El TEPJF analiza si debe ordenar la resolución de una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por presunta violencia política en Morelos en 2023.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría ordenar que se emita una resolución inmediata sobre una denuncia presentada en 2023 contra Cuauhtémoc Blanco, entonces Gobernador de Morelos, por presunta violencia política en razón de género.
El Magistrado Reyes Rodríguez propuso que la Sala Superior del TEPJF instruya la revisión del caso, argumentando que el asunto aún no ha prescrito y que debe resolverse sin más demoras.
La denuncia fue presentada el 14 de junio de 2023 por Juanita Guerra Mena, actual Senadora y en ese momento Diputada federal por el Tercer Distrito de Morelos. En su queja, Guerra acusó a Blanco y otros funcionarios de haber incurrido en actos de exclusión durante un acto conmemorativo en Cuautla, en el estado de Morelos.
Según la denuncia, no se le permitió participar en las reuniones previas al desfile del 2 de mayo ni instalar un templete para 200 personas. Los hechos denunciados ocurrieron durante la conmemoración del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica del Rompimiento del Sitio de Cuautla.
Además de Blanco, la denuncia también incluye a Edgar Riou Pérez, secretario privado del exgobernador, y a Arturo César Millán Torres, responsable de logística. También están señalados Rodrigo Arredondo López, quien era Presidente Municipal de Cuautla, y Miguel Ángel Meléndez Arias, jefe del Departamento de Cultura local.
La Sala Especializada del TEPJF había argumentado que el tiempo para sancionar el caso ya se había agotado, por lo que no se pronunció sobre el fondo de la denuncia. Sin embargo, el Magistrado Rodríguez sostuvo que no hay elementos que justifiquen la inacción, pues considera que la denuncia no ha perdido vigencia.
"El asunto no ha prescrito, por lo que debe ser resuelto de inmediato", planteó el Magistrado al presentar el proyecto ante la Sala Superior.
La denuncia original señala posibles actos de violencia política de género, al excluir a la diputada de un evento oficial con implicaciones públicas. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución definitiva sobre la queja, pese a que los hechos ocurrieron hace casi un año.
Se espera que, de ser aprobado el proyecto, la Sala Especializada reabra el análisis del caso y determine si existieron o no conductas sancionables.
