Para el crimen organizado, las y los jóvenes suelen ser “carne de cañón”, personas expuestas a peligro de muerte, reclutadas bajo la oferta de mejores condiciones de vida y enganchadas en un círculo delictivo del cual difícilmente podrán salir.

Pobreza, falta de oportunidades y entornos criminales les hacen vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales, un fenómeno complejo revelador de problemáticas sociales, económicas y de seguridad.

La realidad resulta dramática. Las imágenes de ropa, maletas y decenas de pares de zapatos encontrados en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a poco más de una hora de la zona metropolitana de Guadalajara, colocan en el centro de atención un tema global. Un hecho calificado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como “terrible”, que requiere la coordinación de corporaciones federales y estatales.

Diversos factores contribuyen a que las y los jóvenes sean susceptibles al reclutamiento criminal. La desintegración y violencia familiar pueden empujarles a buscar pertenencia en grupos externos. Vivir en comunidades dominadas por el crimen organizado normaliza la violencia y facilita su incorporación a estas dinámicas.

En el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Cruz Roja Internacional alrededor de 300 mil niñas y niños son forzados a participar en conflictos armados o situaciones criminales, malos tratos y abusos sexuales. En México, organizaciones civiles calculan cerca de 35 mil.

Los grupos delictivos emplean diversas estrategias para captarles. Prometen ingresos rápidos y elevados, atractivos para quienes carecen de recursos. Se presentan como una "familia" que brinda protección y sentido de pertenencia, o utilizan la violencia e intimidación para forzar su participación.

Con el avance de la tecnología, los criminales han encontrado en las redes sociales una herramienta clave para enganchar nuevos miembros, en plataformas como Twitch, Discord, Facebook, Instagram o TikTok.

Además, niñas, niños y adolescentes pueden peligrosamente normalizar conductas delincuenciales y ser más susceptibles al reclutamiento, con repercusiones profundas para ellos y sus familias. La participación en actos delictivos genera traumas y trastornos mentales, desde estrés postraumático hasta depresión y ansiedad.

Los datos y la realidad exponen la necesidad de políticas públicas para prevenir esa problemática, señalada, por ejemplo, por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la urgencia de evitar que las y los menores de edad corten su ciclo escolar, integren grupos delictivos o sean consumidores de sustancias tóxicas mortalmente adictivas.

En la atención a las causas y la política social hay oportunidad para alejarles de las redes del crimen.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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