Valeria Márquez, influencer de 23 años, fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo. Su feminicidio ha desatado una ola de especulaciones, revictimización y difusión del video del crimen, posiblemente en violación de la Ley Ingrid.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El asesinato de Valeria Márquez perpetrado durante una transmisión ha generado un debate multidimensional, que va desde la violencia de género, narcotráfico, el manejo mediático hasta el enjuiciamiento social y la revictimización de esta joven.
Valeria Márquez, según su propia descripción, era modelo. Tenía 23 años. Se le ha considerado una influencer por sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, donde compartía consejos de belleza, moda y estilo de vida. Un estilo de vida costoso y muy lejano para la mayor parte de la población en México, pero que al final de cuentas es lo que muchas personas les gusta ver.
Además, era propietaria de un salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, hasta donde llegó un presunto sicario a dispararle el pasado 13 de mayo de 2025. Aquel día, más temprano, un hombre se presentó en su negocio para entregarle un regalo costoso, según lo que él mismo le dijo al personal de Valeria. Como la joven no se encontraba, quedó de volver por la tarde.
Cuando Valeria llegó al salón hizo una transmisión en vivo y contó lo anterior, y también dijo que eso le preocupaba: qué tal que me quieren levantar, o me quieren matar, dijo. Valeria recibió una primera entrega: una bebida y un peluche. Cuando dijo que ya mejor se iba, una amiga le mandó un mensaje para pedirle que se quedara a esperar el regalo porque ella quería ver qué era.
Poco después, Valeria informó a sus seguidores que ya estaba llegando el mensajero con el supuesto regalo costoso. En la transmisión se alcanza a escuchar que él pregunta: “¿Valeria?”, ella asiente y él le dispara mientras el "en vivo" continúa.
Ese mismo día, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investigaría el caso con el protocolo de feminicidio. En seguida, varios medios de comunicación aseguraron, citando a fuentes de la fiscalía, que el autor intelectual de este crimen era Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, líder del Grupo Élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En redes sociales, mucha gente apuntó a la amiga que le pidió quedarse como cómplice. Ante ello, la Fiscalía emitió una nueva tarjeta informativa en la que informó que, en la carpeta de investigación, no había señalamientos contra un personaje en particular.
Mientras, el video donde se observa a Valeria recibir las balas y luego desfallecer, se compartió millones de veces en redes sociales.
Volvamos atrás. Valeria publicó mensajes en sus redes sociales donde alertaba de amenazas de su expareja, nunca dio su nombre, y lo hacía responsable de cualquier cosa que le pasara a ella o a su familia. En redes sociales y en gran parte de la prensa se asegura que esa expareja es el Ricardo Ruiz, "El Doble R", y que él la mandó matar por “celos”. Para muchas persona eso justifica su asesinato, porque se metió con ese tipo de persona.
Miren el comentario: "Ya está, para qué se investiga más, estas personas ya lo resolvieron todo: la culpable fue ella".
Primero, no sabemos si "El Doble RR" fue el culpable. Pero siguiendo esa lógica, para estas personas ella se lo buscó. No hay nada sobre la responsabilidad de un hombre que sería parte de una organización criminal con poder armamentístico, económico, político y patriarcal.
El narcotráfico ha crecido con el apoyo nacional e internacional de todo un sistema económico y, por supuesto, de un sistema en el que se toma el cuerpo de las mujeres como propiedad. Toda esta potestad la encarnan, en circunstancias concretas, personas, hombres que usan todo ese poder cuando una mujer ya no quiere estar con ellos. Pero la culpable es ella.
Ahora, millones de personas han compartido y visto el video de los últimos minutos de Valeria podrían estar violando la la Ley Ingrid, la cual fue creada a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas en febrero de 2020 en la Ciudad de México. Tras su asesinato, imágenes explícitas de su cuerpo fueron filtradas por servidores públicos y difundidas ampliamente por medios de comunicación y redes sociales.
Esta legislación impone sanciones, incluso de prisión, a quienes difundan, compartan o comercialicen material gráfico o información relacionada con víctimas de feminicidio u otros delitos.
