En caso de que la SCJN otorgue la suspensión solicitada, la decisión final ya no alcanzará a ser resuelta por la actual integración de la Corte y corresponderá al nuevo pleno de ministros dirimir la denuncia.
Chilpancingo, Guerrero, 6 de junio (ElSur).- El municipio de Acapulco, gobernado por Morena, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detener las acciones en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), que la acusó de no comprobar el destino de 898 millones de pesos de recursos federales.
Miguel Jaimes Ramos, síndico municipal, promovió una controversia constitucional contra la ASE, en la que afirmó que el órgano fiscalizador estatal incurrió en una “notoria invasión de competencias” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), única facultada para revisar el manejo de fondos federales.
La presidencia de la Corte notificó este martes que la controversia fue turnada al Ministro Javier Láynez, quien debe acordar si admite la demanda, y lo más importante, si concede una suspensión para congelar acciones de las autoridades estatales contra la Alcaldesa Abelina López Rodríguez y otros funcionarios municipales.
Una suspensión de este tipo protegería al Ayuntamiento por tiempo indefinido, pues el fondo de su disputa con la ASE ya no alcanzará a ser resuelto por la actual integración de la Corte, que dejará de sesionar a mediados de agosto.
Por la revisión del ejercicio de 2023, la ASE ya presentó denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), además de una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) estatal, pues su informe incluye 10 promociones para sancionar por responsabilidades graves.
La Alcaldesa acusó una persecución política del Gobierno estatal, encabezado por la también morenista Evelyn Salgado Pineda, e incluso hoy dijo que promovió un amparo, aparentemente para averiguar si ya existe algún citatorio o acción de la FGE en su contra.
En tanto, la ASE sostuvo que sí puede verificar el uso de recursos federales, aunque la redacción del artículo 116 de la Constitución no deja el tema del todo claro.
Los 898 millones fueron canalizados desde el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios. La ASE hizo requerimientos de información al Ayuntamiento a principios de abril, mismos que no fueron solventados.
Esta no es la primera que vez que la ASE denuncia ante el TJA al Gobierno municipal. Lo mismo ocurrió el año pasado, porque no comprobó más de 200 millones de pesos del mismo fondo federal.
La Corte tiene larga experiencia revisando controversias de los municipios contra los órganos fiscalizadores estatales, con Oaxaca como la entidad que registra más conflictos de este tipo.
