Alejandro De la Garza
07/06/2025 - 12:02 am
Sheinbaum, ¿gobernabilidad sin gobernanza?
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado innegables avances en estabilidad económica y bienestar social, pero enfrenta desafíos de gobernanza inmediatos.
El sino del escorpión observa el término del proceso de reforma judicial y de la elección de magistrados, ministros y jueces, y comprueba que las elecciones resultaron como el plan gubernamental y el partido en el poder lo diseñaron. Pasada esta complicada prueba, la cual muchos consideraban un factor desestabilizador de la gobernabilidad, vale preguntarse qué sigue para el Gobierno de Sheinbaum, e insistir en la necesidad de avanzar de la gobernabilidad a la gobernanza plena ante los numerosos y graves pendientes que aún enfrenta nuestro país.
Hasta ahora, el desarrollo de las políticas sociales y la distribución de multimillonarios recursos mediante distintos programas del bienestar (un billón 113 mil millones de pesos en este 2025), más el aumento a los salarios mínimos y la pensión para mujeres de 63 a 65 años, representan un poderosos mecanismo de apoyo popular a la Presidenta, cuya aprobación alcanza hoy el 85 por ciento. Si atendemos a los clásicos, la gobernabilidad se refiere a esta capacidad del Gobierno de manejarse a sí mismo con eficiencia, ser transparente y responder de manera efectiva a las demandas sociales. Todo ello garantiza la estabilidad política y la legitimidad del Gobierno.
La gobernanza, por otra parte, se refiere a un proceso más complejo de toma de decisiones en el que interactúan actores gubernamentales y no gubernamentales, pues incluye la participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, el sector privado, otros grupos gremiales organizados, los gobernadores y varios organismos internacionales en la gestión de asuntos públicos. En resumen, la gobernabilidad se enfoca en la capacidad del Gobierno, mientras que la gobernanza abarca el cómo se toman e implementan las decisiones en una sociedad y quienes están involucrados en ellas.
La gobernanza en México es un proceso dinámico que involucra la interacción entre el Gobierno, el sector privado, los movimientos sociales y la sociedad civil, para garantizar algún grado de efectividad en la gestión pública y en la implementación de políticas que buscan el desarrollo nacional. Por ejemplo, los presupuestos participativos, las consultas populares y los programas de financiamiento de escuelas y centros de salud en manos de los pobladores son mecanismos viables de participación social.
A pesar de los mencionados avances en gobernabilidad, México enfrenta desafíos que afectan la calidad de su gobernanza, atestigua el alacrán. Uno de los principales problemas es la corrupción, un obstáculo mayúsculo para la transparencia y la eficiencia. Baste como prueba reciente de la elevadísima y multimillonaria corrupción que aún carcome las estructuras gubernamentales, el fenómeno del “huachicoleo” marítimo, donde redes de crimen organizado han utilizado embarcaciones para la importación ilegal de combustible.
En Tamaulipas las autoridades aseguraron un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, lo que reveló la existencia de una red sofisticada de tráfico de combustible. La embarcación, de bandera singapurense, había zarpado de Texas y fue interceptada tras labores de inteligencia. Apenas en marzo pasado, se realizó otro decomiso histórico de huachicol en Ensenada, Baja California, donde se aseguraron casi ocho millones de litros de combustible ilegal resguardados en un terreno de la carretera a Rosarito.
Conectado directamente con la corrupción, sobresale otro gravísimo problema: el de la inseguridad y la violencia por el control de los cárteles y el crimen organizado de grandes porciones del territorio nacional, ante la debilidad de las instituciones judiciales, policiacas y militares. Aunque la Administración de Sheinbaum ha reportado una reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos, la violencia sigue siendo un desafío en varias regiones del país. El reciente asesinato de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la impunidad en que se mantiene ese crimen, prueba de manera irrefutable este dominio criminal y la falta de gobernanza federal y local.
Las protestas y conflictos de movimientos sociales que enfrenta el Gobierno están en su punto más álgido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyas movilizaciones y bloqueos en la capital (con frecuencia violentos), tienen en jaque a ciudadanos y autoridades. La operación política (gobernanza) parece inútil, a pesar de mantenerse la promesa gubernamental de rechazar provocaciones y no reprimir a este movimiento magisterial, que suma 200 mil integrantes, mientras el gremio en su conjunto alcanza más de un millón de maestros y maestras que deberían tener voz en el conflicto.
La demanda de cambios en el sistema de pensiones y mejoras salariales ha estirado la liga de estas negociaciones y acrecentado las tensiones entre el gobierno y este movimiento, siempre en el límite de la amenaza y la extorsión en nombre del “los trabajadores explotados”. Al parecer, la CNTE insiste en cobrarle a Sheinbaum una deuda histórica a su favor que data, al menos, de los años ochenta del siglo viejo.
Otros ámbitos que exigen con urgencia mayor gobernanza por parte de la administración morenista son las relaciones con Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump, un Presidente delirante cuyas acciones afectan no sólo al comercio y los aranceles entre nuestros países, sino que alcanzan ya a las vitales remesas que los connacionales envían a nuestro país. Encima, la crisis migratoria es una prolongada pesadilla para miles de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, lamenta el escorpión.
Otro desafío es la desigualdad económica y social, que limita el acceso equitativo a oportunidades. A pesar de los programas de bienestar social, persisten brechas entre distintas regiones y sectores de la población. Esta desigualdad dificulta la construcción de una gobernanza inclusiva y efectiva para todos los ciudadanos. Los desafíos en infraestructura, medio ambiente y protección de los recursos naturales como el agua, son también problemas recurrentes, que incluso han costado la vida de defensores de los bosques, los ríos y las tierras del país.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado innegables avances en estabilidad económica y bienestar social, pero enfrenta desafíos de gobernanza inmediatos a los que urge que los responsables se apliquen. Su tarea fundamental no es mantener el poder a toda costa, sino ejercerlo de forma democrática, con legitimidad y eficacia para prevenir, negociar y resolver los problemas, reitera el venenoso.
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