Lejos de adaptar sus procesos a la realidad de las personas mayores o con discapacidad, las instituciones financieras siguen privilegiando trámites absurdos sobre el respeto a los derechos humanos.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- La señora Fidelia Vásquez, de 96 años de edad fue prácticamente obligada a acudir en camilla a una sucursal bancaria en Oaxaca para reactivar el cobro de su pensión.
El hecho de que una persona de edad avanzada, quien básicamente no tiene movilidad, deba presentarse en el banco para acceder a un derecho básico como su pensión, se puede interpretar y describir de muchas maneras, pero en Gente Así nos ajustaremos a decir que es una violación a su dignidad y a sus derechos humanos.
El banco argumenta que la suspensión del pago de su pensión se debió a un “fallo en el registro biométrico” y que la presencia física era indispensable para corregirlo. Sin embargo, esta política no contempla excepciones para casos de salud o edad avanzada, situaciones que viven muchos de sus clientes.
Las instituciones financieras tienen la obligación de no discriminar y de ofrecer un trato indigno, especialmente a los grupos vulnerados. La negativa del banco a aceptar documentos legales o la representación de un apoderado es de una lógica burocrática absurda, pues prioriza el procedimiento sobre el bienestar de la persona y evidencia una falta de sensibilidad.
🚨 DENUNCIA CIUDADANA 🚨
OBLIGA @BBVA_Mex A MUJER DE 96 AÑOS A IR AL BANCO PARA PODER COBRAR SU PENSIÓN DEL @ISSSTE_mx
Esto sucedió en Oaxaca, en donde el banco forzó a la señora de la tercera edad a ir en camilla para poder confirmar su identidad y cobrar su pensión después de… pic.twitter.com/gxLlbr6hxx
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 14, 2025
Es cierto que sus protocolos rígidos buscan garantizar la seguridad, pero pueden invertir en políticas y tecnología que contemplen a las personas que no pueden trasladarse a sus sucursales. Y si alguien tiene recursos para invertir, es la banca.
En México hay más de 10.6 millones de personas mayores de 65 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y se proyecta que en el 2050 esa cifra se duplicará porque el país está envejeciendo. Y en cuanto a la población con discapacidad, el Inegi estima que son 8.8 millones.
Para la familia de personas en la vejez o con discapacidad, este tipo de situaciones se vive como algo indignante porque es una revictimización. Cuidar de una persona que no puede moverse y que depende de ti resulta costoso: física, emocional y económicamente. Sin mencionar el tiempo que les tienes que dedicar. Y este tipo de exigencias como las del banco requiere de un dispendio extra.
Si a la señora Fidelia Vásquez la trasladaron en camilla, ¿en qué automóvil entra una camilla? Quizá tuvieron que pagar una ambulancia o un servicio de traslado.
El caso ha generado indignación y cuestiona el trato que reciben las personas en la vejez. La familia Vásquez presentó denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Pero esto también evidencia que los mecanismos de protección son más reactivos que preventivos.
