A veces, hace falta que venga alguien de fuera para ver lo que desde dentro nos negamos a aceptar. Eso hicieron Catalina Botero y David Kaye, exrelatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, quienes regresaron a México con una alerta clara: estamos jugando con fuego en materia democrática.

Botero conoce bien el país. En 2010, cuando visitó México como relatora interamericana, documentó un escenario desolador: violencia sistemática contra periodistas, impunidad total, autoridades coludidas con el crimen, y una prensa local asfixiada por el miedo y la autocensura. Lo dijo entonces, sin matices: México era el lugar más peligroso de las Américas para ejercer el periodismo.

Siete años después, en 2017, David Kaye vino con la mirada de la ONU. Encontró más de lo mismo, pero con un ingrediente más grave: espionaje ilegal. Pegasus, el malware de manufactura israelí, se había utilizado para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Kaye denunció la falta de transparencia y de investigación real. Pidió respuestas que nunca llegaron.

Hoy, en 2025, ambos regresan para advertir que hemos retrocedido en un panorama que, ya en aquel entonces, representaba parte de los anclajes autoritarios que la llamada transición democrática no removió. “Pareciera que la situación en México no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado”, dijo Kaye este lunes en el foro “Libertad de Expresión, Derechos Digitales y Acceso a la Información”, realizado en la embajada de Noruega.

Pero no es sólo por los viejos males —espionaje, agresiones a periodistas, manipulación mediática—, sino porque los pilares que sostienen la democracia están bajo amenaza directa: el Poder Judicial, el acceso a la información y la Fiscalía están siendo debilitados desde el poder.

De inicio, Botero fue tajante al hablar de la propuesta de elección popular de jueces y ministros. Le llamó lo que muchos no se atreven: una farsa. El modelo planteado, sin debate ciudadano real y con una mayoría parlamentaria controlada por el oficialismo, no busca democratizar al Poder Judicial, sino colonizarlo. Es una puesta en escena para capturar la única institución que aún funciona con relativa autonomía.

Kaye coincidió en el fondo. Señaló que una reforma de este calibre debe construirse con garantías, no con propaganda. Si se impone como está, lo que viene no es justicia para el pueblo, sino subordinación del sistema judicial al poder político.

Otra señal de alerta fue la desaparición del INAI. Botero y Kaye coinciden en que eliminar al organismo encargado de garantizar el derecho a saber es un retroceso grave. Kaye lo definió como una herramienta fundamental contra la corrupción. Botero fue más directa, manifestó que sin el INAI, el Gobierno podrá esconder lo que quiera sin temor a ser exhibido.

En cuanto al espionaje, el escándalo de Pegasus fue una llamada de atención internacional. Pero en México, como tantas veces, se diluyó en el mar de la impunidad. Nadie ha sido condenado, y las instituciones siguen negándose a entregar datos clave e investigar a los altos funcionarios civiles y militares involucrados. Kaye lo volvió a decir con claridad: el uso de tecnología de espionaje contra ciudadanos críticos es intolerable en democracia. Lo es aún más cuando se protege a los responsables.

Por supuesto que, en este contexto, se abordó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Botero advirtió que, sin un debate abierto y sin asegurar la pluralidad de voces, esa reforma puede facilitar un mayor control del Estado sobre los medios. Kaye resaltó el enorme poder que se pretendía dar al Gobierno para bloquear plataformas, lo cual resulta injustificable bajo el Derecho Internacional y las normas democráticas básicas.

En suma, escuchamos en la voz de dos grandes expertos en materia de libertad de expresión una advertencia. Lo que dijeron Botero y Kaye no es una exageración. Es una radiografía clara de hacia dónde vamos si no se detienen ciertas decisiones y tendencias. Y no, no son voces que vienen a atacar al Gobierno, sino a defender derechos que nos pertenecen a todos y todas: libertad de expresión, justicia independiente, información pública y prensa libre de miedo. 

La llamada está hecha. Viene de quienes han defendido estos principios frente a regímenes autoritarios y en zonas de guerra. Ignorar lo que dicen es cerrar los ojos, justo cuando más deberíamos mirar. Sólo así podemos salvarnos de lo que Catalina Botero calificó como un "abismo en materia democrática" en cuyo borde se encuentra México.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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