pone en desventaja frente a sus pares masculinos. Lo anterior aunado al acoso sexual, la discriminación y el acoso laboral que también impiden a las mujeres desarrollarse plenamente en este ámbito.

En este sentido, resulta prudente problematizar el hecho de si realmente llegamos todas o cuáles deberían ser las medidas para que se eliminen las barreras que impiden su materialización. Unas primeras medidas pueden ser ajustar los requisitos, aparentemente neutrales, para acceder a altas responsabilidades públicas, así como profundizar la organización de concursos o procesos de selección exclusivamente para mujeres, que paradójicamente se borraron con la reforma judicial. ¡No basta con tener ya una Presidenta, sino que verdaderamente lleguemos todas!

#NoSinMujeres
#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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