La Presidenta se ha llenado la boca con su cantaleta de que México es el país más democrático del mundo porque ha elegido a todo su Poder Judicial. Todo el aparato propagandístico del régimen se ha volcado a presentar la elección como ejemplar, y han puesto el foco en la designación de “una persona indígena” como nuevo presidente de la Corte. Una argucia para desviar la percepción y encubrir lo que fue, en realidad, una operación calculada: la captura, de golpe y porrazo, de todo el Poder Judicial por una nueva coalición de poder con evidentes objetivos autocráticos. Sólo desde la demagogia más cínica puede afirmarse que el desangelado montaje del domingo produjo una judicatura más legítima, más equitativa o más sensible a los intereses de los grupos subordinados. El golpe busca, como lo propalaba el santón, que no nos vengan con que la ley es la ley, porque ahora, dicen, lo que va a imperar es la justicia.

A cualquier analista con formación en ciencia política le resultaba evidente que un sistema de elección como el diseñado por esta malhadada reforma sólo podía funcionar a través de la operación clientelista organizada. La agregación de preferencias, en ausencia de partidos en competencia abierta, con listas propias, quedaba en manos de las redes informales de intermediación: esas que operan en la sombra, disfrazadas de estructuras ciudadanas, o las de los operadores partidistas pagados por el erario, con el pomposo nombre de “servidores de la nación”, que reproducen con disciplina la lógica del reparto. Prohibidos los partidos, lo único que quedaba era el clientelismo del nuevo régimen. Desde el primer momento quedó claro que se trataba de una elección sin competencia real, sin deliberación pública y sin posibilidad alguna de escrutinio informado. Todo atado y bien atado para que el pueblo ratificara sin chistar lo que la nueva coalición hegemónica había decidido de antemano.

Me producen grima los comentarios sobre las virtudes o defectos del nuevo presidente de la Corte in pectore, o las especulaciones sobre si hubo sorpresa con la votación mayor de Aguilar frente a Batres. Es irrelevante. Lo único cierto es que salió electo, sin errores ni fisuras, el acordeón de la Presidenta. El objetivo se cumplió con precisión de neurocirujano avezado: el Ejecutivo nombró, de un sólo golpe, a toda la Suprema Corte con unanimidad. La fantasía de cualquier autócrata. Ya veremos los apasionantes debates jurídicos del nuevo pleno, donde una y otro Ministro se desvivirá por enaltecer la sabiduría presidencial, como en los tiempos áureos del PRI, cuando el juicio legal comenzaba y terminaba en Los Pinos.

No es la primera vez que un Presidente decide deshacerse, con desparpajo, de una Corte incómoda para imponer un tribunal a modo. Lázaro Cárdenas lo hizo en nombre de la justicia revolucionaria e impuso una Suprema Corte sexenal, leal a su Presidencia. Pero incluso en los años más opacos del autoritarismo priista, la Corte parecía más bien la cabeza de un poder eunuco, no una tribuna de aplausos como el Congreso de la Unión. Lo que ahora se perfila es algo más obsceno: una judicatura reducida a oficina de ratificación automática de las decisiones del Ministerio Público y de las actuaciones de los militares, mientras la Corte juega al Comité de Salud Pública constitucional que canoniza cada designio presidencial, tenga o no sustento legal. Una regresión no sólo institucional, sino cívica, revestida de respaldo democrático.

Un Poder Judicial electo con 87 por ciento de abstención no puede ser considerado legítimo desde ninguna perspectiva seria. Pero envolverse en la bandera de la deslegitimación abstencionista no basta: en México, el Poder Judicial nunca ha gozado de legitimidad ni respaldo popular. Su imagen ha sido la de un cuerpo arbitrario, corrupto, alineado con los intereses de los poderosos. Por eso muchos de los votantes que acudieron a las urnas no lo hicieron por la creencia de que ahora sí vamos a tener jueces imparciales y mejores, sino por una esperanza elemental pero comprensible: que ahora los jueces dejen de fallar siempre en contra de los débiles. No aspiran a una justicia imparcial, sino a una parcialidad compensatoria. No creen en la igualdad ante la ley, sólo quieren que, por fin, la balanza se incline de su lado.

A la Presidenta y al nuevo régimen apenas si les ha hecho cosquillas la abrumadora abstención. Algo les habrá inquietado que sólo lograran movilizar al 13 por ciento del electorado, pero enseguida salió Sheinbaum con el sofisma de que menos votos había tenido el PRI, lo que, por lo demás, implica un reconocimiento tácito de que el grueso de los votantes eran los suyos, sus clientelas. Algún ciudadano vehemente habrá usado la herramienta de selección de Viri Ríos o, como mi compañera de la prepa, habrá dedicado cinco horas de su día a analizar candidaturas, desilusionada de la apatía de los cultos que no intentaron frenar la imposición mayoritaria. Como si no quedara claro que sólo mediante una lista predeterminada y operada por Morena y los ejércitos de siervos de la nación podía alcanzarse un resultado tan concertado como el que obtuvo el nuevo régimen en esta elección.

Ya veremos a los nuevos jueces en acción. Muero de ganas de escuchar las eruditas consideraciones jurídicas de los flamantes ministros de la Corte, sobre todo las lenes de Lenia o las profundamente éticas de una Ministra que –no se nos olvide– plagió su tesis de licenciatura y buena parte de la de doctorado. Me urge ver cómo los jueces del fuero común empiezan a marcar diferencias con el Ministerio Público y cómo los jueces federales del pueblo resuelven los amparos contra las sabias decisiones del Gobierno. Lo único que tengo claro es que no hay manera de que esto sea mejor que lo que teníamos.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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