El Gobernador de Puebla Alejandro Armenta se niega a desprivatizar el cuestionado servicio del agua y drenaje porque, dijo, la indemnización a la empresa Concesiones Integrales costaría más de 20 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– En la zona metropolitana de Puebla el servicio de agua y drenaje es privado. Desde 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle, el sistema operador público le cedió sus concesiones de agua a la empresa Concesiones Integrales, la cual recibe quejas por tandeo y recortes de suministro, notificó la Contraloría Autónoma de Puebla a la Conagua.
En Puebla hay 26 sistemas operadores de agua que están coordinados por la Comisión Estatal del Agua, entre ellos, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (SOAPAP), el cual cedió por 30 años su obligación de dar el servicio público a la empresa Concesiones Integrales "Agua de Puebla para Todos", la cual ahora controla las 13 concesiones que dio la Conagua entre 1994 y 2022.
En un recorrido por la colonia Santa María de la capital poblana, una mujer le pidió al Gobernador Alejandro Armenta un digno servicio de agua y drenaje:
"Tenemos el agua más cara, de la que carecemos. Esperamos, porque tenemos toda la confianza en usted, de que 'Agua de Puebla' desaparezca o por lo menos que tengamos un servicio digno porque está carísima el agua..."
Las tarifas de la empresa se aplican con base en el valor catastral del inmueble, que va de un pago fijo de 167 pesos hasta mil 505 pesos al mes, sin contar los sobrecostos por supuestas fugas.
Antes de la privatización, los poblanos pagaban al bimestre y no había tanto tandeo como ahora, de acuerdo con la Contraloría Autónoma de Puebla.
Pero el mandatario morenista afirmó que si solicitan la cancelación de las concesiones, le costaría a Puebla una indemnización por más de 20 mil millones de pesos. Su antecesor, Miguel Barbosa, llegó a declarar que la indemnización debía ser de 3 mil 500 millones de pesos.
—Lo comparto con usted —le respondió el Gobernador a la colona—, ya se va nombrar a un inspector mientras esté la concesión. Por qué no se puede cancelar la concesión, los que la hicieron la hicieron de tal forma jurídicamente que si se cancela, el que va perder es el Estado porque son miles de millones de pesos que se deben de pagar, por eso hay que elegir a los jueces, magistrados porque, si con los que están ahorita, nosotros metemos un proceso de cancelación de la concesión le va costar a Puebla más de 20 mil millones de pesos.
—Y ya con todo lo que nos dejó endeudado Moreno Valle... —agregó la colona.
María Eugenia Ochoa, economista e integrante de la Contraloría Autónoma de Puebla, planteó en entrevista que bastaría con los vicios con que se dio para cancelar la concesión del servicio a una empresa privada.
"En el caso de Puebla, se privatizó el agua desde 2014. A finales de 2013 se dio la concesión en un proceso obscuro, amañado. Está planteado que los vicios legales servirían para tumbar la privatización del servicio de agua y de saneamiento. Esta empresa distribuye agua para seis municipios, incluyendo la capital y Cuautlancingo, donde está la Volkswagen", dijo.
En agosto de 2014, el periódico local CENTRAL publicó que el exgobernador panista Moreno Valle entregó de manera ilegal la operación del servicio del agua, debido a que Concesiones Integrales participó en una licitación internacional y recibió la concesión del servicio cuando ni siquiera existía jurídica y fiscalmente. De acuerdo a su Registro Federal de Contribuyente (RFC), Concesiones Integrales fue constituida hasta el 23 de diciembre de 2013 y obtuvo la millonaria operación del agua 11 días antes.
SinEmbargo informó previamente que la privatización de este derecho humano se permite en el marco de la salinista Ley Nacional de Aguas en ciudades de Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios también padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos. En Querétaro el Congreso local aprobó una ley en 2022 que permite otorgar una concesión del servicio a una empresa.
Agua por tandeo
Concesiones Integrales cobra el servicio privado de agua y drenaje a 494 mil familias de municipios del área metropolitana de Puebla, pero en once años ha acumulado quejas de sobrecosto en tarifas por presuntas fugas, tandeo y miles de recortes del suministro por retraso en el pago, lo cual obliga a los usuarios a gastar también en pipas.
"Hay colonias a las que les cae el agua 15 minutos ¡a la semana! Con 15 minutos de agua lo que logres llenar y después qué haces, a comprar agua de pipa. ¿Quién controla las pipas? Nadie. ¿De dónde sacan el agua las pipas? Muchas de ellas las sacan de lugares donde el agua ya no es de calidad suficiente ni probada para que la genta la podamos usar para nuestras labores básicas", dijo María Eugenia de la Contraloría Autónoma del Agua.
Y cuando los usuarios no pagan las exorbitantes tarifas, agregó, "te cortan el agua y te cortan el drenaje, es un tema de salud pública. El agua no te la podrían cortar porque es un derecho humano".
Un solo inspector para descargas
En Puebla, la Conagua ha dado 21 mil 012 concesiones, de las cuales 251 corresponden a grandes usuarios con más de un millón de metros cúbicos por año, documenta la Contraloría Autónoma de Puebla.
"Hay una sobreexplotación de nuestra principal cuenca, que es la del río Atoyac, ya tiene un déficit permanente de agua. Nos preocupa la disponibilidad, la distribución y la contaminación, o sea, en qué van a usar esa agua, y por el otro lado si esa agua se utiliza para procesos industriales. Contamos con uno de los ríos más contaminados de la República, que es el río Atoyac y sus afluentes", observó la activista María Eugenia Ochoa.
Asimismo, de las más de 21 mil concesiones otorgadas en Puebla, mil 583 corresponden para descargas de aguas residuales en la cueca de Atoyac, una de las más contaminadas del país, y eso sin contar las descargas irregulares. Frente a ello, solo hay un inspector en Puebla, de acuerdo con la delegación de Conagua Puebla.
"Le pregunté a la delegada de Conagua qué está pasando con la supervisión, y me dijo que antes teníamos cuatro supervisores y ahora solo tenemos uno para todo Puebla. De cuatro bajaron a un supervisor en febrero", expuso Ochoa.
María Eugenia, igual que muchos ciudadanos que conforman contraloría ciudadanas a nivel nacional, aseguran que es urgente una Ley General del Agua que sustituya la salinista Ley Nacional de Aguas que solo trata al agua como un mercado y no un derecho humano.
