Sin duda alguna México vive hoy un proceso muy crítico y doloroso. La inseguridad, la violencia y la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado en muchas regiones, son hoy un hecho innegable. Los gobiernos federales de 2018 a hoy han tratado de plantear una solución de fondo y de largo plazo para recuperar la integración juvenil sana a la sociedad. La apuesta es valiosa, pero no ha sido suficiente para hacer frente a los problemas punibles de los que hoy, y no en el futuro, ya cometen crímenes.

Dicho esto, siempre es deleznable interpretar los hechos de manera reduccionista. Y lo es por dos razones. La primera es que eso suele hacerse no para entender un problema sino para crear consignas políticas. Y la segunda es que observar cualquier problema de manera parcial, en puro tiempo presente y desdeñando la historia, es una garantía de no resolverlo. Tomemos por caso el hórrido ejemplo de Teuchitlán.

Se trata, al parecer, de un espacio criminal donde se adiestraba a personas para integrar las filas del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Como un ejército de leva, posmoderno y sangriento, se obligaba ahí a las víctimas a ejercer operaciones ilegales y violentas. A quien no se ciñera, se le torturaba o asesinaba.

Parte de las aristas que hay que señalar son las siguientes. El Cártel de marras fue creado en 2007, presuntamente como derivación de un grupo que se arrogaba el plan de combatir al brazo armado del Cártel del Golfo. Se trata, así, de una organización crecida, y muy probablemente dejada en impunidad, en tiempos donde gobernaba un grupo que, abiertamente, puso al Estado mexicano por seis años al servicio del crimen, en un momento donde las hordas delictivas crecieron en un 900 por ciento y llevaron la violencia del país a niveles inéditos. Hoy, sólo unos pocos personajes de ese Gobierno -encabezados por García Luna- están pagando sus crímenes en la cárcel.

El crimen brutal de Jalisco no difiere mucho de otros hallazgos ya ocurridos en México, como la masacre de San Fernando en 2010, o el caso del penal de Piedras Negras, donde, como recordó en estos días la reportera Nancy Gómez, se empleó ese espacio como epicentro de exterminio de Los Zetas en el sexenio de Felipe Calderón. Años de acendrar al crimen desde el poder más un doloroso proceso de desgarramiento social tendrían que derivar en estas escenas macabras.

Pero no podemos dejar de mirar hacia atrás para tratar de encontrar una solución, que debe pasar, indudablemente, por seguir denunciando a los responsables de la explosión violenta que hoy nos aqueja, y que apenas a partir de 2018 empezó a tener un descenso, aunque insuficiente; y ello también pasa por recordar que los que hoy son indignados voceros anti-violencia, antes fueron no sólo omisos, sino cómplices deliberados.

Hace unos días, por ejemplo, el porro mediático Carlos Loret acusó, absurdamente, que Teuchitlán sería “el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum”. Momento inmejorable para recordar el vergonzoso episodio del 24 de marzo de 2011, cuando la plana mayor de la prensa corporativa y las dos grandes televisoras mexicanas firmaron un pacto de complicidad con el calderonismo para omitir información y autocensurarse respecto a los hechos de violencia que en ese sexenio explotaron como nunca.

Ahí, como tapetes humanos, Emilio Azcárraga y el presunto libertario Ricardo Salinas, en un paradójico atentado contra la libertad, secundaron los deseos ominosos del Presidente espurio, mientras sus guiñapos presentadores, como Javier Alatorre o el propio Loret, sonreían complacidos en este acto de obsecuencia y actitud lacayuna. A ese momento infame se le añadió la cereza del pastel: el presunto ideólogo liberal Enrique Krauze, fungiendo como panfletero del calderonismo, justificó esa indecencia al decir que era momento de acabar con la “pornografía de la violencia”, y que se libraba una “guerra necesaria”.

Después de febrero de 2023, todos esos firmantes del indigno pacto quedaron marcados de manera indeleble (y ahí hubo excepciones notables y dignas, como el periódico La Jornada, la revista Proceso de entonces o el Diario de Juárez, al cual el propio Claudio X. González telefoneó para presionarlos a firmar). Desde febrero de 2023, con la declaración de culpabilidad de García Luna, todos esos firmantes postrados al calderonismo tendrían que haber hecho un autoescarnio y ofrecer una disculpa pública por prestarse a las narcomantas o narco-omisiones del Cártel de los Pinos, una de cuyas piezas fundamentales hoy purga penas en la cárcel.

¿Por qué los omisos voluntarios de ayer, entregados a un Gobierno cuyo eje de seguridad conducía un narco, hoy descubren la violencia y tergiversan para denunciarla? Más que una recuperación de libertad, eso suena a un oportunismo, agravado por su hipocresía y porque no hayan hecho un deslinde ante su complicidad con el Gobierno que, de forma presumiblemente deliberada, tornó al país en fosa común y al debate público en fosa séptica.

Hacer ejercicios de memoria no es repartir culpas. Es un hecho necesario para saber dimensionar la profundidad de un fenómeno y esbozar soluciones. Y también es para exponer a los responsables. Si bien hoy la exigencia de solución debe emitirse al Gobierno de Claudia Sheinbaum y a los gobiernos locales, no podemos omitir que una cosa es distinguir a quien es responsable de solucionar y quién ha sido responsable de crear el problema.

La memoria no es un anecdotario sino una fuente de rigor. Y por eso hay que recordar otra cosa, al decir que el 24 de marzo no es una fecha ominosa sólo para México. Se trata del día que se conmemora el último golpe de Estado en Argentina en 1976, donde una junta militar inició una de las dictaduras más sangrientas y corruptas del continente, donde los delitos de robo de bebés y desaparición forzada fueron frecuentes.

El 24 de marzo de 2025, un ideólogo del Gobierno fascistoide de Javier Milei, el señor Agustín Laje, publicó un video, oficializado desde la cuenta de la casa presidencial argentina, para exigir una presunta “historia completa” de la dictadura y así, señalar que si bien hubo crímenes desde el Estado, se les resta gravedad porque, según el autor, “el terrorismo de izquierda” también cometía crímenes, en un contexto de presunta guerra civil.

Pero no había tal guerra. Los atentados que cometía la izquierda armada argentina no eran caso único -los había también en Estados Unidos, por ejemplo, sin que nadie pensase que en ese país hubiera una guerra civil-, y las raíces de la violencia estatal de 1976 datan de otros procesos y otros puntos de inflexión causados desde el poder, como el golpe de 1955 o la matanza de Plaza de Mayo. Dicho de otro modo, el señor Laje no es sólo un manipulador de la memoria sino un falsificador de la historia, lo cual indigna el doble al saber que Argentina había sido el único país de América Latina que sí logró enjuiciar y castigar a sus dictadores de la segunda mitad del Siglo XX, y esa excepcionalidad democrática y de justicia hoy es puesta en entredicho por un Gobierno que, veladamente, busca no sólo blanquear a los militares sino también, si puede, reproducir sus prácticas, como consta la represión a ancianos que perpetró la policía de Milei en semanas recientes. Si eso pasa en un país cuya sociedad memoriosa sí castigó a sus victimarios, queda la alerta de lo que puede pasar en México si no fomentamos la memoria.

Y en ese sentido, una anécdota reveladora. Una de las últimas veces que el fascistoide argentino Agustín Laje estuvo en México, fue por una invitación de un fragmento del senado del PAN en septiembre de 2021, cuando asimismo invitaron al partido de ultraderecha español Vox, para firmar la Carta de Madrid contra el “comunismo en América Latina”, en un acto que avergonzó a los propios panistas, y que sólo aplaudieron petimetres como los senadores Lili Téllez o Julen Rementería, o el ciberporro calderonista llamado Tumbaburros, expendio de noticias falsas y sandeces fascistoides en internet.

De eso se trata no olvidar: saber que el presente no es una generación espontánea sino un proceso cuyo pasado pesa, incide, influye, y que tiene responsables, tanto para exigirles como para sancionarles.

Héctor Alejandro Quintanar

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Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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