El sino del escorpión ha fatigado documentos oficiales, notas, columnas y artículos periodísticos para intentar una síntesis comprensible del proceso de elección del Poder Judicial (PJ) y lo que ocurrirá después. Este 1 de junio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la jornada electoral del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF).  

Se elegirán nueve Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos Magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); 464 cargos para magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito. 

En las casillas los ciudadanos recibirán seis boletas de colores distintos (azul, rosa, verde, amarilla, salmón y morada), según los diferentes cargos y la candidatura correspondiente. Las autoridades informaron también que las postulaciones serán organizadas alfabéticamente y separadas por género.

El debate ha sido intenso, tortuoso, laberíntico, incluso majadero, como se augura será el proceso electoral mismo. Las opiniones a favor y en contra de esta reforma judicial y del voto popular han circulado profusamente. El alacrán abrevia. 

A favor del voto 

La elección por votación de jueces y ministros es promovida desde el Gobierno, su partido y buena parte de los ciudadanos, como un avance hacia la democratización del PJ. Sus defensores argumentan que este cambio fortalecerá la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de las decisiones judiciales. Insisten en que esta elección directa permitirá a la ciudadanía tener un papel activo en la conformación del sistema judicial. 

La reforma establece mecanismos de votación que, aseguran, permitirán a los ciudadanos evaluar el desempeño de los jueces y ministros, lo que incentivará una mayor responsabilidad en la impartición de justicia. Sus proponentes también destacan que los jueces elegidos por voto popular serán más sensibles a las necesidades de la sociedad y actuarán con mayor compromiso en la lucha contra la impunidad. Destacadamente, señalan que esta reforma contribuirá a la eliminación de élites judiciales que permanecen en el PJ sin un escrutinio ciudadano. 

Apuntan que el sistema anterior favorecía la permanencia de jueces y ministros con vínculos políticos o económicos, lo que afectaba la independencia judicial, tal como lo prueban innumerables sentencias en beneficio de integrantes del crimen organizados y delincuentes de cuello blanco, quienes mediante sobornos y compra de jueces salen siempre bien librados de los procesos judiciales. Con la elección directa, se aduce, el PJ será más representativo y reflejará la diversidad de la sociedad mexicana. 

En contra del voto 

Uno de los argumentos centrales de los que llaman a no votar (o piden anular el voto), observa el alacrán, es que califican la reforma como una “venganza personal” del expresidente López Obrador en contra del PJ que, efectivamente, saboteó políticas, medidas y acciones propuestas por su Gobierno. Por ello mismo, acusan su improvisación, desaseo jurídico y su imposición legal mediante una mayoría morenista en el Congreso de la Unión que juzgan “artificial” y viciada. 

Sus críticos argumentan que la medida pone en riesgo la independencia del PJ y debilitará todo el sistema democrático del país. Incluso señalan que podría comprometer la imparcialidad judicial, ya que por tradición los jueces son seleccionados con base en su experiencia y conocimientos jurídicos, pero al someterlos al voto popular se corre el riesgo de que sus decisiones sean influenciadas por intereses políticos, populistas o incluso criminales. Es decir que los jueces tomarían decisiones basadas en la presión pública o de otros intereses, en lugar de sustentarlas en la aplicación estricta de la Ley. 

La falta de conocimiento especializado entre los votantes también es señalada como un obstáculo por los detractores de la reforma, pues para votar se requiere evaluar la trayectoria, conocimientos y capacidad de los participantes, conocimiento que “no está en manos de los ciudadanos”, insisten. Esto podría resultar en la elección de candidatos con poca experiencia o sin preparación. Para algunos, la elección disfraza la intención de capturar el PJ por parte de grupos políticos, pues el voto popular abre la posibilidad de que candidatos vinculados a intereses externos ocupen puestos clave en el sistema judicial. 

También se insiste en que la reforma es una “purga” del sistema judicial, ya que todos los jueces actuales deberán dejar sus cargos en 2025 o 2027, concitando una pérdida significativa de capital humano y experiencia dentro del PJ. Los críticos más radicales ven en esta elección “la muerte de la democracia” en México, la consolidación de un gobierno autocrático y la instauración de una “dictadura constitucional”. 

Qué sucederá después 

El recuento de votos y la designación de ganadores seguirá un procedimiento distinto al de otras elecciones. El conteo, a diferencia de otros procesos electorales ordinarios, no se llevará a cabo en las casillas, sino que las boletas serán trasladadas a los 300 consejos distritales del INE, donde el cómputo tomará varios días. 

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para ministros de la SCJN. Del 3 al 6 de junio, se procesarán los votos para magistrados del TDJ, magistrados de la Sala Superior del TEPJF y magistrados de las Salas Regionales del TEPJF. Del 6 al 8 de junio, se hará el cómputo para magistraturas de circuito. Del 7 al 10 de junio, se sumarán los votos para jueces y juezas de distrito. 

El Consejo General del INE dará a conocer la sumatoria total de votos el 15 de junio. Los resultados estarán disponibles en el portal de resultados electorales del INE. Se abrirá entonces espacio para las impugnaciones, que podrán presentarse a más tardar el 28 de agosto de 2025. 

Finalmente, la entrega de constancias y toma de protesta de quienes hayan obtenidos los cargos las realizará el INE, que asignará los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. La toma de protesta se hará ante el Senado el 1 de septiembre de 2025, en tanto el órgano de administración judicial adscribirá a los jueces, magistrados y ministros a sus respectivos órganos antes del 15 de septiembre. 

Alejandro De la Garza

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Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

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