Falta menos de un mes para la elección de juzgadores en todo México y la oposición ha tomado la decisión de boicotearla. Con llamados a abstenerse, el PRIAN sigue convencido de que no ir a votar significa estar en contra de la votación. En estas mismas videocolumnas hemos explicado que el no-voto no le significa casi nada a una elección porque sólo contabiliza a los que no fueron y debieron ir, que en este caso son 99 millones. Las razones para abstenerse van desde el apoyo tan absoluto que ni siquiera te molestas en expresarlo hasta el rechazo a todo el conjunto que ni siquiera se levantó ese domingo. Por lo tanto, abstenerse no quiere decir nada, es un terreno de neutralidad absoluta. Pero la oposición lo trata de vender como que el silencio también grita y cosas así. Abstenerse es, como todo lo que está en blanco, la nada, un conjunto vacío. Si intententáramos una metáfora del futbol, abstenerse es no ir al estadio, no ver el partido por televisión o por el celular. Es nada. 

El más tierno comentario lo vi de un despistado doctorazo en derecho en la red X que, angustiado, se preguntaba qué pasaría si, después de la elección de juzgadores, un sentenciado le reclamaba a su Juez:

---¿Por qué me encarcela si yo voté por usted?

Su comentario es tan de ternura ajena porque todavía no se entera que una elección democrática no es un mercado donde uno compra y se vende, sino un contrato social. Una elección no es individual aunque el voto lo sea. Es colectiva e integra una mayoría. Se establece un compromiso entre esa mayoría que representa a la sociedad en su conjunto o, si usted quiere, a la Patria. No es que cada uno de nosotros, por haber votado, tenga un ticket para reclamarle al vendedor que no entregó bien una mercancía. Es, como hace unos años, que la doctora Denise Dresser aseguraba que el Presidente era su empleado porque ella le pagaba. Esa penosa despolitización de pensar que uno vota con respecto a los intereses personales y que si no resulta como tú querías o imaginabas puedes ir a la Profeco a reclamar, es tan absurda como la idea de que la soberanía popular se puede dividir en pedacitos que son los electores individuales o en grupos que serían grupos supuestamente uniformes como las mujeres o las personas de la tercera edad. No, para que no ocurriera eso se inventó un término como soberanía popular que es puramente político. No es sociología, es decir, de grupos que se identifican como, qué sé yo, agricultores de zapote negro o de universitarios o de gays o de afrodescendientes o de izquierda verdadera. No, la soberanía es un compromiso imaginario que abarca a toda la Nación, vayas o no a votar, votes por uno o por la otra. Así funciona y permite el ejercicio del poder y de la obediencia social. El compromiso que vamos a establecer con los juzgadores electos es el de la justicia que, como sabemos, siempre es para los pobres, vulnerables, los que no tienen dinero ni influencias en el aparato judicial. No hay que darle más vueltas. El criterio en esta elección será a favor de aquellos juzgadores que tienen una vida del lado de las causas casi siempre perdidas, entre ellas, los pobres, los indígenas, y hasta el interés nacional. 

Basta acordarnos cómo llegamos hasta aquí: a pesar de los ministros de Norma Piña, de los abogados de Salinas Pliego enquistados en la Suprema Corte de Justicia, de los jueces Ventura Ramos y Gómez Fierro que, con sus decisiones, eliminaron, el primero, la investigación sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y, el segundo, la posibilidad de que los mexicanos decidiéramos nuestros futuro energético. Dos jueces de los miles que hay fueron capaces de tomar decisiones que afectaron a la Nación en su búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa y en su futuro como país soberano. Entonces, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum plantean el Plan C, que es lograr la mayoría calificada en el Congreso y se logra. En ese trance tenemos la toma del Senado por un grupo porril de Norma Piña, la huelga de los trabajadores que seguían cobrando sus salarios, y el último acto: Norma Piña pierde la votación en el seno de la Corte porque no logra alcanzar los 8 votos requeridos y trata, desesperada, de imponer que la decisión se de con seis votos. Fracasa. Ahora ya estamos en el periodo de informarnos cómo votar y por quén. 

Pero han existido otros tantos obstáculos. Por ejemplo, el INE se abrogó en un primer momento el monopolio de comunicarle a la gente que el 1º de junio iba a llevarse a cabo una elección de jueces. Le prohibió a la Presidenta y a los legisladores llamar a participar. Eso se arregló después en el Tribunal Electoral, pero ya se había perdido un tiempo valioso. De acuerdo a una encuesta de Enkol de finales de abril, 54 por ciento no sabían la fecha de la elección y 41 por ciento sabían la fecha exacta o que era en junio. Así que el INE no había hecho un trabajo de difusión ni siquiera aceptable. Luego, vinieron las prohibiciones a las campañas de los candidatos que se han tenido que arreglar con una semblanza pitera en las páginas del INE y los más voraces, consiguiéndose dos o tres youtuberos que no se cansan de repetirnos las bondades de sus clientes. Las encuestadoras también han tomado esta elección histórica para hacer negocios y dan por ganadores a gente impresentable que probablemente no va a llegar. Y como la televisión y la radio no pueden hacer el negociazo que ansían cuando las elecciones son entre partidos políticos, pues han básicamente ignorado el tema.

Así que nos enfrentamos como ciudadanos a un obstáculo doble: por un lado, unos difusores que prefirieron hacer negocio a informar la verdad y otros a los que no les importa y que, acaso, en el fondo, le apuestan a una elección sin mucha participación para decirnos: “¿Ya ven? Se los dijimos: el pueblo todavía no está preparado para la democracia”. Eso fue justo lo que hicieron las dos revistas en otra época tan influyentes como Nexos y Letras Libres: sacar del cajón de los triques a Ernesto Zedillo para que nos viniera a asustar con el petate de la tiranía. Como hemos documentado ya en la pasada columna, Zedillo se atrevió a escribir o, al menos a firmar esto: “La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y el ansiado arribo de una presidencia verdaderamente democrática”. Eso vino a decir y nomás por probarle lo cínico y prepotente que le suena su afirmación a quienes fuimos defraudados por su sistema electoral en 2006 y 2012, habría que salir masivamente a votar. 

Pero ¿por quién? Ya he hecho un primer ejercicio y este será el último que haga. Lo digo en primera persona porque es lo que yo voy a votar. Cada quien es libre de votar a quien quiera porque el voto es secreto. Pero les comparto cómo me fue en este nuevo ejercicio usando una aplicación del propio INE. Resulta que en la página del INE hay un simulador de la votación del 1ª de junio. Me metí poniendo mi ciudad y mi sección electoral que viene en mi credencial para votar. A continuación me apareció la primera boleta que es para la Suprema Corte. Cuando hice la primera columna me equivoqué al pensar sólo en 4 mujeres. Resulta que deben ser cinco. En los recuadros en blanco llené mis números: 03 para Lenia Batres, la Ministra del pueblo; 26 para María Estela Ríos, la abogada de los trabajadores y de Andrés Manuel López Obrador; 17 para Ana María Ibarra; 31 para Natalia Téllez, la jurídica de Raquel Buenrostro que le cobró impuestos a las empresas que no pagaban; y 09 para Fabiana Estrada. Incluí a Ana María Ibarra porque me fui enterando de su trayectoria en la región de La Laguna, una zona clave para la izquierda tanto electoral desde el cardenismo de Cuauhtémoc hasta los otros tipos de izquierda en defensa de los campesinos. Gente en la que confío me habló muy bien de ella. Y a Fabiana Estrada la incluyo en mi boleta porque forma parte del equipo de Arturo Zaldívar, el exministro más atacado por la derecha desde las filtraciones falsas de Norma Piña hasta quién sabe de qué oficina tenebrosa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que esas son mis ministras. 

Ellos, como ya dije serán: 36 que es el gran Federico Anaya; 41, Irving Espinoza, el abogado de Conacyt que descubrió la corrupción de la ciencia aplicada a mejorar las salsas de las pizzas Domino´s; 42, Raymundo Espinoza, que trabajó con Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México; y 34 Hugo Aguilar Ortiz, abogado de los derechos indígenas. Todos ya estaban desde mi primera lista.

En la siguiente boleta, la verde, que es para la instancia que va a supervisar a los jueces, elijo por supuesto al 23, el maestro Bernardo Bátiz, que ha dado una batalla digna desde el actual Consejo de la Judicatura y a quien conocí en el Constituyente de la Ciudad de México; y al 28, Miguel Ángel de los Santos Cruz, el defensor de los derechos de las comunidades indígenas en Chiapas. Entre las mujeres, a la 02 y a la 09, Verónica De Gyves y Celia Maya, que han dado las mismas batallas junto con el maestro Bátiz. Dejaré un recuadro en blanco porque desconozco a las demás. 

Para el resto de mis boletas procederé con un criterio político, no de trayectoria de los candidatos. La fortuna es que cada nombre de candidatos y candidatas viene precedido de las siglas PE para Poder Ejecutivo; PJ para Poder Judicial; PL Poder Legislativo y EF es decir, En Funciones, es decir, que ya trabaja en el juzgado para el que está solicitando la ratificación popular. Las siglas me sirven a este propósito político: Si están precedidas de las siglas PE, quiere decir que es la Presidenta y su comisión donde estaban Arturo Zaldívar y Vanesa Romero, los avala. Si yo le tengo confianza a que la Presidenta no va a mentir, traicionar o robar, quiere decir que todos los PE son un respaldo a su proyecto de Nación que es, qué duda cabe, el del 80 por ciento de todos nosotros. Si los avala el PJ, es decir, el Poder Judicial son de Norma Piña. Si es el PL, Poder Legislativo, pues los Monreales, Adanes Augusto y compañía. Así que mis siguientes números obedecen a esa regla, la de la confianza en el Poder Ejecutivo. Tribunal Electoral, el 12 que es Gilberto Batiz García; Como magistradas en la Sala Regional, boleta color carne, 03 y 10, que son María Guevara y Herrera, y Ixchel Sierra Vega; y de hombres, el 19 que es Luis Enrique Rivero Carrera. En la boleta amarilla el 01 y 08, Leticia Amaya y Gabriela Sandoval; y de hombres el 25, 16, 12, 22, que son Manuel Vizcarra, Ernesto Castillo Torres, Carlos Arellano Fuentes; y Arturo Medel; y en la última que son los jueces de Distrito los números salen así: 10,01 y 06 en mujeres y en hombres 25, 16, 12, y 22. 

Así hice la simulación con la aplicación del INE. Siento que lo fundamental son las primeras dos boletas, la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina porque, cualquier transa que quieran hacer los jueces, la puede atraer la Suprema Corte y revisar el de Disciplina. Debe ser, esta la del primero de junio, una elección histórica no sólo porque significa renovar a uno de los poderes de la República cambiándole el origen, es decir, del dedo de Presidentes como Zedillo, a la mayoría en la democracia popular. Si no también para que sirva a los propósitos del Plan C: que la oposición haga política y deje de esconderse detrás de las togas ---por cierto, carísimas--- de los ministros y ministras. Que sea el final de algo que ha obstaculizado la protección de los más pobres y los más vulnerables, y que ha agredido certeramente nuestra soberanía como Nación.  

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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