El Senado ha abierto el proceso legislativo de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025, y con ello ha dado espacio al diálogo con diversos sectores: sociedad civil, academia, organismos internacionales y comunidades afectadas. Eso es positivo. También es positivo que la semana pasada la Presidenta aununciara la supresión de artículos dentro del proyecto de Ley que habilitaban censura y bloqueo de plataformas digitales.

Sin embargo, tanto los foros como los cambios anunciados son insuficientes si no se traducen en una mejora sustancial de la iniciativa original en aspectos clave. Lo que está en juego no es menor: derechos fundamentales y principios como la libertad de expresión, la privacidad, protección de datos personales, la pluralidad de voces y la inclusión digital.

El proyecto, tal como está, concentra atribuciones clave en una sola entidad: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Se trata de un órgano que asumiría funciones normativas, operativas y sancionadoras que antes estaban en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo. Esta centralización de poder, sin contrapesos institucionales claros, genera riesgos reales. La experiencia internacional y la jurisprudencia interamericana lo advierten: cuando los reguladores carecen de independencia, se abre la puerta a decisiones arbitrarias que pueden terminar afectando la libertad de expresión.

En ese sentido, el pasado 13 de mayo se anunció la creación de un órgano colegiado dentro de la ATDT, pero hay aspectos básicos por aclarar como el proceso de selección, las garantías de independencia y los perfiles técnicos de las personas consejeras

Otro punto preocupante es el tratamiento que se da a la privacidad y la protección de datos. El proyecto contempla la creación de un nuevo registro de usuarios de telefonía móvil y mantiene la obligación de conservar datos de comunicaciones por 24 meses. Estas medidas han sido cuestionadas en el pasado por su impacto en la privacidad. Sin mecanismos judiciales estrictos, sin claridad legal sobre el uso y resguardo de esa información, se corre el riesgo de vulnerar derechos sin necesidad ni proporcionalidad.

Preocupa más a la luz de las iniciativas de Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que además del mencionado registro, prevé la interconexión de bases de datos privadas y públicas con acceso para las agencias de seguridad. Lo que se está perfilando es un sistema de vigilancia masiva que pone en riesgo los derechos de las personas.

Se repiten aspectos nocivos de la Ley vigente en lo que concierne al bloqueo de señales de internet a discreción de las agencias de seguridad (entiéndase también el Ejército). Los apagones de internet suelen prestarse a abusos, tal como lo ha documentado la organización Access Now. También resultan violatorios de los derechos humanos cuando se hacen de manera generalizada e indiscriminada, como ha sucedido en otras latitudes en contextos de protestas sociales.

También debe revisarse a fondo la ambigüedad con que se plantea la protección de derechos de las audiencias. La ley enuncia principios encomiables, pero no establece cómo se harán efectivos ni quién los vigilará de manera independiente. Dejar esa función a una agencia sin autonomía real, sin mecanismos de participación ciudadana y sin obligaciones claras para los concesionarios, es dejar a las audiencias sin defensa efectiva. No podemos soslayar que el reto es construir una legislación que vea los derechos de las audiencias como el ejercicio social de la libertad de expresión y que no permita su instrumentalización para censurar.

En el caso de los medios comunitarios, sociales e indígenas, el proyecto reconoce su existencia, pero no garantiza su inclusión plena. Persisten barreras técnicas y financieras, y no se prevén medidas afirmativas que aseguren su acceso real al espectro. Las comunidades originarias, en particular, siguen enfrentando obstáculos para comunicar en sus lenguas, con pertinencia cultural y desde sus formas propias de organización. Sin una estrategia clara, lo que parece una apertura puede convertirse en exclusión.

Existen objetivos legítimos en la iniciativa como ampliar el acceso a internet y cerrar brechas de conectividad. Pero esos fines no deben alcanzarse sacrificando otros derechos. El desarrollo digital puede y debe darse dentro de un marco que respete la libertad, la privacidad y la diversidad de voces.

Por eso es crucial que la consulta ciudadana dentro del proceso legislativo no se convierta en una simulación. Escuchar es sólo el primer paso. Lo que sigue es ajustar el contenido de la Ley para que esté a la altura de las obligaciones constitucionales e internacionales de México. La ciudadanía, las organizaciones especializadas y los organismos internacionales han hecho propuestas viables. Incorporarlas es una señal de voluntad democrática.

Este momento es decisivo. El Senado tiene la responsabilidad de garantizar que esta reforma no debilite la democracia. También que el futuro económico de México sea próspero en un sector que es estratégico. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo que ponga en el centro los derechos humanos y sus garantías.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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